Además de la iniciativa para modificar la Ley General de Salud, el legislador federal propuso que quienes cuenten con escoltas se les haga corresponsables del actuar de los mismos
Redacción
[dropcap]A[/dropcap]nte la Comisión Permanente, el diputado federal por el estado de Chiapas, propuso modificaciones al Código Penal Federal, Ley General del Sistema de Nacional de Seguridad Pública y del Trabajo
Emilio Salazar Farías propuso en tribuna, modificaciones a la Ley General de Salud para que la edad mínima legal para el expendio y suministro de alcohol sea a los 21 años y no 18 como actualmente se establece, así mismo planteó sancionar como delito de corrupción de menores a quien obligue, induzca, facilite o procure el consumo habitual de las mismas, y así vaya de acuerdo a las modificaciones que se proponen a la Ley General de Salud.
Otra de las propuestas por el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión en tribuna, fueron las modificaciones a los artículos 297 y 308 que buscan que las personas que cuenten con elementos de seguridad personal deben ser corresponsables del actuar de sus escoltas o personal de seguridad, ésta tiene por objeto que si del actuar del personal de seguridad privada, tanto de los particulares, como de los funcionarios públicos se desprendiesen delitos de lesiones y homicidio, se castigue con mayor severidad a quien, en su caso, lo hubiere ordenado.
Dentro de las Reformas a la Ley General del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, el diputado Salazar, planteó reformar la Ley General del Sistema de Nacional de Seguridad Pública para regular el actuar del personal que preste sus servicios de protección y seguridad privada, en donde se propone que el personal que preste servicios de protección y seguridad privada deberá actuar con estricto apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos.
Cuando por motivo de su actividad o derivado de la ejecución de una orden superior el personal encargado de la protección y seguridad de funcionarios públicos o particulares incurra en conductas constitutivas de delito, las sanciones a las que se haga acreedor quien ejecute la orden podrán aumentar hasta en una mitad para quien mandate su realización.
Finalmente, el representante popular, propuso prohibir que se estipulen acciones que obliguen a los trabajadores a cumplir con acciones ilícitas que resulten en daños materiales o físicos a terceros bajo amenaza de despido; prohibir a los patrones ordenar a sus trabajadores atentar contra la integridad de terceros o sus propiedades, ya sea verbalmente o por escrito.
El proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
