Denuncian incursión del denominado Grupo de Fuerzas Especiales de Tila; detrás de éste podría estar Paz y Justicia, agrupación que ha sido identificada por activistas como cercana al PRI y, ahora, al PVEM
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]M[/dropcap]ientras los gobiernos de los tres órdenes permanecen silentes ante la tensa situación, lo que se oye es acerca de la incursión de grupos paramilitares en la zona en conflicto de Tila. Habitantes de ese municipio se manifestaron frente al Palacio de Gobierno a inicios de este mes para solicitar que se aplique el Estado de derecho en esta región; sus roces son con los que se denominan autónomos por la disputa añeja de 130 hectáreas de territorio. Un amparo federal da la razón a éstos últimos.
Mediante lo que denominaron aviso informativo, los declarados en resistencia denunciaron la proliferación de un mandato —vía Whatsapp— en el que se ordenaba a todo aquel contemplado en la lista nominal electoral a reclutarse en el recién surgido Grupo de Fuerzas Especiales de Tila; quien así no lo hiciera, sería expulsado del municipio mientras que todas sus posesiones, quemadas. De igual forma si ponía cualquier tipo de oposición o si trataba con los de la otra facción, los del ejido.
Éste es un extracto del mensaje que desde el domingo circula por esa aplicación: «Todos los ciudadanos que aparecen en la lista de pobladores deberán de participar a la buena o a la mala, tal y como lo hacen los del ejido. Quien se niegue a dar servicio será expulsado del pueblo y quemada sus propiedades con las que cuente (casas, carros y todo lo que posea). Se nombrará a representantes por barrio y serán puestos a prueba y quien traicione el movimiento será castigado con la muerte… Cada poblador deberá de aportar al movimiento para que sea financiando y no depender de ningún partido político.
«Los que se integren a dicho grupo se le proporcionará uniforme, armamento y adiestramiento militar. Todo aquel que este el contra del movimiento de le considerará enemigo y no se le tendrá consideración alguna a él y sus familiares. Los maestros de comunidades que están apoyando al ejido, se les da la última oportunidad para que se retiren ya que de no hacerlo, se les declara en cacería… A las personas de los anexos se les declara enemigos y empezarán a ser cazados en sus lugares de trabajos (milpas, cafetales y donde se pueda cazarlos)
«Al ver que los que quisieron hacerlo por la vía pacífica, no lo lograron ya que el gobierno no los tomó en cuenta, les informamos que a partir de ahora es nuestra cuenta… A las autoridades se les pide no intervenir ni meter sus narices, ya no los necesitamos ya que esperamos mucho de ellos y sólo se hicieron de los ciegos y sordos». [sic]
Al parecer, los autores del mensaje fueron capturados por gente del ejido Tila, ante quienes admitieron haber actuado así por órdenes de líderes paramilitares, de los que posteriormente se hablará en este trabajo.
Inicios de mes
El 5 de junio pasado, una comitiva de pobladores del municipio de Tila se manifestaron en la capital de la entidad, para pedir la salida del párroco Heriberto Cruz Vera, a quien acusan de mantener el clima de violencia.
Hasta las puertas del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, los pobladores inconformes ondearon sus pancartas y denunciaron el recrudecimiento de la violencia en su lugar de origen. Para los medios de comunicación y en representación de los tilecos, Francisco Arturo Sánchez Martínez, presidente del Comité de Regularización del Fundo Legal del Pueblo de Tila, declaró: «(Vinimos) para pedirle a Heriberto Cruz (párroco) que se vaya de nuestro pueblo, que se deje de hacer la víctima, en contubernio con el Frayba. Hicieron un video donde se habla que nosotros como tilecos estamos despojando de 130 hectáreas. Señores nosotros nacimos ahí, venimos de una quinta generación; la nuestra es la sexta».
En esa ocasión, acusó a los del ejido homónimo de incurrir en delitos como extorsión, usurpación de funciones y asesinatos; asimismo, a la autoridad municipal de inacción ya que no interviene ante los casos de injusticia bajo el argumento de que es instrucción del propio gobierno del estado mantenerse al margen y respetar la autonomía de los declarados como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva.
Líderes paramilitares
Según el aviso informativo que difundieron los que identifican como adherentes a la Sexta Declaración, la pretensión de Francisco Sánchez Martínez era provocar un enfrentamiento y así obligar a las autoridades a intervenir para tomar el pueblo.
