En México, sólo 33 millones ven satisfechos sus derechos de alimentación, salud, seguridad social, educación, y espacios y servicios básicos de vivienda. En contraste, 26.5 millones están privadas de al menos tres de estos derechos, de acuerdo con cifras del Coneval. Demandaron acciones conjuntas para impulsar un gasto público eficaz que frene la corrupción y el uso indebido de los programas sociales
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]os privilegios, la falta de consecuencias y de funcionalidad de las instituciones no sólo mantienen y enquistan la desigualdad en México, también alimentan la situación de pobreza y generan desconfianza entre la ciudadanía, coincidieron ayer los ponentes de la mesa de diálogo «Cohesión Social», realizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en la sede de la Academia Mexicana de la Historia en la Ciudad de México.
En México existen alrededor de 55.3 millones de personas (el 46.2 por ciento de la población) en situación de pobreza, reveló a finales del año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ello debido a «problemas en los ingresos», al aumento de los precios de los alimentos, y a la crisis económica por la que atraviesa el país.
A estos ciudadanos que sufren de carencia se suman 11.4 millones de personas que viven en pobreza extrema, menciona el Coneval en su Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016.
«Lo que requerimos es un Estado como defensor de la reciprocidad, es decir, un gobierno que realice lo necesario para que su sociedad funcione adecuadamente y cuente con condiciones dignas de vida», comentó Ana Laura Martínez, investigadora del Instituto Mexicanos para la Competitividad (IMCO).
Los ponentes abordaron perspectivas y soluciones de la pobreza y la desigualdad en México, pues como manifestó Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia de Cohesión Social, «la pobreza debilita nuestra economía al generar situaciones clientelares en lo político-electoral, así como violaciones a los Derechos Humanos y violencia».
Dentro de las medidas que desde la sociedad civil y las empresas se pueden realizar para frenar la ola de empobrecimiento en México, los exponentes incluyeron varios puntos, entre los que se encuentra la recuperación gradual del salario mínimo, la generación de empleos productivos de calidad, el fortalecimiento del mercado interno y las cadenas de valor, así como las acciones conjuntas para impulsar un gasto público eficaz que frene la corrupción y el uso clientelista y electoral de los programas sociales.
Para Eloy Rodríguez, Director General de Acción Social Empresarial (ACCSE), el diálogo con la ciudadanía y con los grupos de interés es «donde se encuentra la licencia social» para generar impacto social. «Si no conocemos las expectativas de las personas a las que afectamos no vamos a poder tener rumbo», eso responsabilidad social, y «el gobierno no ha observado a la responsabilidad social como el móvil que lo lleve a una producción efectiva», explicó.
En México, el ingreso de bienestar mínimo mensual por integrante de familia en las ciudades es de al menos mil 242.61 pesos, mientras que en el entorno rural es de 868.25, refiere el Coneval.
Asimismo, señala que en nuestro país sólo 33 millones de mexicanos ven satisfechos sus derechos de alimentación, salud, seguridad social, educación, y espacios y servicios básicos de vivienda. En contraste, 26.5 millones están privadas de al menos tres de estos derechos.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe sobre Desarrollo Humano, es necesario cubrir tres aspectos básicos para acabar con la desigualdad social y la falta de movilidad social: incrementar el salario mínimo; la construcción y fortalecimiento de un sistema de protección social universal; y la creación de un padrón único de beneficiarios.
«La Ley no es igual para todos, las instituciones no están funcionando y no estamos acostumbrados a tener consecuencias en este país en los procesos de corrupción e impunidad», opinó Francisco López, Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Para la integrante del IMCO, hay correlación entre informalidad y pobreza, problemas que no hemos sabido resolver y que detienen nuestro desarrollo. No es casualidad que «los siete estados con más informalidad [en México] son los que tienen más pobreza», aseveró.
Finalmente, los ponentes concordaron en que la solución al problema de desigualdad y pobreza radica en el «empoderamiento de la sociedad»: más educación y generación de competencias para aumentar la producción y la riqueza nacionales. Gente más informada y consciente para decidir sobre las propuestas políticas y sociales que nos afectan a todos.
