John Kelly y Rex Tillerson, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, están en México y en sus discursos aseguraron que habrían deportaciones masivas. Mientras, los mexicanos en Estados Unidos empiezan a vivir un infierno. Digan lo que digan las autoridades de los dos países, las redadas empezaron
Agencias
[dropcap]Q[/dropcap]uitó el pie del acelerador casi por completo al notar la presencia de dos patrullas frente a la escuela en la que recogería a su hijo de 10 años. En lugar de entrar al estacionamiento y esperarlo, Sara, de 43, continuó el trayecto hasta el siguiente semáforo. Luego vio más unidades policiacas; unas 10 en pocas cuadras, por lo que decidió frenar junto a una casa desconocida y, desde ahí, marcarle al niño para decirle dónde estaba y el motivo de la tardanza.
–No puedo estacionarme frente a la escuela porque ahí está la policía –le dijo por teléfono.
–Ya me está dando mucho miedo esto, mamá –le comentó él al subir al carro. «Yo creo que, ya si quieres, no nos traigas a la escuela».
Eran las tres de la tarde del pasado lunes 20 de febrero en el desértico poblado de Montana Vista, ubicado al éste de la ciudad de El Paso, Texas, y caracterizado por el alto número de población mexicana.
Sara, juarense, casada y madre de dos, tiene ocho años de vivir con su familia en el otro lado de la frontera y apenas poco más de un mes de haber iniciado sus trámites de residencia. Fue un mal momento. Días después, Donald Trump asumió como nuevo Presidente de Estados Unidos y la vida en Montana Vista, dice Sara, se transformó por completo: el Condado de El Paso reforzó la presencia policiaca en esa zona y ahora, a todas horas, circulan el doble de patrullas. Cualquier infracción o falta vehicular es motivo de detenciones y éstas, desde la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero pasado, potenciales riesgos para que los agentes locales llamen a las autoridades de Migración.
«No deben hacerlo, pero por la orden ejecutiva, ahora está sujeto al criterio del agente», dice Sara en entrevista telefónica.
«El presidente nos está sacando»
El acecho de las leyes migratorias se intensificó estos días para millones de mexicanos que viven sin regularizar en Estados Unidos. Luego de que Trump firmara la orden ejecutiva denominada de «Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de las Leyes Migratorias», el Departamento de Seguridad Nacional publicó el martes 21 dos memorandos para explicar las formas en la que sería aplicada.
Una de ellas, de acuerdo con un análisis de la agencia Associated Press, es el fin de las «Comunidades Seguras», o política en la que diversas localidades, como El Paso, se reservaban la persecución policiaca de la violación a las leyes de migración, que son de jurisdicción federal. Ante este nuevo contexto, diferentes testimonios y reportes indican que la reacción de los connacionales ha sido evitar al máximo exponerse en las calles.
Como primeros en la mira quedaron los mexicanos con algún antecedente penal o infracciones aun mínimas, y que ahora están siendo acechados y detenidos por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, sus siglas en inglés) hasta en sus domicilios.
La relación entre México y Estados Unidos vive uno de los momentos más tensos en su historia. El nuevo Presidente norteamericano basó su campaña en insultar a los connacionales que han migrado y en la promesa de construir un muro en la frontera.
Los memorandos difundidos el pasado martes por el Departamento de Seguridad Nacional agregan que, a diferencia de lo que ocurría antes del triunfo de Trump, quienes ahora crucen ilegalmente serán retornados a México aun cuando no sean mexicanos. También permiten dejar de proteger judicialmente a los menores no acompañados y enviar 15 mil agentes para las corporaciones de vigilancia fronteriza.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y del que depende un 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, está también en riesgo luego de que el nuevo mandatario anunciara una revisión de sus términos y lo llamara «el peor tratado de la historia».
Funcionarios mexicanos, como los Secretarios de Economía y de la Defensa, han advertido –aunque no de manera oficial ante el Gobierno de Estados Unidos– que, ante las amenazas, México podría disminuir sus «incentivos» para contribuir en el combate a la migración centroamericana y al narcotráfico.
Las expectativas de la población mexicana migrante, mientras, quedaron casi estranguladas. Los entrevistados al ser repatriados dijeron querer quedarse este país por la persecución desatada en Estados Unidos, pero no tener claro aquí un futuro económico.
«Si los sueldos fueran mejores, no nos iríamos», dijo José Feliciano López Díaz, de 37 años, también repatriado el lunes por el AICM y detenido el mes pasado en Nashville, Tenesse.
«Los salarios mínimos no son suficientes para nada, ni siquiera se puede comprar la canasta básica, entonces uno busca otros recursos de vida, y pues lamentablemente en Estados Unidos no nos quieren, el Presidente nos está sacando», agregó López, todavía con su costal de pertenencias en la mano.
Un día después, los medios publicaron la nota del ciudadano mexicano identificado como José Luis Jiménez, de 44 años y quien, luego de ser deportado, se tiró de un puente vehicular en Tijuana. El cuerpo, de acuerdo con las fotografías difundidas, quedó sobre el pavimento junto a la bolsa de pertenencias con la que el migrante salió del Centro de Detención.
