Más que la instrucción de un superior jerárquico, lo que el país requiere es una obligatoriedad legal por parte de los servidores públicos, sostuvo el Senador de Chiapas
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l Senador de Chiapas, Zoé Robledo, sostuvo que el reciente anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de conflicto de interés es un primer paso para combatir este problema, pero más que una medida administrativa debe ser una obligación legal y transparente.
En conferencia de prensa, y luego del anuncio del Ejecutivo Federal de que todos los funcionarios del gobierno federal presentarán, además de su declaración patrimonial, una de intereses ante la Secretaría de la Función Pública, el legislador chiapaneco consideró positiva la acción, pero es necesario avanzar hacia la obligatoriedad.
«Veo con buenos ojos que el primer paso ya se dio, el tema por fin se abordó con medidas concretas, pero es necesario hacer hincapié de que en México no tenemos una legislación ni una normatividad que nos permita saber cuándo hay conflicto de interés y cómo se llena una declaración de esta naturaleza.»
Robledo recordó que este miércoles un grupo de legisladores presentará y hará públicas tres declaraciones: la patrimonial, de impuestos y la de interés, como parte de la campaña #3D3, que es respaldada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.
«La creación de una Unidad Fiscalizadora de la Secretaría de la Función Pública puede funcionar, pero no habrá una modificación de la conducta de los servidores públicos hasta que tengamos dos cosas: una ley, una obligación jurídica en materia de declaración patrimonial y de intereses; es decir, que esto no se haga porque nos lo pide nuestro superior jerárquico, sino porque es un asunto obligatorio; y segundo: que tengamos un formato que realmente se apegue a los estándares internacionales.»
Sobre el formato para la declaración de intereses dijo que tanto el IMCO como Transparencia Mexicana ya desarrollaron un modelo propio, y es el que usarán los legisladores en respuesta a la exigencia ciudadana de transparencia. Es muy importante que de ahora en adelante los servidores públicos declaren sus intereses, pero la medida complementaria sería que fueran públicos y normados por la ley», concluyó el parlamentario.
