El personal del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos acusa al titular y a toda su administración de incapacidad y corrupción. Entre sus demandas, destacan la petición de diversos pagos que se han retrasado desde diciembre y que desvía recursos a campañas
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a renuncia inmediata de su director, Ariosto González Borralles, exigen los trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), pues lo acusan de incapacidad y corrupción.
Mediante un par de mantas colgadas en las sedes que se ubican en la ciudad capital, el personal de planta de ese organismo pidió también la remoción de toda la administración por su presunta complicidad en los actos que se le adjudican al titular.
Entre sus demandas destacan la petición de diversos pagos: de las gratificaciones a las figuras solidarias; a los aplicadores de exámenes; de las capacitaciones al personal solidario; por trámite de certificados; de los viáticos a los técnicos docentes; algunos, contemplados en las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Asimismo, solicitan el abastecimiento de material didáctico y para oficina, además del de exámenes no reciclados.
A la aparición de las lonas en las oficinas del Icheja —ayer por la mañana—, le anteceden las reiteradas denuncias públicas que los mismos trabajadores y figuras solidarias han manifestado en los medios de comunicación, sin que a la fecha alguien haya encontrado eco en las autoridades correspondientes.
Para Portavoz, uno de los afectados —quien prefiere el anonimato—acusó a González Borralles de ya andar en campaña disfrazada, puesto que se mueve por distintos municipios bajo el pretexto de entrega de apoyos, tal fue el caso de su última visita a El Jobo, Copoya y Emiliano Zapata, donde en compañía con el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, otorgó insumos agropecuarios a los ejidatarios. En esa ocasión, el edil pevemista resaltó las acciones en conjunto que se llevan a cabo con el titular de este instituto.
En tanto, en el Icheja carecen de material de oficina que es fundamental para sus tareas cotidianas; les hacen descuentos «inventados» en sus pagos a los asesores educativos; no pagan las prestaciones; y persiste el hostigamiento en el Departamento de Planeación, por parte del jefe del mismo, Marcelino Loredo Huerta, incondicional y operador de González Borralles.
Dinero que no aparece
En abril pasado, una comitiva de las denominadas «figuras solidarias» acusó haber afrontado tratos discriminatorios, indefensión laboral y el impago de sus gratificaciones; asimismo, confirmaron la existencia de «aviadores» dentro de la nómina del Icheja.
Los denunciantes explicaron que concluyó el pasado diciembre sin que ellos recibieran un sólo centavo de lo que se denomina «pago único», que equivale a 40 días de trabajo. Un mes después recibieron 3 mil pesos por este concepto, junto con la noticia de que era probable que perdieran su empleo puesto que el periodo de recontrataciones se abriría en un trimestre; sin embargo, debían continuar con sus labores docentes.
Mientras las «figuras solidarias» pugnaban por su recontratación, el 16 de enero de este año trascendió por medios digitales el despido de 500 burócratas del Icheja. Y en el trimestre en que se abrirían las contrataciones, se informó de la persistencia en los despidos injustificados; los ejecuta el jefe del Departamento de Planeación, Marcelino Loredo Huerta, acusaron.
Lo del retraso en los pagos no es nuevo, también ha sido reiteradamente señalado. En febrero, los inconformes acusaron que las gratificaciones seguían sin saldarse, a pesar que el recurso fue etiquetado en el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016.
Arguyeron que esta dilación se debía a que el dinero se está utilizando «para cubrir compromisos políticos» del director de la dependencia, quien es de extracción pevemista. Para las gratificaciones, según el Manual de Organización de esa dependencia, el que se encarga de validar y gestionar los recursos es el Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo. De forma coincidente, se trata del mismo Loredo Huerta acusado de estar detrás de los despidos.
Los retrasos de estos pagos comenzaron en diciembre, cuando sucedió la sustracción de medio millón de pesos que se hallaba en un almacén del Icheja y que se presume, era el monto con el que se saldarían estas retribuciones.
Los empleados denunciantes relataron que el hurto sucedió un día después que el organismo entrara en periodo de asueto, es decir, nadie había para supervisar o vigilar el inmueble en el que se resguardo tal suma.
El hecho levantó suspicacias no sólo por inusual —medio millón de pesos en un almacén, sin vigilancia—, sino porque según explicaron los trabajadores, las gratificaciones de las figuras solidarias las coordinaba el patronato del Icheja para que se expidieran por medio de las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecom), en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, desde que González Borralles asumió como titular del Icheja, se hacen desde el almacén aunque es violatorio de disposiciones federales.
Pero además de este dinero que no aparece, hay figuras solidarias que, se aduce, son «aviadores» que insertan de mano de Loredo Huerta para controlar el recurso. Otorgan por figura solidaria perteneciente al subproyecto INEA-POA (Programas Operativos Anuales), la cantidad de 4 mil pesos mensuales, según consta en actas de nómina del Icheja que obran en poder de Portavoz.
La situación podría tratarse sólo de la punta del iceberg, si se toma en cuenta que por concepto de figuras solidarias en la entidad, hasta 2013 se hablada de una plantilla aproximada de 9 mil 006 personas vinculadas a la dependencia por este concepto. Según cálculos más recientes del mismo personal, la cifra pudo haber subido a 10 mil figuras solidarias.
El desorden
Ésta no es la primera vez que el pevemista Ariosto González Borralles enfrenta acusaciones de este tipo en su contra. Según consignó la prensa local, en su paso por la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas) se le señaló de utilizar el programa de comités Bienestar para cuestiones electorales; de incurrir en malos tratos y engaños en agravio del personal a su cargo; así como de prescindir de los líderes de colonias que no acataron sus indicaciones, hechos por los que protestó el personal de la Sedepas, afuera del Palacio de Gobierno.
La prensa también documentó que González Borralles desacata la resolución —de hace siete años— que un tribunal emitió a favor de los trabajadores, para exigirle acatar la resolución por la que se reconocía la constitución de un sindicato único; y se le ordena el otorgamiento del contrato colectivo de trabajo a los más de 100 empleados que lo promovieron.
Él llegó al Icheja después que Cristina del Rosario Sánchez Contreras dejara la titularidad, luego de ocho meses en medio de acusaciones de represión (pedía a los trabajadores firmar un contrato por seis meses y retuvo salarios). A ella le antecedió en el puesto otro polémico pevemista, Miguel Prado de los Santos, quien fue acusado por el mismo personal de desviar más de 120 millones de pesos para solventar de forma ilegal su campaña para una diputación.
Aunado a lo anterior, a González Borralles se acusa de brindar un trato prepotente a los trabajadores del Icheja, el cual justifica con el argumento —refirieron los denunciantes— de realizar una «limpieza» en el instituto. No obstante, el desorden es evidente.
