Durante el actual gobierno se produjeron 661 atentados contra mujeres periodistas. Las últimas que resultaron muertas son Norma Sarabia Garduza en 2019 en Tabasco, María Elena Ferral Hernández en Veracruz en 2020 y Lourdes Maldonado este año, en Tijuana
Silvia Molina *
Una periodista es violentada cada 38 horas en México mientras realiza su trabajo y tres fueron asesinadas desde 2019, la última de ellas Lourdes Maldonado, quien murió el 23 de enero en Tijuana, una zona especialmente peligrosa del país, y que, al igual otras colegas, había pedido protección a las autoridades.
«Durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han efectuado 661 atentados contra mujeres periodistas, esto equivale a que cada 38 horas una comunicadora es violentada por su labor a comunicar o informar», contó a Télam Adriana Ramírez Vanegas, responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de la asociación civil mexicana Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
La organización es pionera en revelar las situaciones de violencia hacia las periodistas y ha documentado el asesinato de 20 de ellas desde el año 2000. Las últimas fueron Norma Sarabia Garduza en 2019 en Tabasco, María Elena Ferral Hernández en Veracruz en 2020 y Maldonado este año.
«Durante el actual gobierno se han efectuado 661 atentados contra mujeres periodistas, esto equivale a que cada 38 horas una comunicadora es violentada por su labor a comunicar o informar»
Adriana Ramírez Vanegas
Ese trabajo está plasmado en una cartografía de la violencia hacia las periodistas que se puede consultar en el siguiente link: https://cartografia-cimac.uwazi.io/.
De acuerdo a la investigación de CIMAC, los atentados más recurrentes contra las periodistas son los bloqueos informativos, las intimidaciones, las amenazas, el descrédito de su labor, y el hostigamiento institucional.
En 80 por ciento de los casos revelados sufren violencia psicológica, seguida por la violencia física (27 por ciento), la patrimonial (7 por ciento), la económica (3 por ciento) y sexual (4 por ciento).
Los personas que principalmente ejercen la violencia son funcionarios públicos en 46 por ciento de los casos, particulares en un 27 por ciento y personas sin identificar en redes sociales.
Esto ocurre cuando las periodistas realizan una investigación, una cobertura o dan una opinión sobre temas relacionados a política (40 por ciento) o seguridad (39 por ciento).
Las cifras tienen nombre y apellido. El último nombre es el de Lourdes Maldonado asesinada el 23 de enero frente a su casa en Tijuana, en el estado de Baja California, limítrofe con Estados Unidos.
«La situación es de riesgo por el tipo de ciudad en que vivimos. Es la entrada natural geográfica a California (Estados Unidos). Es una ciudad expuesta al tráfico de drogas, de personas, disputas de grupos delincuenciales para controlar territorios, es una zona con esta cotidianeidad», explica a Télam desde Tijuana la periodista Aline Corpus.
Se muestra sorprendida por «la saña y la logística» de los asesinos de Maldonado, una periodista con 40 años de experiencia en cubrir temas de política y corrupción, que estaba bajo el sistema de protección del estado de Baja California, «pero ese día no estaban cuidándola».
Unos días antes, el 17 de enero, en la misma ciudad habían asesinado al fotoperiodista Margarito Martinez.
La pregunta que surge es si quiere seguir ejerciendo la profesión, ya que es una realidad que, ante el contexto violento, hay profesionales que deciden dejar el periodismo. «Las condiciones para laborar deben ser mejoradas en coberturas de riesgo, estamos tratando con grupos de periodistas que sean más ordenadas las cuestiones de seguridad en las coberturas. Hablé con mi familia y les expliqué cómo estaban mis seguros, les dije con quienes podrían hablar si algo pasara», cuenta.
Y agrega: «Se trata de cuidarnos, avisar dónde vamos a cobertura, tener personas de confianza».
En 2019, Lourdes Maldonado se había presentado en la conferencia de prensa que da el presidente López Obrador cada mañana. «Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida», señaló, y el presidente pidió a su vocero que tomara el caso.
También la periodista Cecilia Solís, de Cancún, en el sureste mexicano, eligió dos veces presentarse en «la mañanera», como llaman a la conferencia presidencial, para pedir protección. En noviembre de 2020, mientras cubría una movilización en protesta por los femicidios ocurridos en ese distrito, que transmitía en vivo por Facebook, fue baleada por encapuchados junto a otras dos personas.
«Se lo pido de corazón, no es posible que siga siendo acusada a pesar de que ustedes me brindaron seguridad, recibo amenazas. Le pido que nos ayude», le dijo al presidente en noviembre 2020 y lo repitió en febrero de 2021.
Ella denunció el ataque, espera justicia y, mientras su casa fue baleada, teme por su hija y su marido, que es policía.
«A mí el mecanismo me ha funcionado. Ha disminuido el acoso y los ataques», cuenta, en referencia al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que funciona en México con el objetivo de «proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor», según se lee en la web oficial.
Después de su segunda participación en la conferencia presidencial «por orden del presidente me otorgan escolta, vehículo, enrejaron mi casa -que ahora parece una cárcel- y ponen cámaras de seguridad».
«Falla en el momento que hay que hacer contacto con el enlace, que no siempre contesta o tarda, y el enlace debe ser rápido», explica.
Solís se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y lo primero que hace es ver noticias. Así se enteró del asesinato de su colega Maldonado. «Me conmocionó, me afectó, no la conocía. Me puse a llorar, y ahí ves el estado de vulnerabilidad en el que estamos», dice esta mujer de 49 años, 23 de periodista y sigue trabajando en una radio y en un canal de Internet.
Mientras se escribía esta nota, llegaba la información de otro asesinato, el de Roberto Toledo, que se convirtió en el cuarto periodista asesinado en el primer mes de 2022, que comenzó con la muerte de José Luis Gamboa Arenas, quien sobrevivió unos días a un ataque y falleció en un hospital de Veracruz.
Article 19 México, una organización que promueve y defiende la libertad de expresión y acceso a la información, documentó 149 asesinatos de periodistas desde el año 2000.
«La tendencia de incremento de violencia contra periodistas es reflejo del panorama de impunidad y violencia estructural que impera en el país», reflexiona Ramírez Vanegas.
El 25 de enero hubo masivas manifestaciones en el país para pedir justicia y el cese de la violencia.
México es el segundo país más violento para el periodismo, luego de Afganistán, según distintas organizaciones de derechos humanos y prensa. También es el país donde las periodistas piden ser libres, no sólo valientes. Y para eso, hay que terminar con las violencias.
*Editora de Género y Diversidades Agencia Télam
