En el municipio ocurre el primer contacto de las personas con el gobierno. La cercanía con autoridades y habitantes es mayor y, propiciado por ello, junto con su extensión geográfica, se generan los vínculos para que sea considerado la cédula básica de organización social y política del país.
Por ello, es tan preocupante que presidentes municipales sean víctimas de la violencia criminal. Si ellas y ellos están siendo atacados, ¿qué se puede esperar para el vecino que tiene una tienda de abarrotes en una colonia popular?
La fuerza del crimen organizado no está en dudas. Desde varios sexenios ha hecho evidente su capacidad de organización, la sofisticación en sus quehaceres, los recursos económicos, financieros y materiales con los que cuenta, las relaciones internacionales que ha establecido, en fin, el grado de penetración en la sociedad nacional. El crimen, en términos generales, aunque se sepa que se ramifica, segmenta y distingue por regiones y grupos, es un actor que le disputa al Estado una parte de la soberanía. Ya no quiere sólo comerciar, quiere ser imperio.
La sociedad, preocupada por lo que a diario sucede, exige respuestas y acciones de sus representantes, desde el alcalde hasta la Presidenta de la República. Es un hecho: la estrategia de combate a la delincuencia se ha modificado con relación a la existente en el pasado inmediato, y sus resultados, aunque se desearan, no se verán en el plazo más inmediato. Lamentablemente, para la ciudadanía, esperar más no es una opción. Se le va la vida.
Y no es una expresión metafórica. En lo que va del sexenio 2024-2030 han sido asesinados ocho personas presidentas municipales en funciones; es decir, una por mes desde que inició el gobierno de la República (de octubre de 2024 a mayo de este año). Una cifra inaceptable, como inaceptable debería ser cualquier homicidio. Oaxaca, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí son las entidades federativas en donde han ocurrido estos hechos.
A todas luces hay un abierto proceso de confrontación entre grupos delincuenciales y el Estado. Junto con los ataques mortales a las autoridades municipales, está un repertorio amplio de acciones violentas: secuestros, desapariciones, amenazas que, vistos en conjunto, minan la legitimidad de las autoridades y perjudican a la población civil.
Pareciera que el Estado mexicano ha perdido capacidades para enfrentar, con precisión, al crimen que se muestra como una Hidra de Lerna que no se da por vencida y que, cuando sufre un ataque mortal resurge con más violencia.
El ataque a las alcaldesas y a los alcaldes muestra, como si hiciera falta, la agudización del conflicto y la existencia de desajustes en un negocio millonario y planetario.
