Al sur de la pandemia. El derecho a la vida / Jose Eduardo Morales Montes

La teoría del neoliberalismo económico, en su versión más pura afirma que si suprimimos las barreras comerciales y sacamos al Estado de la regulación del mercado, los activos fluyen con mayor eficacia a los sectores más pobres, porque ahí la rentabilidad social es mucha más alta, este principio básico ha permeado durante cuarenta años en todo el mundo, incluso ha sido bandera de una encarnizada guerra comercial en el plano global político, lo cierto es que los fenómenos de crisis en el mundo y en América han demostrado que el modelo neoliberal de economía ha dependido sustancialmente del Estado mismo, especialmente de sus recursos públicos financieros, vaya, ha sobrevivido por intervención del Estado. La pandemia, provocada por el COVID-19, demostró cómo realmente funciona el neoliberalismo, ante los niveles de recesión económica, los Estados entraron al rescate del mercado global y de sectores específicos de consumo, pareciera inexplicable que ante la disminución de mano de obra a la que se vieron obligadas ciertas empresas, las acciones de estas se repuntaron en el mercado de la especulación financiera en tiempos de pandemia (Pollin y Estein, 2021). Uno de estos sectores de consumo fue el de los insumos médicos. El mercado global impuso reglas para la capacidad de respuesta sanitaria de los países, y complicó incluso a aquellos que no son tan apegados a la ideología neoliberal. Superado el tema de las dificultades comerciales por el Estado mexicano y con la capacidad de allegarse de estos insumos, entre ellos las vacunas contra el coronavirus, el gobierno emprendió su Política Nacional de Vacunación, que ha alcanzado ya las más de 55 millones de dosis aplicadas. Con ello, el gobierno de México puso en marcha dos de los tres principios básicos de la regulación de las sociedades modernas; el «Estado» por una parte y el principio «comunitario» por otra. Durante los últimos 30 0 40 años, los gobiernos mexicanos ponderaron el principio del «mercado», por encima de los dos principios anteriores, digamos, se mercantilizaron sectores de la vida comunitaria que no debieron haberse mercantilizado, como la salud, la educación, algunos servicios públicos, entre otros, y las políticas públicas se tradujeron en tipologías de rentabilidad social, dicho de otra forma, los sectores públicos no sólo se privatizaron, sino se creó una masa de consumo de servicios sectorizados, al que no todos tenían acceso. La pandemia, no sólo reflejó esta condición de respuesta del Estado ante la crisis, sino además reconfiguró el sentido de «bien común» como política pública subyacente. Con casi 12 mil casos confirmados y más de 800 defunciones, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el coronavirus en Chiapas ha permeado indiscutiblemente la realidad del Estado. Durante estos meses de pandemia, hemos comprobado que el virus no discrimina, pues mata, tanto a migrantes, como indígenas tzotziles, ricos, pobres, enfermeras o católicos y su comportamiento es casi impredecible. Ante ese contexto, con el plan de reforzamiento para la vacunación contra el COVID-19, se estima cumplir con el derecho a la salud de las y los ciudadanos chiapanecos. El más reciente corte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución encargada de reforzar esta demanda, indica que se han aplicado un total de 428 mil vacunas en Chiapas, sectorizadas en personas mayores de 18 y 30 años y una segunda dosis a población inoculada con una primera en meses pasados. Privilegiando zonas urbanas y especialmente centros de población de difícil acceso, haciendo un total de 1 millón 85 mil 814 vacunas que representan casi el 30 por ciento de la población mayor de 18 años en Chiapas. Pero el gran reto del plan de vacunación se centra en el contexto de pueblos originarios, en la denominada región de los altos, que encarna un complejo entramado de factores culturales. Veamos, Chiapas cuenta con 1 millón 459, 648 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, que representan un 27 por ciento de la población total del Estado (INEGI, 2020), distribuidos en 13 pueblos originarios, que desde el inicio de la pandemia, optaron (en el mejor de los casos) por cerrar el acceso a sus parajes, disponer de acciones comunitarias de salud y un casi inmediato rechazo a las políticas de salud oficiales, lo anterior está fundado en una larga tradición de violencia a la que han sido sometidos. La estrategia de los responsables del reforzamiento de la vacunación en este contexto se ha ceñido en el diálogo con autoridades tradicionales, lo que ha permitido que el biológico pueda acceder a comunidades históricamente resistentes, como el pueblo de San Juan Chamula, donde fueron aplicadas más de 300 dosis. En la lógica del neoliberalismo económico, en la que los países ricos acapararon el mayor número de vacunas en el mundo, provocando una brecha para el acceso a ellas, en el sur de México, donde la pandemia se recrudece, los esfuerzos institucionales y de las comunidades indígenas han permitido que poco a poco se vaya garantizando el derecho a la salud y a la vida. La defensa de la vida humana en tiempos de pandemias conlleva a una reflexión mayor, la de repensar una nueva relación con las «demás» vidas, más allá de la humana, pues la historia nos he demostrado que la defensa de esta, siempre lo es de forma violenta. Es difícil creer, cuando apenas en diciembre de 2019, nos llegaba hasta esta parte del mundo, las primeras noticias del letal virus que se había apoderado de la tranquilidad de una ciudad china, hoy somos parte de ello y de la lucha contra el COVID-19, con el pinchazo en el brazo y nuestro cuerpo generando proteínas contra el virus