Las y los jornaleros que trabajan en los estados del norte del país, pero que provienen del sur, viven en condiciones de hacinamiento que los coloca en mayor vulnerabilidad
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México.- La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), con presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, alertó sobre brotes de contagios y muertes entre personas jornaleras, sin que los empleadores y gobiernos locales les garanticen la información, el acceso a la salud y al tratamiento médico que requieren.
A través de un comunicado, la REJJA se dijo preocupada porque en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México se han enfrentado a una serie de situaciones que han vulnerado aún más sus derechos y disminuido sus garantías.
Ello, dijo, a pesar de que en abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) elaboró y compartió la «Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas», así como la «Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19», y de las medidas enunciadas en las distintas fases de la pandemia, entre ellas las jornadas para la vacunación.
Con base en información aportada por algunas organizaciones de la Red y de acuerdo con información pública o suministrada por medios de comunicación locales, se observó que entre los meses de junio a agosto de 2020 se registraron 11 casos positivos de COVID de la enfermedad entre la población jornalera en Sonora; en Meoqui, Chihuahua, la Secretaría de Salud estatal reportó un brote de que infectó a 27 jornaleros agrícolas, y uno falleció. En Fresnillo, Zacatecas una mujer jornalera falleció; mientras que en Vizcaíno, Baja California Sur, se reportó un brote que se extendió a 3 campos, sumando aproximadamente 35 contagios en esa zona agrícola.
En ese mismo periodo, las autoridades de Zacatecas también reportaron que alrededor de tres mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, se encontraban en alto riesgo de infección debido al hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso familias completas. En Aguascalientes, una bebé de tres meses falleció por COVID, era originaria del poblado Barrio de los Hilarios, municipio de Cochoapa el Grande, la Montaña Alta de Guerrero. En octubre del 2020, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se identificó un brote de COVID en la localidad de San Carlos «El Jagüey», municipio de Romita.
Esta realidad, dijo la Red, ha persistido durante el 2021, en el mes de julio se detectaron tres brotes en la población jornalera, el primero de ellos en El Carrizal, Baja California Sur, y el segundo se registró en el albergue para familias jornaleras ubicado en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, se desconoce el número exacto de las personas jornaleras contagiadas; el tercer brote sucedió en los campos meloneros de Zirándaro, Guerrero, con 13 casos. Y en agosto de 2021, en Río Florido, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, falleció una mujer jornalera de 32 años, una semana después una niña de un año y dos meses, después un hombre de 38 años, ambos originarios del estado de Guerrero.
De acuerdo con la REJJA, las cifras y los casos pueden ser numéricamente más elevados, debido a que no toda la población jornalera que ha padecido de coronaviruslo reportan a la autoridad correspondiente, y muchos de ellos asumen por su cuenta los gastos de la enfermedad. Por otro lado, la posible ausencia de brigadas de salud impide detectar a tiempo casos positivos.
La Red advirtió que si los empleadores (empresarios o rancheros agrícolas) en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin tomar las medidas preventivas y de garantizar el acceso a la vacunación de la población jornalera, esta situación se mantendrá debido a las condiciones que existían antes del Covid, y que les vulnera en el marco de la pandemia.
Entre las condiciones que agravan la posibilidad de contagios entre la población jornalera está que los medios de transporte utilizados para los traslados a los campos agrícolas, sus condiciones laborales y de vida en los albergues, lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola (así como en sus lugares de origen) los exponen constantemente a contraer el virus.
Asimismo, señaló la Red, los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales siguen siendo insuficientes o limitados, y el acceso a su derecho al seguro social es nulo. Lo anterior se suma a la nula o escasa implementación de los protocolos de prevención emitidos por las autoridades federales y organismos internacionales el año pasado.
Preocupa a la Red particularmente la situación de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos rurales e indígenas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, ya que, a pesar de que ha sido considerado un sector esencial, su situación se invisibiliza porque viene de la mano de un proceso arraigado de condiciones de explotación laboral, que se ha agravado ahora por la COVID-19, explicaron.
Por todo ello, quienes integran la Red hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes a nivel municipal, estatal y federal, a las y los empleadores de los distintos centros de trabajo agrícola en territorio nacional, que en conjunto garanticen la información y el acceso a la salud y tratamiento médico.
También recordaron que las medidas que se adopten para enfrentar la pandemia se deben llevar a cabalidad en la promoción y protección de los Derechos Humanos, y exhortaron a las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos en los estados de origen, destino y asentamiento de población Jornalera y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se vigilen, garanticen y protejan a las personas jornaleras agrícolas y sus familias, sujetas de derecho y se garantice el acceso al trabajo, vida y salud, sean migrantes, trabajadores locales o vivan en asentamientos.
La Red consideró que la política de vacunación también debe estar orientada hacia la población jornalera en tanto trabajadoras y trabajadores esenciales, ya que en ocasiones dependen de la autorización de los empleadores para acudir a los centros de vacunación, y urgió al Estado mexicano a adecuar sus medidas de protección ante la pandemia a fin de garantizar el acceso efectivo a los procedimientos y procesos de protección a la salud, de conformidad con los estándares de Derechos Humanos de todas las personas en situación de movilidad humana.
