Esta estrategia de reedificación para las viviendas de los damnificados es un factor que incrementa la fragilidad de las casas frente a desastres naturales ya que, por lo general, no se respetan los reglamentos vigentes para el desarrollo urbano, así lo señaló un estudio del Instituto Belisario Domínguez
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a estrategia de autoconstrucción para las viviendas de los damnificados por los sismos de septiembre pasado, que se lleva a cabo en la entidad, es un factor que incrementa la vulnerabilidad de las casas frente a desastres naturales, ya que, por lo general, no se respetan los reglamentos vigentes para el desarrollo urbano. Así lo señaló el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
En su reciente investigación «La vivienda en México; aspectos para la reconstrucción», el IBD se propuso responder los cuestionamientos acerca de cuáles son los procesos detrás de la reconstrucción y mantenimientos estructurales; el cual particulariza su enfoque en regiones como Chiapas.
En el primer apartado del estudio «Datos de Contexto», con información de 2016, los indicadores de pobreza y carencias sociales permiten tener una idea de la vulnerabilidad que enfrenta la población y las viviendas frente a un eventual desastre natural.
Con relación a esto, Chiapas encabezó la lista en el rubro de población en situación de pobreza, con 77.1 por ciento, en la que aparecen: Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla.
Además, el 13.8 por ciento de la población chiapaneca es frágil debido a las carencias sociales; es un sector que tiene un rezago educativo del 29 por ciento; presenta 15 por ciento de insuficiencia en el rubro de salud y 81.1 por ciento respecto a falta de seguridad social.
En el punto de calidad y espacios en la vivienda, el 24.5 por ciento no cuenta con ello; este porcentaje pone a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con el mayor déficit en dicho renglón.
El 52.3 por ciento de la población no posee servicios básicos en la vivienda; y el 19.4 por ciento no tiene acceso a alimentación.
Chiapas, junto con Guerrero y Oaxaca se encontraban por encima del promedio nacional, con respecto a la población que ubica a los desastres naturales como el tema de mayor preocupación.
En conjunto, estos factores de carencias son los que aumentan los riesgos de destrucción en la entidad ante eventos naturales como sismos o huracanes.
En la voz de un experto
La investigadora Cecilia Ruíz de Oña Plaza sostuvo que Chiapas ya ha tenido lamentables experiencias en la materia de reconstrucción de viviendas en zonas rurales a causa de desastres meteorológicos extremos. Puso de ejemplo el proyecto «Ciudades Rurales», el cual no disminuyó el riesgo ni la vulnerabilidad socio-ambiental de las poblaciones a las que se pretendía ayudar, además generó nuevos problemas sociales.
Ante esto, sugirió que para evitar lo anterior y sin olvidar que las mayores afectaciones del sismo del 7 de septiembre tuvieron lugar en zonas rurales, planteó algunas recomendaciones enfocadas a la reconstrucción de viviendas para la población indígena y campesina.
Por ejemplo: Llevar a cabo la reedificación en asociación con la población local y adaptar el diseño a las necesidades y costumbres de ésta. A su vez, construir con materiales de calidad, viviendas de tamaño suficiente, con diseño urbano y estandarizado, que permitan el desarrollo de la vida campesina.
Además, deberán ser reconstruidas con criterios de resistencia sísmica y adaptadas a las condiciones ambientales y tomar como referencia escenarios de cambio climático. De igual forma, poner en marcha estrategias que eviten que los fondos para la reconstrucción se queden en manos corruptas, y asegurar la transparencia.
También agregó que la reconstrucción de viviendas debe ser un proceso transformador y educativo en varios sentidos; una de las propuestas que expuso al respecto es difundir la educación y toma de conciencia sobre riesgos socio-naturales y vulnerabilidad.
Las observaciones generales
El estudio del instituto detalla que a nivel nacional la edificación de los hogares se realiza a través de la contratación directa de albañiles, 35.4 por ciento de las personas recurren a esto, mientras que 19.9 por ciento las construyen ellas mismas o mediante el trabajo de un integrante de la familia. En contraste, sólo el 1.6 por ciento contrató a un ingeniero o un arquitecto.
Además, el 64 por ciento no solicita ningún tipo de financiamiento público. Esto evidencia la falta de una política estatal que permita a un gran sector de la población acceder a la vivienda social.
De igual forma, el 32.6 por ciento de los mexicanos indicaron que el principal problema para adquirir una vivienda son elevados precios de los créditos. Se resalta que para el 25.4 por ciento de la población encuestada en el sur del país, la complicación recae en que la construcción y los materiales son de poca calidad.
Por lo tanto, desde estos pequeños detalles, la infraestructura urbana es propensa a ser más sensible ante el impacto de un movimiento telúrico, ya que no se implementan efectivamente los reglamentos de construcción que tomen en cuenta la actividad sísmica de la zona, ni existe una norma territorial que prohíba el crecimiento poblacional en zonas de riesgo.
Aunado a lo anterior, el 63.6 por ciento de la ciudadanía encuestada a nivel nacional respondió que no ha invertido en el mantenimiento de su vivienda. De esa población, 53.4 por ciento confesó que no lo hizo por falta de dinero y 40.2 por ciento señaló que no tenía la necesidad de hacerlo.
El 52 por ciento de la región sur entrevistada, que abarca los estados de Chiapas y Oaxaca, contestó que la falta poder adquisitivo es el motivo de no invertir en mantenimiento.
Los datos arrojaron que siete de cada 10 viviendas particulares habitadas en México son propias, es decir el 10.4 por ciento, incluidas aquellas en las que todavía se paga algún tipo de crédito. El segundo tipo de tenencia más frecuente es la renta, 15.2 por ciento; y en tercero se refiere a las casas que se adquieren a través del préstamo de un familiar o un conocido, en un 12.8 por ciento.
En tanto, 98.2 por ciento de las viviendas habitadas en el país no pagan ningún tipo de seguro que los cubra por alguna contingencia natural. La población que lo hace, habita principalmente en casas independientes.
Con respecto a la pregunta ¿Cómo sería una vivienda que ofrece calidad de vida?, para el 36.4 por ciento de los mexicanos, la vivienda debe estar ubicada en una zona segura; el 26.5 por ciento dijo que debe adecuarse al tamaño de la familia; el 25.3 por ciento sostuvo los espacios limpios son importantes; y estar en una zona tranquila, el 21.3 por ciento.
Ante este panorama, el IBD concluyó que para la reconstrucción de 121 mil 701 viviendas dañadas en Chiapas y Oaxaca, deben incorporarse y plantearse un conjunto de políticas integrales que favorezcan el desarrollo urbano sustentable. Además, añadió que no se deben olvidar las condiciones culturales y biofísicas de las localidades afectadas; tanto en la distribución del espacio habitacional como en las formas de organización social de las comunidades.
Así que el nivel de los daños también va a depender del grado de conocimiento y prevención que se enseñe y adopte la sociedad, para reducir su vulnerabilidad frente a ese tipo de peligros.
En el estudio, el IBD colocó las 21 propuesta de iniciativas de Ley que envió al Congreso de la Unión. Los rubros abarcan desde el establecimiento de días conmemorativos, modificaciones a instituciones y procedimientos electorales, hasta reformas a la Ley General de Protección Civil. En este conjunto de iniciativas destacan siete para la atención de la población afectada y la reconstrucción de vivienda.
