La ruta procesal de asuntos que llegan a la SCJN no es transparente, una vez dentro, los casos pueden tardar años o resolverse de inmediato sin que exista alguna justificación por la falta de lineamientos en las etapas del proceso
Ariadna Lobo / La Lista
Hay casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se resuelven casi de inmediato. Hay otros que pueden tardar más de un año en ser discutidos, pero eso depende de varios factores, entre ellos, los tiempos que los ministros se tomen para elaborar proyectos o la complejidad de los temas a analizar.
Uno de los casos que se resolvió de forma rápida es el de Alejandra Cuevas, quien pasó 17 meses en prisión, y su madre, Laura Morán, acusadas por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. El caso llegó a la SCJN en noviembre de 2021 cuando el ministro presidente, Arturo Zaldívar, propuso al Pleno la atracción del caso y ésta fue aceptada. Cuatro meses después, los ministros les otorgaron la absolución y liberación inmediata.
Por otra parte, en la SCJN existen impugnaciones presentadas en 2016 en contra de leyes que no se han resuelto, como la acción de inconstitucionalidad 46/2016 contra el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, promovida el 15 de junio de 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ya tiene proyecto y pero aún está en lista para su discusión en el Pleno.
La ruta procesal de asuntos que llegan a la SCJN no es transparente, una vez dentro, los casos pueden tardar años o resolverse de inmediato sin que exista alguna justificación por la falta de lineamientos en las etapas del proceso.
De acuerdo con el estudio de la organización México Evalúa, Observatorio de la Suprema Corte Diagnóstico de la transparencia procesal, existen vacíos y deficiencias en cómo se procesa y transparenta la ruta que siguen los asuntos antes de que lleguen al Pleno o alguna de las salas de la SCJN.
«La Corte resuelve de manera lenta y excede por años el tiempo promedio de resolución. No existe una justificación del motivo de la demora o aceleración que tienen esos casos. Esto significa que el acceso a la justicia no es igual para todos», dijo en entrevista con La-Lista, Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.
El reglamento interno de la Corte establece que la Secretaría General de Acuerdos debe llevar un registro del ingreso de asuntos, el movimiento de éstos y la salida, pero no se especifica cómo ni bajo qué criterios se debe realizar dicho registro. Si bien la llegada de los asuntos, el ministro ponente y las fechas de discusión son públicas, lo que sucede entre cada etapa no es un proceso abierto y muchos de esos asuntos tienen un impacto en el medio ambiente, las leyes generales y aspectos generales de la vida de las personas en México.
«Existen espacios de discrecionalidad para que los ministros o el presidente de la Corte puedan hacer variar los tiempos de resolución. Esta discrecionalidad a su vez es posible porque existe bastante opacidad en torno al camino que siguen los asuntos cuando entran a la Corte», explicó Laurence Pantin.
La SCJN cuenta con un portal de estadística judicial llamada @Lex, en ella se registra la información de trámites administrativos y jurisdiccionales de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en revisión y las solicitudes de ejercicio de facultad de atracción.
Sin embargo, no toda la información del portal está actualizada, pues según el estudio de México Evalúa, sólo contiene datos de asuntos ingresados de 1995 a 2018. En una revisión hecha por La-Lista sí encontró datos de 2022 y otros, actualizados hasta 2019.
«Los jueces hablan por sus sentencias, pero con este estudio nos dimos cuenta que también hablan por sus silencios (…) hay diferentes fases para la resolución de los asuntos y queríamos medir el tiempo promedio de resolución para cada tipo de asunto», dijo Pantin, pero el objetivo no se logró porque los datos que obtuvieron por solicitudes de transparencia y de @Lex no fueron claros ni suficientes para reconstruir la ruta procesal.
Las solicitudes de información fueron contestadas por la Secretaría General de Acuerdos y la Unidad General de Transparencia. Ambas reportaron que no contaban con datos específicos como las fechas de radicación de los asuntos o fechas en las que los ministros presentan sus proyectos.
«O bien la Corte no cuenta con estos registros, lo que significa que no está haciendo bien su trabajo, o sí los tiene pero no quiso compartirlos con nosotros y eso implica que la Corte violó un derecho de tener acceso de información que tiene la Corte», dijo Laurence Pantin.
En la última conferencia de prensa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, dijo que la Suprema Corte de México es el tribunal constitucional en el mundo que más asuntos resuelve de fondo al año y que los ministros no pueden ser presionados para proyectar los asuntos, pues hay quienes tardan más que otros por la complejidad de los temas.
De acuerdo con el diagnóstico de México Evalúa, otras cortes en países como Argentina o Estados Unidos tienen oportunidad de rechazar asuntos, a diferencia de la mexicana, que trabaja todos los asuntos que llegan al tribunal constitucional, lo que influye en los tiempos de resolución.
De 1995 a 2020, se han registrado 55 mil 787 asuntos ingresados a la Corte, entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión y amparos en revisión, según el estudio de México Evalúa, lo que significa que en promedio, cada ministro recibe 2 mil 146 asuntos al año.
«Las ministras y ministros tienen muchísimos asuntos proyectando, asuntos que son muy importantes, aunque no todos sean mediáticos. (…) No podemos estar sujetos a presiones, si no somos una panadería, de que los asuntos se tengan necesariamente que proyectar en determinado tiempo cuando hay asuntos de muy diversa complejidad», dijo Arturo Zaldívar el miércoles 13 de julio.
La independencia de los ministros es importante a la hora de resolver los asuntos, de acuerdo con Laurence Pantin, sin embargo, la falta de un límite de tiempo definido en todas las etapas por las que pasan los asuntos provoca opacidad en el actuar de los ministros y una falta de control y sanción para el incumplimento de los plazos.
«Hay algunas fases en donde no se estipula un plazo, entonces pueden tardarse el tiempo que quieran y sí hay plazos que existen y están previstos pero nunca se cumplen, esto puede ser porque el plazo no es suficiente, pero en ese caso, si es así, también se debería revisar y poner un plazo realista», dijo Pantin.
México Evalúa identificó siete etapas en la ruta procesal que no cuentan un plazos fijos y 11 que sí están establecidos en la normatividad pero que no es posible saber si se cumplen, lo que «representa una violación al principio de seguridad jurídica para quienes intervienen en la sustanciación de los asuntos», de acuerdo con el informe.
En los últimos meses, la SCJN ha sido criticada por tener rezagadas dos acciones de inconstitucionalidad sobre militarización y Guardia Nacional, las cuales fueron interpuestas desde 2019 y que ha tenido un impacto en uno de los problemas más graves del país, que es la seguridad.
Legisladores como el senador independiente Emilio Álvarez Icaza han cuestionado el ministro Zaldívar sobre la supuesta postergación de estos temas, sin embargo, el presidente de la Corte ha dicho que estos asuntos, a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, aún no tienen proyecto, por lo que no puede programar su discusión.
«El presidente de la Corte no puede enlistar un asunto si no hay proyecto y en estos asuntos (los de la Guardia Nacional) no hay proyecto (…) No creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión», aclaró Arturo Zaldívar el 6 de julio durante una visita al Senado.
