Aunque aún queda ser ratificada por los congresos locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que militariza a la seguridad pública es casi un hecho. Solo el futuro dirá los aciertos y los fallos a enmendar
Aquínoticias Staff
El Senado de la República aprobó el 25 de septiembre una controversial reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 86 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención, los legisladores dieron paso a una iniciativa que representa un cambio profundo en la estructura de seguridad pública del país. Ahora, la reforma deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales antes de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La medida, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, modifica el artículo 21 de la Constitución, poniendo a la Guardia Nacional —hasta ahora un cuerpo civil— bajo control militar. Además, otorga nuevas facultades al cuerpo, incluyendo la posibilidad de investigar delitos bajo el marco de sus competencias, dándole un rol que antes era exclusivo del Ministerio Público.
Contexto político y social
La militarización de la seguridad pública ha sido uno de los temas más polémicos en la agenda del gobierno de López Obrador. Desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, esta fuerza ha estado en el centro del debate sobre cómo abordar la crisis de violencia y crimen organizado que afecta a México.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron más de 33,000 homicidios dolosos, una cifra que subraya la necesidad de una estrategia efectiva para combatir el crimen. Los defensores de la reforma argumentan que la incorporación de la Guardia Nacional bajo la Sedena mejorará la coordinación en las operaciones y garantizará una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, esta estrategia ha encontrado fuerte resistencia, principalmente de partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos. “Esta reforma representa un retroceso en términos de derechos humanos”, señaló Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PAN. Las críticas se centran en la preocupación de que la medida pueda exacerbar las violaciones de derechos humanos y fomentar la impunidad, ya que las Fuerzas Armadas han sido objeto de controversia por su actuación en seguridad interna.
Implicaciones constitucionales y económicas
La reforma también toca el artículo 123 constitucional, estableciendo que los miembros de las Fuerzas Armadas, marinos, Guardia Nacional, personal del servicio exterior y agentes del Ministerio Público se regirán por sus propias leyes. Esto abre una discusión sobre la autonomía de estos cuerpos y su relación con las leyes civiles, lo que podría crear un marco legal separado para la rendición de cuentas y las investigaciones de posibles abusos.
En términos económicos, la militarización de la Guardia Nacional implica un costo considerable para el presupuesto público. Según estimaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la asignación de más recursos a la Sedena para fortalecer la GN podría superar los 15 mil millones de pesos en 2024. La pregunta que queda es si esta inversión garantizará una reducción significativa en los índices de violencia o si será un gasto más en un sistema que ha luchado por obtener resultados concretos.
Un debate polarizado
Las reacciones a esta decisión legislativa han sido marcadamente polarizadas. Los partidos de oposición, como el PRI, PAN y PRD, han mostrado una fuerte postura en contra. “No estamos en contra de la Guardia Nacional, estamos en contra de la militarización de la seguridad pública”, afirmó el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por otro lado, el gobierno y sus aliados defienden la reforma como una medida necesaria para enfrentar el poderío del crimen organizado, argumentando que las Fuerzas Armadas han demostrado ser una institución confiable. Según declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “la GN bajo control militar asegura mayor disciplina y eficacia en las acciones de seguridad”.
Riesgos y beneficios
El paso de la Guardia Nacional a la Sedena marca un hito en la historia reciente de México, donde la militarización de la seguridad pública sigue siendo un tema divisorio. Aunque sus defensores sostienen que la reforma permitirá una lucha más coordinada y efectiva contra el crimen organizado, las preocupaciones sobre los derechos humanos, la rendición de cuentas y el costo económico siguen latentes.
El país se enfrenta a una encrucijada en la que debe equilibrar la necesidad de combatir el crimen con la preservación de los derechos civiles y el control democrático sobre las Fuerzas Armadas. La verdadera efectividad de esta reforma solo se podrá medir en el futuro, cuando sus consecuencias comiencen a hacerse visibles en las calles y en las instituciones.
