Carmen Sánchez y María Elena Ríos hacen observaciones antes de que las modificaciones se aprueben en la Cámara de Diputados
Luz Rangel / La Lista
Carmen Sánchez y María Elena Ríos, mujeres sobrevivientes a ataques con ácido, consideran que estas agresiones en contra de mujeres no son simples lesiones y deben tipificarse como un delito aparte.
“Nosotras buscamos desde la Fundación Carmen Sánchez que los ataques con ácido se legislen como un delito autónomo y no como agravante del delito de lesiones, como lo han estado manejando las y los legisladores”, dice a La-Lista la presidenta de la fundación que lleva su nombre y quien fue agredida en el Estado de México el 20 de febrero de 2014 por el padre de sus hijas.
El Senado de la República aprobó por unanimidad el 3 de noviembre sancionar con penas de siete a 13 años de prisión a quien cause lesiones usando cualquier tipo de sustancia corrosiva, con una reforma al artículo 297 Bis del Código Penal Federal.
“Esta penalización no es equiparable con el daño que nos hacen, por eso es importante comenzar a nombrarlo como lo que es. Lo adecuado sería mencionarlo y tipificarlo a nivel nacional y en cada estado de la República como feminicidio en grado de tentativa o feminicidio si, lamentablemente, no sobrevive la persona”, indica a La-Lista María Elena Ríos, a quien un hombre arrojó una cubeta con ácido en Oaxaca en 2019.
María Citlallic Vizcaya Zamudio, doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, explica que los ataques con ácido se deben tipificar de forma autónoma dentro del Código Penal Federal, es decir, que tengan existencia por sí solos y no sean catalogados como una agravante subordinada a otro hecho delictivo.
“Los ataques con ácido siempre buscan la muerte de la mujer, ya sea porque la priven de su vida o porque terminen con su vida. Esta es una reforma al Código Penal Federal pero hay que buscar la forma de que los ataques con ácido estén unificados en todos los estados en tanto se concreta un código penal único donde se refleje este delito”, menciona la abogada a La-Lista.
La reforma sobre los ataques con ácido aprobada por el Senado plantea que los años en prisión aumenten dos terceras partes cuando haya existido una relación entre el agresor y la víctima de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza, lo que aumentaría la sanción penal a 21 años y medio.
“En este sentido creo que es un avance, sobre todo tratándose de mujeres, porque es una causal que pudiera asimilarse a las razones de género establecidas en el delito de feminicidio”, comenta la abogada, quien colabora con la Fundación Carmen Sánchez, la cual ha documentado 34 ataques con ácido a mujeres en México desde 2001, en los que más de la mitad de los casos fueron cometidos por la expareja sentimental.
La reforma aprobada por el Senado también modifica al artículo 85 del Código Penal Federal, en el que se establece que no se concederá la libertad anticipada a las personas sentenciadas por el delito de lesiones. Integra iniciativas de los senadores Eruviel Ávila, del PRI; Manuel Velasco, del PVEM; Katya Ávila, Elvia Mora y Eunice Romo, de Partido Encuentro Social; Kenia López, del PAN, y Nancy Sánchez, de Morena. A partir de su aprobación, pasó a San Lázaro para su análisis y discusión por parte de las y los diputados.
Sin embargo, la especialista y las mujeres sobrevivientes esperan que el enfoque de la reforma sea, sobre todo, la reparación integral del daño por la “violencia ácida”, como le llaman, más allá de centrarse en el agresor.
“Algo en lo que debería hacer énfasis cada dictamen o cada iniciativa es en cómo un ataque con ácido impacta en nuestro entorno. Mi mamá también está quemada y el estado de Oaxaca no quiere reconocerla como víctima indirecta”, cuenta María Elena sobre la agresión en su hogar, cuando ella tenía 26 años y su madre 57.
Su proceso está detenido por los amparos que Juan Antonio Vera Carrizal, a quien acusa de ser el autor intelectual, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien sigue prófugo, han interpuesto. Otras tres personas además de Vera Carrizal están detenidas pero sin sentencia.
Carmen Sánchez lleva ocho años exigiendo justicia y aunque el juicio en contra de Efrén, su agresor, ya está por concluir, espera una sentencia ejemplar.
“Yo espero que la Fiscalía del Estado de México, el Poder Judicial y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, puedan entender todo el daño y puedan dictar una sentencia ejemplar”, pide la activista.
Mujeres sobrevivientes a ataques con ácido señalan que no fueron consideradas para reformas en el Senado
Carmen Sánchez y María Elena Ríos señalan que no fueron consideradas en la redacción de las reformas al Código Penal Federal que la Cámara Alta aprobó de forma unánime. Ambas expresan que a pesar de haber tenido reuniones con las y los legisladores o de haber sido invitadas al Senado no es la primera vez que sus necesidades son ignoradas en el Congreso de la Unión o en los órganos legislativos locales.
“Hemos tenido algunas reuniones con muy pocas legisladoras y legisladores. La mayoría de quienes ya han presentado sus iniciativas no nos han considerado y creo que es una falta de respeto porque yo pienso que con las mujeres sobrevivientes se puede hacer un gran trabajo. Hemos estado abiertas para poder compartir toda esta información que tenemos porque no sólo se trata de crear leyes, hay que escuchar”, afirma Carmen Sánchez.
María Elena Ríos asegura que “falta sentarse, falta diálogo y falta, sobre todo, que nos escuchen. Porque a mí me oyen a pesar de que grito para pedir justicia pero no me escuchan del todo”.
La activista feminista sugiere que todas las personas sobrevivientes a ataques con ácido deben participar en estas reformas, ya que cada una ha pasado por procesos diferentes. Además propone considerar la opinión de especialistas que les brindan acompañamiento.
“Falta mucho por hacer, foros, mesas de diálogo en donde intervengan los legisladores con nosotras y les podamos explicar a todos los procesos a los que nos enfrentamos, que se invite a médicos especialistas, psicólogos, porque normalmente las personas que están en la legislación son abogados, estudiaron ciencias políticas o algo administrativo y no viven de cerca este tipo de violencia”, indica.
Carmen Sánchez coincide en que falta mucho por hacer y, sobre todo, en que los años de cárcel no son suficientes.
“Yo no tengo nada que celebrar. No hay pena que alcance para compensar una vida rota, un proyecto trunco, un cuerpo mutilado, una fractura familiar irreparable”, comenta la presidenta de la Fundación Carmen Sánchez.
