Pese a que la oposición insiste en que es un riesgo, esta reforma aprobada por el Senado es, según Morena y sus aliados, la única forma para que el Infonavit tenga la facultad de desarrollar proyectos inmobiliarios accesibles
Aquínoticias Staff
Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado de México aprobó este jueves la polémica reforma a la Ley del Infonavit, un paso clave para cumplir la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un millón de viviendas de interés social. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas. Las bancadas de oposición, encabezadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, calificaron la reforma como un «atraco» a los ahorros de los trabajadores, argumentando que se trata de una simulación que pone en riesgo los 2,4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda.
La reforma faculta al Infonavit para crear una empresa constructora que administrará estos recursos y se encargará de desarrollar proyectos inmobiliarios destinados a trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, se establece un sistema de arrendamiento social con opción a compra, donde el pago no excederá el 30% del salario del trabajador. La Secretaría de Hacienda, la CNBV y la ASF supervisarán el uso de estos fondos, asegurando, según el gobierno, transparencia y eficiencia.
Sheinbaum defendió la reforma en su conferencia matutina, instando al Senado a no modificar el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados. «Ya no más cambios», afirmó la mandataria, subrayando que el objetivo es garantizar viviendas dignas para quienes menos tienen. Sin embargo, la oposición no se quedó callada. Marko Cortés, del PAN, criticó duramente la medida: «Si queremos ayudar a los trabajadores, no es robándose sus ahorros, es destinando presupuesto público». Lilly Téllez, también del PAN, calificó la iniciativa como «estatismo inhumano».
Por su parte, el PRI comparó la reforma con el Fobaproa, señalando que el gobierno busca apropiarse de recursos equivalentes a 2,4 veces ese monto. Movimiento Ciudadano, aunque reconoció la necesidad de vivienda social, exigió una vigilancia tripartita para la empresa filial que manejará los fondos. «¿De verdad es la izquierda la que propone que una empresa privada haga negocio con el dinero de los trabajadores?», cuestionó Alejandra Barrales.
La reforma, ahora enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, busca atender el déficit habitacional en México, pero ha dejado en el aire preguntas sobre su implementación y los posibles riesgos para los ahorros de los trabajadores.
Con información de El País
