Libertad de represión
Imbuido en la euforia de su primer discurso oficial como presidente, el señor López Obrador, hizo una promesa que a algunos les pareció alentadora y a otros, un fogonazo mesiánico: ni un solo activista social y ningún periodista, serían asesinados a partir de ese momento. Ganaron los segundos: los crímenes contra periodistas y activistas sociales, son cada vez más alarmantes por los métodos que los autores de éstos, utilizan con mayor certeza de impunidad.
Obviamente, tales hechos contradicen el discurso y eliminan de tajo una promesa que cayó en el fango de la indiferencia oficial, desde que el mismo presidente alentó el odio hacia los medios, periodistas y activistas, a quienes no ha dejado de hostigar con epítetos, acusaciones infundadas e insultos que han dado vía libre a los atentados y otras acciones que, en el caso de Chiapas, provienen de autoridades municipales.
Ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez, donde los periodistas han sido expuestos a la creciente inseguridad que, curiosamente, ha afectado selectivamente a quienes han sido críticos de los excesos del alcalde Carlos Morales Vázquez, acusado constantemente de opacidad en el gasto público, desvío de recursos, desorden administrativo, irresponsabilidad financiera y muchas otras acciones prohibidas en la «Cartilla Moral» de la 4T, que ha terminado siendo un panfleto fusilado, sin beneficio.
También ha sucedido en Comitán, donde el alcalde Emanuel Cordero, utiliza a mujeres para intimidar, acosar y dificultar el oficio de los reporteros, principalmente cuando para los cuestionamientos, el imberbe faldero, no tiene respuestas o sencillamente, se apega a viejos cánones para esconder su estulticia e ineptitud.
Recién, en Tapachula, la Policía Municipal de Óscar Gurría Penagos, detuvo a tres periodistas y una activista, a quienes golpearon, esposaron y retuvieron, aun cuando solo ejercían, los colegas, su profesión y la activista, lo suyo. Más acá en el tiempo, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo, ordenó la detención de dos periodistas y un ambientalista, bajo acusaciones increíblemente absurdas.
Llama la atención que en las cuatro ciudades, gobierna el partido del presidente López. No debe extrañarnos, puesto que la naturaleza de MORENA, sus dirigentes y la mayoría de militantes, es peligrosamente violenta. Lo vemos entre ellos mismos y si no, volteemos hacia la pugna virulenta que se traen por la dirigencia nacional.
Lo que sí, es que debe preocuparnos como gremio y debe también, llamar la atención de toda la sociedad, porque por desgracia, son signos de un futuro sombrío y —sin ánimo fatalista—, de un totalitarismo iracundo que arrastre a los mexicanos al caos y quizá, a su propia destrucción como país con aspiraciones democráticas.
Tras los hechos narrados, hubo frágiles y risibles «disculpas», de parte de dos ediles; éstas no fueron bien recibidas, toda vez que, en el caso de la alcaldesa de San Cristóbal, mintió categóricamente al decir que los tres detenidos, no habían sido detenidos, sino «rescatados» de una turba de campesinos. Gurría Penagos, no solo mintió, sino que evidenció que fue obligado a disculparse y lo peor: recurrió a un título del porfiriato, firmando como «Jefe Político de Tapachula» y no como presidente municipal.
No bastan las disculpas, por hipócritas y falsas, pero además por carentes de voluntad política; una acción creíble habría sido suspender a los policías involucrados, investigarlos y enviarlos a la cárcel, por abuso de autoridad, lesiones, amenazas, secuestro y los demás delitos que hubieren cometido.
Eso, nunca lo esperemos en un estado donde el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, está más inmerso en una adelantadísima campaña electoral para la gubernatura, que en procurar justicia para los chiapanecos. En ese contexto, podemos declararnos desamparados, desprotegidos y a merced, no solo de los delincuentes, sino de la policía misma y los alcaldes timoratos que solo tienen a la violencia como recurso único para «gobernar».
Transitorio
Por cierto, casi desde su llegada al cargo que ocupa, el Fiscal Llaven Abarca, se comprometió a detener al o a los autores intelectuales del crimen contra el periodista Mario Gómez; han pasado los meses, y nada. Su antecesor, Raciel López Salazar, adelantó a un grupo de periodistas que tenían pistas irrebatibles de quién ordenó el cobarde asesinato… ¿Las ignoró el Fiscal Llaven? ¿Las desechó? ¿Negoció? ¿Le ganó la indiferencia de su anterior jefe superior? ¿Otorgó impunidad como con el exalcalde de Simojovel, liberado por presiones de su cuñado y actual Auditor, Uriel Estrada? ¡Quién sabe!
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