Advierten que el conflicto que se originó en 2003 entre adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y ejidatarios puede estallar en cualquier momento
Minerva López González / muralchiapas
[dropcap]E[/dropcap]s latente el riesgo de confrontación entre adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona contra ejidatarios del poblado Agua Azul sin que el Gobierno del Estado pretenda intervenir para dar solución al conflicto, así lo dio a conocer el presidente de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, Alberto López Urbina.
Hizo un llamado al gobierno del estado para que se solucione el conflicto que se originó en el 2003 cuando supuestos adherentes invadieron una parte del terreno de cultivos del ejido Agua Azul.
Recordó que el 6 de febrero de 2010, los habitantes fueron atacados en las parcelas lo que dejó como saldo de un muerto, varios heridos y una persona invalida, situación que hizo que ancianos, niños y mujeres vivieran el terror de un conflicto que aún sigue impune ante la nula intervención federal y estatal.
Aseguró que después del conflicto la gente quiso retomar su vida normal al hacer uso de sus parcelas como lo hacían cotidianamente, sin embargo, el 2 de octubre pasado, los adherentes empezaron la agresión nuevamente al ingresar en aproximadamente 23 camionetas en las que se apropiaron de 200 hectáreas pertenecientes al centro turístico de las Cascadas de Agua Azul, donde empezaron a sembrar postes y a colocar alambrados destruyendo también parte de las reserva ecológica destinada para la conservación de ese lugar.
«La preocupación ahora es que varios ejidatarios de Agua Azul están molestos y podría haber un enfrentamiento, ya que ninguna autoridad ha llegado a dialogar para resolver el conflicto que cada vez se vuelve más tenso y pudieran haber muertos, ya que como ejidatarios no van a permitir que sigan ocurriendo afectaciones a la población», advirtió.
Expresó que el Centro de Derechos Humanos identificado como FRAYBA, es quien apoya a los invasores, esto se dejó entrever desde 2010 cuando uno de sus compañeros fue asesinado sin que nadie fuera sancionado y recientemente al percatarse que ellos entran confiadamente al lugar invadido, por lo que urgió a que la Comisión de Derechos Humanos actúe en consecuencia.
Señala que las parcelas que ellos cultivaban les fue arrebatadas y están resguardadas por cerca de treinta personas armadas que utilizan pasamontañas.
«Lo lamentable está en el abandono de las autoridades gubernamentales, pues ni la subsecretaria de gobierno ni el gobierno estatal han hecho algo para evitar que ocurra una desgracia mayor mientras que la reserva sufre de tala ilegal, acto que podría acabar con la fauna silvestre de la zona», finalizó.
