En la medida que ha incrementado el movimiento feminista, también ha aumentado la criminalización de quienes defienden los derechos de las mujeres
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Entre 2019 y 2020 los movimientos feministas y de mujeres adquirieron un rol protagonista a nivel regional en toda América Latina y el Caribe, desde campañas de denuncia globales como el #MeToo, hasta la interrupción legal del embarazo (ILE) en Argentina o, en el caso de México, en el estado de Oaxaca, sin embargo, ello vino acompañado de un incremento en la criminalización de quienes defienden los derechos de las mujeres.
En su informe «Situación de las personas defensoras de derechos humanos en #México 2019-2020«, que publicó este 15 de abril la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT integrada por varias organizaciones civiles), señaló que el contexto de pandemia no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres, quienes continúan empleando formas de protesta tradicionales (como las marchas o los plantones) pero también han hecho un uso creativo de las nuevas tecnologías y otras formas de lucha para visibilizar la crisis de DH que enfrentan diariamente las mujeres en México y que se ha recrudecido de manera dramática desde que empezó el confinamiento. Destacó como ejemplo las tomas de edificios de organismos autónomos de Derechos Humanos que hicieron los colectivos feministas y colectivos de familiares de víctimas en diferentes estados del país.
No obstante, observó, en varias entidades, estas tomas fueron desalojadas con uso desproporcionado de la fuerza, sin tomar en consideración que había personas adultas mayores, niñas y niños, y personas con movilidad reducida. Por otro lado, las protestas feministas por la violencia feminicida han sido reprimidas con distintos niveles de violencia, llegando a casos extremos, como sucedió en Quintana Roo, donde la policía disparó sus armas de fuego y detuvo a varias manifestantes, entre ellas una periodista, que denunciaron haber sufrido abuso sexual.
«No se trata de situaciones aisladas, sino que suceden en un contexto en el que la defensa de los derechos de las mujeres es constantemente cuestionado, denostado y criminalizado desde las más altas esferas del poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de comprometerse a luchar contra la violencia feminicida, por la que cada día son asesinadas 11 mujeres en México, argumenta que el feminismo es una moda importada de otros países, que no responde a los verdaderos intereses de las mujeres, que las feministas que se manifiestan están manipuladas por los partidos conservadores o financiadas por capital extranjero», señaló la Red.
La Red observó que a nivel estatal y municipal el riesgo es mayor, pues los ataques desde el gobierno federal lanzados desde un espacio de alto impacto mediático como la conferencia matutina, permiten que otros actores reproduzcan discursos de criminalización. Un caso grave, observó la RTDT, es el de Kenia Hernández, defensora indígena, a quien se le han iniciado procesos con pruebas falsas en, al menos, 3 fiscalías estatales.
«Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión. Además, resulta sumamente grave que uno de los argumentos usados en su contra es señalar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas le había retirado las medidas, es decir, la Fiscalía estatal desestimó su labor como defensora de DH a través de un oficio, cuando es evidente que el hecho de haber contado o no con medidas de protección otorgadas por el Estado que hoy la criminaliza, no es ni debe ser una condicionante para considerarla persona defensora de derechos humanos», señaló.
A pesar del riesgo a la vida e integridad física que enfrentan las personas defensoras de Derechos Humanos en México, el Estado no hace nada para protegerles, al contrario, pone en entredicho su labor, les criminaliza y estigmatiza, señala el informe que destaca que durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de DH, entre ellas 9 mujeres. Del total de personas defensoras asesinadas, 15 defendían derechos económicos sociales y culturales y 11 vivía en Chiapas.
De acuerdo con este balance, el contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que, asegura la Red, empeora con los años, ya que se configuran nuevas condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de las personas defensoras, así como su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia.
El Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de Derechos Humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan. La Red precisó que aunque las agresiones contra las personas defensoras están diversificadas y pueden ser perpetradas por agentes del Estado o por particulares, empresas y crimen organizado, —muchas veces en colusión con las mismas autoridades—, toda forma de violencia es responsabilidad del Estado al no evitarla.
