A través de la LXIX Legislatura, se consolidó el principio de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales federales, evitando retrasos en la gobernabilidad. Asimismo, se ratificó que el Estado esté obligado a proporcionar apoyos a la población vulnerable
Aquínoticias Staff
En un hecho trascendental para la vida política y social de México, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reafirmando así su compromiso con la estabilidad jurídica y el bienestar social. Dichas reformas, propuestas por el Congreso de la Unión y turnadas al Legislativo estatal, fueron el centro de un debate apasionado y prolongado que marcó la sesión ordinaria presidida por el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. En un primer paso, se aprobó la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105, consolidando el principio de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales federales. Este avance legislativo asegura que futuras modificaciones a la Carta Magna queden exentas de recursos de impugnación, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando dilaciones que pudieran entorpecer la gobernanza.
El segundo punto en la agenda abordó la aprobación de cambios a los artículos 4 y 27 de la Constitución, una medida crucial para garantizar el derecho al bienestar social de los sectores más vulnerables de la población. Con esta reforma, se establece un marco jurídico que obliga al Estado a proporcionar apoyos para que quienes viven en condiciones de pobreza puedan alcanzar un estándar mínimo de vida digna y desarrollo integral. En el contexto de un México donde la desigualdad y la pobreza afectan a millones, esta reforma representa un paso valioso hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
El debate parlamentario fue extenso y diverso, con la participación de figuras de distintas fuerzas políticas, lo que resaltó la importancia y la sensibilidad del tema. Juan Salvador Camacho Velasco y Rosalinda López Sánchez, ambos de MORENA, destacaron la urgencia de proteger a los sectores desfavorecidos y garantizar la inimpugnabilidad como salvaguarda de la estabilidad política. Por su parte, representantes de otros partidos como Flor Guirao Aguilar del Partido Verde Ecologista de México y Jovannie Marisela Ibarra Gallardo del Partido Acción Nacional, aportaron perspectivas críticas y análisis técnicos que enriquecieron el intercambio de ideas, dando muestra de un Congreso plural y dispuesto al diálogo.
Marcela Castillo Atristain, también de MORENA, subió a tribuna en rectificación de hechos, subrayando la relevancia de consolidar un país donde la Constitución sea un pilar infranqueable para las políticas de bienestar social. Mientras tanto, voces de partidos como Redes Sociales Progresistas y el Partido del Trabajo abogaron por profundizar aún más en las medidas de asistencia y protección social. El debate también reveló la resistencia y los temores de quienes, desde el Partido Revolucionario Institucional, expresaron preocupaciones sobre el alcance y las implicaciones de estas reformas, reflejando la diversidad de opiniones y el desafío que supone lograr consensos en un Congreso tan multifacético.
El respaldo a estas reformas subraya un compromiso claro por parte de la actual legislatura para robustecer tanto la seguridad jurídica como la estructura de derechos sociales, alineando el marco legal con una visión más inclusiva del desarrollo. Los diputados que apoyaron las reformas destacaron que, en un país donde las tensiones sociales y las brechas económicas siguen siendo pronunciadas, la implementación de garantías constitucionales que protejan a los sectores más necesitados es un imperativo que trasciende ideologías políticas.
Desde la perspectiva política y social, estas modificaciones a la Constitución reflejan un doble compromiso: por un lado, la intención de blindar las reformas constitucionales para evitar incertidumbres legales y, por otro, la voluntad de garantizar que el bienestar social sea más que una aspiración, convirtiéndose en una obligación estatal. Aquínoticias, atento a estos acontecimientos, observa que el reto ahora radica en la aplicación efectiva de estos principios, que requerirá vigilancia ciudadana y un esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno para traducir la ley en acciones concretas que transformen vidas.