Lo señalaron de ser dirigente paramilitar, igual que a su padre, Arturo Sánchez, a quien acusan de ser líder de Paz y Justicia. El testimonio de un exparamilitar los implica en acciones de provocación e incriminación en contra de los adherentes.
Según una denuncia pública que hizo una persona identificada como el exmilitante de Paz y Justicia Wulfrano Vázquez López, Francisco Sánchez y Arturo Sánchez, en compañía de otras 15 personas, habrían visitado el ejido Crucero para reunirse con un líder identificado solamente como «don Carmelino», a quien propusieron asaltar en los caminos de Guadalupe y Crucero a fin de incriminar a los del ejido Tila, los autónomos.
Asimismo, dijeron que harían las mismas negociaciones en el ejido Miguel Alemán y pidieron que de ver al sacerdote —se aduce, Heriberto Cruz Vera—, que le disparen. El exparamilitar confeso hizo pública su denuncia en espera que las autoridades detengan a los Sánchez.
Paz y Justicia es una organización paramilitar surgida en la zona Norte de la entidad, tras el fallido asalto militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en febrero de 1995, documentó La Jornada. También dio cuenta que se le imputa la muerte o desaparición de 122 indígenas y el desplazamiento de más de 4 mil indígenas choles y tsetsales en esa región, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2000.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba), la acción de este grupo paramilitar respondió a la guerra de baja intensidad que el Ejército emprendió contra la insurgencia zapatista. El activista Gustavo Castro Soto lo identifica como cercano a la esfera política, en especial del PRI, según documentó en un artículo investigativo que publicó en 1998.
En abril pasado, el periodista José Gil Olmos —en su trabajo «Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas» (Proceso)— los vinculó con el actual partido en el poder. «El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015″, consignó en su reportaje.
La disputa
La articulista Magdalena Gómez, de La Jornada, hizo un breve repaso histórico de lo que desató la disputa. Relató que en 1980 el pueblo chol en el ejido de Tila fue despojado de 130 hectáreas de su territorio que fueron ocupadas de manera inconstitucional por el Ayuntamiento tileco, tras la publicación del decreto 72 fechado el 17 de diciembre de ese año, que emitieron tanto gobernador como Congreso del estado.
«En su defensa tramitaron un juicio de amparo, el 14 de abril de 1982 (259/189), ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después de su presentación, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al ejido Tila y ordenando al H. Ayuntamiento municipal de Tila, al gobernador del estado de Chiapas, al Congreso local y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la restitución inmediata de las tierras al ejido Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que las privatizaran», se lee su publicación para ese medio, edición de ayer.
Gómez, quien además es académica de la Universidad Pedagógica con especialidad en Derecho Indígena, explicó que a nueve años de la resolución, los sucesivos gobiernos han alegado imposibilidad física y material para cumplir la sentencia, y que la única vía que las autoridades ven es la indemnización por esas tierras pero los choles quieren que les sean restituidas.
A la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero se le asignó, en 2010, la inejecución de la sentencia (1302/2010) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin que fuera resuelta. En el proyecto que redactó para cumplirla, condicionó la sentencia a medidas para regresar las tierras al patrimonio del ejido. «La mayoría de los ministros sugerían el cumplimiento sustituto (indemnización), haciendo uso de una facultad de la Corte en los casos que dicho cumplimiento ocasione mayor daño a la sociedad».
Ante este panorama, la ministra retiró su proyecto y los del ejido se declararon autónomos. El pueblo chol, en Asamblea Ejidal, acordó autoejecutar la sentencia de 2008 y comenzar la construcción de su autonomía, según lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, explicó la especialista.
Por último, critica: «El Poder Judicial en su máxima instancia no contribuye a resolver casos críticos de violación a los derechos de los pueblos indígenas y, como sabemos, cuando se emiten estas resoluciones, se quedan a medio camino, como en el caso de la tribu yaqui, no se hace cargo de que en los hechos pierden todo sentido al no ejecutarse.
«En cuanto a Tila, es paradójico que les resulte difícil reorientar un caso que se encaminó por la vía agraria, cuando no existía reconocimiento a los pueblos indígenas. Hoy disponen de todos los elementos y no dan cuenta de ellos. Qué decir del poder Ejecutivo, federal y estatal: dejan o alientan que los conflictos crezcan sin la noción de responsabilidad que les corresponde. Con la mirada puesta en otro lado, en otros intereses. Urge detener la agresión hacia quienes lograron que la justicia reconociera su derecho. Aún es tiempo».
