Por Eduardo Torres Alonso
La región latinoamericana y caribeña se encuentra atrapada en un ciclo sistémico que la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) define como la «trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social». Aunque en 2024 se registró una disminución histórica de la pobreza monetaria al 25.5 por ciento y de la pobreza extrema al 9.8 por ciento, estos avances resultan frágiles ante un crecimiento económico limitado y una estructura de ingresos concentrada.
Los datos que se consignan en la edición 2025 del Panorama Social de América Latina y el Caribe. Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, publicado por la CEPAL, son coincidentes con lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denomina la «trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento», en la que la concentración del poder económico captura las instituciones e impide reformas redistributivas eficaces. Autores como François Bourguignon, execonomista jefe del Banco Mundial entre 2003 y 2007, señalan que la desigualdad en la región no es únicamente de ingresos, sino también de oportunidades heredadas. Esto alimenta la «curva del gran Gatsby»: a mayor desigualdad, menor probabilidad de que el esfuerzo individual supere el origen socioeconómico.
A este escenario se suma la crisis de aprendizajes, uno de los mayores obstáculos señalados en el informe. América Latina y el Caribe (ALyC) enfrenta una profunda brecha educativa: aunque la cobertura ha ido en aumento, la calidad sigue estando marcada por la segregación. De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2022, el rezago educativo afecta de manera desproporciona a los sectores más pobres, lo que anula el potencial de la educación como motor de movilidad social.
A este reto educativo hay que agregar un mercado laboral segmentado e informal. La informalidad laboral en la región no es un fenómeno transitorio, sino una característica estructural que afecta a una de cada dos personas ocupadas. Esta «heterogeneidad productiva» supone que gran parte de la población trabaja en sectores de baja productividad, sin acceso a protección social ni estabilidad laboral. El Banco Mundial, en sus recientes informes sobre empleo, ha advertido que, sin una transformación productiva que incluya a jóvenes y mujeres, la región no podrá capitalizar su bono demográfico.
La reflexión sobre estos desafíos debe incorporar la desigualdad de género y la exclusión de las minorías. La distribución desigual de las tareas de cuidados sigue siendo el principal obstáculo para la autonomía económica de las mujeres. Además, grupos como los pueblos originarios, las personas con discapacidad y los migrantes enfrentan barreras interseccionales que profundizan su exclusión.
El cambio climático representa un riesgo inminente. El Fondo Monetario Internacional advierte que los hogares más pobres en ALyC son los más vulnerables a los impactos climáticos, lo que podría revertir los avances recientes en reducción de pobreza. La CEPAL enfatiza que la sostenibilidad ambiental debe ser parte de un nuevo pacto social.
A pesar del panorama complejo, existen caminos posibles. La CEPAL propone un pacto por el desarrollo social inclusivo basado en diez pilares, entre los que destacan la universalización de la protección social, la promoción de sistemas integrales de cuidado y la inversión en educación. Para que estas posibilidades prosperen, es necesario fortalecer las capacidades institucionales en sus dimensiones técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP).
La región de América Latina y el Caribe está en una encrucijada. Si bien la reducción de la pobreza extrema es un logro, la persistencia de la desigualdad estructural y la baja movilidad social amenazan la estabilidad democrática.
Sólo con una gobernanza efectiva y un compromiso multilateral firme será posible romper con la trampa del subdesarrollo social que se ha asentado en estas tierras.
