La reciente aprobación de la reforma judicial es prueba de que los partidos opositores tienen una posición meramente testimonial, y aunque aún pueden recurrir a la vía legal, ¿qué tan efectiva puede ser su lucha?
Aquínoticias Staff
El escenario político en México ha cambiado drásticamente tras las últimas elecciones, con un Congreso controlado en su mayoría por Morena y sus aliados, dejando a la oposición en una posición meramente testimonial. Los partidos opositores como el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Movimiento Ciudadano (MC) se enfrentan a un panorama legislativo complicado, donde su capacidad para frenar las reformas impulsadas por Morena es limitada y, en algunos casos, inexistente.
Una mayoría aplastante
Con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, Morena, bajo el liderazgo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, asegura el control no solo para la aprobación de leyes secundarias, sino también para reformas constitucionales. Según los resultados de las últimas elecciones, Morena, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha logrado consolidar un dominio sin precedentes, con una base de casi 36 millones de votos que refleja un apoyo popular contundente.
La Cámara de Diputados, con 500 integrantes, tiene ahora a Morena y sus aliados en una posición de mayoría calificada, lo que les permite aprobar tanto leyes secundarias como reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición. La suma de los diputados del PAN, PRI, MC y otros partidos minoritarios apenas alcanza el 27.2 por ciento, lejos del 33 por ciento necesario para presentar acciones de inconstitucionalidad, como lo establece el Artículo 105 de la Constitución.
El papel de la oposición: testimonial y discursivo
Ante esta realidad, los legisladores de oposición han quedado con un rol principalmente testimonial. Su función se limitará a expresar desacuerdos y cuestionar las propuestas del oficialismo, pero sin la fuerza suficiente para impedir su avance. Incluso las acciones de inconstitucionalidad, uno de los mecanismos más efectivos de control constitucional, son inalcanzables en la Cámara de Diputados debido a la falta de una minoría parlamentaria significativa.
En el Senado, la situación es ligeramente distinta. Morena también tiene una mayoría aplastante con 85 senadores, mientras que la oposición apenas alcanza el 33.59 por ciento, un número extremadamente vulnerable. Basta que un solo senador opositor no respalde una acción para que pierdan la capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Los desafíos de la justicia electoral y constitucional
El poder de decisión de Morena y sus aliados se ha manifestado en la reciente reforma al Poder Judicial, que fue aprobada con rapidez tanto en el Congreso como en los congresos estatales, demostrando la solidez del apoyo legislativo a nivel nacional. En menos de 24 horas, la reforma fue ratificada por al menos 17 congresos locales, un reflejo de la influencia política que Morena ha logrado acumular.
La falta de equilibrio de poder en el Congreso abre preguntas sobre el impacto a largo plazo de estas reformas, no solo en términos de gobernabilidad, sino también en la justicia electoral y constitucional del país. El recurso de la acción de inconstitucionalidad, contemplado en el Artículo 105 de la Constitución, se presenta como una herramienta crucial para frenar leyes que puedan contradecir la Carta Magna. Sin embargo, la oposición se encuentra con las manos atadas dentro del Congreso.
Otras vías para la oposición
Aunque la oposición no tiene los números necesarios para promover acciones de inconstitucionalidad desde el Legislativo, aún quedan otras vías legales. Actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen la capacidad de recurrir a este mecanismo. De hecho, entre 1996 y 2018, partidos de la oposición presentaron más de 500 acciones de inconstitucionalidad, siendo el PRD y el PAN los más activos.
Adicionalmente, órganos garantes como la Fiscalía General de la República (FGR) y el 33 por ciento de los integrantes de los congresos estatales también están facultados para actuar contra leyes que consideren inconstitucionales. Sin embargo, estas vías externas también enfrentan limitaciones políticas y logísticas, lo que plantea dudas sobre la efectividad de estos recursos en un contexto donde Morena controla tanto los órganos legislativos como una gran parte de las instancias estatales.
Un futuro complejo para la oposición
El panorama legislativo y político actual deja pocas dudas sobre la hegemonía que Morena ha consolidado en México. A pesar de los esfuerzos de la oposición para formar bloqueos legislativos, la arrolladora mayoría de Morena y sus aliados reduce su capacidad a la mínima expresión. Las próximas reformas y decisiones legislativas se enfrentarán a una resistencia limitada, sin capacidad real para frenar cambios profundos en el marco jurídico del país.
Ante este escenario, la oposición tendrá que redefinir sus estrategias, tanto dentro como fuera del Congreso, buscando formas alternativas para frenar el avance de reformas que consideran inconstitucionales o perjudiciales para el país. El reto no es solo legislativo, sino también político y social, en un contexto donde el margen de maniobra se ha reducido drásticamente.
Con información de Sin Embargo
