Toda clase de métodos para terminar autoculpándose fueron narradas por una víctima recién sentenciada. El CERRS Nº 5 de SCLC está en la mira
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]as torturas duraron un par de horas. Bolsas en la cabeza, desnudarlo, vendarle los ojos, acordonarlo y echarle agua por la nariz y la boca, fueron algunas de las agresiones que recibió Miguel Gómez Velasco por parte de las autoridades del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, para que se autoculpara, declaró el recién sentenciado con el propósito de denunciar las injusticias cometidas por este cereso.
Corrupción, violencia, autogobierno, motines, enfrentamientos, detenciones arbitrarias y violencia de derechos humanos, son los sucesos más comunes en los centros penitenciarios tanto de Chiapas como en el país, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, de la organización México Social. El caso de Miguel Gómez es uno de tantos.
«Pero yo sé que no he hecho nada, por eso en ningún momento me declaré culpable aunque me dejaron casi muerto, pero yo resistí la tortura que me hicieron los judiciales», sostiene el preso por medio de una carta publicada en el portal No Estamos Todos. Esto ocurrió hace casi cinco años; en diciembre de 2013 lo detuvieron y lo llevaron hasta la capital del estado para realizarle dichos actos.
La pesadilla no terminó ahí, pues lo trasladaron a una oficina para forzarlo a declarar, pero como se negó, las acusaciones de muerte no se dejaron esperar más. «Me hicieron firmar un montón de papeles ya con textos, por yo no quería firmar, pero nos obligan y así firmé los papeles sin saber de qué se trata y por qué ya tenía el contenido»; al día siguiente ya estaba en el CERSS, relata en la misiva.
Gómez, un campesino que trabajaba sembrando maíz, frijol y café, lleva en ese lugar cuatro años y tres meses, y el jueves pasado fue sentenciado a 45 años de prisión; se le acusa por el delito de secuestro agrabado.
Asegura que fue inculpado de manera injusta debido a dos razones, la primera, porque está seguro de no haber cometido dicha violación; y la otra «es que el secretario, el que me dictó la sentencia, no se basó en las declaraciones mías ni las del ofendido, simplemente lo hizo basándose en su propia idea, no en lo que está en el expediente».
Es por ello que a través de una carta denunció al secretario de acuerdos, Luis Abelardo Castro Cruz, para que sea exhortado o expulsado «porque no sabe nada, solo sirve para hacer injusticias».
Agregó que no hay ninguna prueba en su contra, «no tienen testigos en mi contra, hasta los mismos peritos vinieron a mi favor, no hay ninguna prueba, 100 por ciento están en mi favor por eso yo no entiendo por qué me sentenciaron a 45 años, por eso no me quedaré callado y no les tendré miedo a las amenazas, las malas autoridades pues desde hoy alzo mi voz que ya basta de tantas injusticias», sentencia el inculpado.
En febrero de este año, Germán López, preso del penal número 14, «El Amate», en Cintalapa, denunció a través del portal Espoir Chiapas, que en este lugar no le permiten a las visitas llevar despensa, y el que logra hacerlo es mediante el cobro de un porcentaje –se desconoce el monto–.
Ante esto, López solicita el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional para poder hacer algo al respecto. «¿Me pueden apoyar? si mi visita casi no viene, pero cuando traen algo ahí queda todo afuera del penal. Una vez a mi visita le extorsionaron, le quitaron cuatrocientos pesos, fue el 30 de diciembre del año 2017». En tanto, señaló que los alimentos que reciben son de poca calidad, «la tortilla ya no alcanza, hay internos que se quedan sin tortilla y comida».
Añadió que en «El Amate, hay mucha corrupción, por eso lo declaro ante ustedes, no es justo que hagan esto con las visitas; (…) hay muchos que vienen de otros estados y quitaron la visita; están sufriendo mucho los niños y otros más».
Las peores cárceles
La entidad figura entre los 11 reclusorios reprobados a nivel nacional; marcada en rojo, Chiapas obtuvo una calificación de 5.38, de acuerdo con el reporte «Diagnóstico Nacional de Prevención Penitenciaria» 2016, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los centros visitados por este organismo fueron: CERSS No. 3 de Tapachula, CERSS No. 4 de Tapachula, CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y el CERSS No. 14 «El Amate» en Cintalapa, los cuales tuvieron una evaluación de 5.48, 5.93, 4.77 y 5.33, respectivamente.
Aspectos que garantizan la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos internos con requerimientos específicos, son los rubros que se evaluaron; la mayoría de las cárceles de la entidad obtuvo luz roja.
Este fin de semana, la CNDH informó que de los 109 Centros Penitenciarios de baja capacidad en el país, 48 de ellos afrontan problemas de hacinamiento y sobrepoblación crítica, lo que impide otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social, con base en información del portal Aristegui Noticias.
En el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, se señala que Chiapas tiene cárceles con sobrepoblación crítica; éstas se encuentran en los municipios de Tonalá, Comitán de Domínguez, Villaflores, Playas de Catazajá, Ocosingo y Huixtla.
Corrupción y jóvenes reos
En agosto de 2017, Portavoz informó sobre la situación de corrupción y jóvenes reos de las cárceles de la entidad. En relación al primer punto, las estadísticas mostraron que a nivel nacional, durante 2016, 33.2 por ciento de la población privada de la libertad fue víctima de algún delito dentro del centro penitenciario.
Muy cercana a esa cifra, es la que se registró en el mismo periodo de tiempo, en «El Amate», con 30. 8 por ciento, de acuerdo con los datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016.
Por su parte, la Enpol 2016 también se concentró en identificar a la población privada de la libertad que ha sido víctima de corrupción en alguna o en todas las etapas relacionadas con el arresto, el proceso penal y la reclusión. Chiapas se ubicó en el séptimo lugar de esta problemática, dos lugares arriba de la Ciudad de México.
En cuanto a los jóvenes reos, el estado está posicionado como la entidad número 15 con mayor población juvenil tras las rejas; otra vez, dos peldaños arriba que la Ciudad de México, según el Inegi.
Los datos del instituto señalan que para ese año había 210 mil 991 personas de 18 años y más privadas de la libertad en México. De ellas, el 68.1 por ciento tienen 39 años o menos. En el caso de Chiapas, en el mismo periodo se contabilizaron 6 mil 164 personas de 18 años y más en condiciones de reclusión, de las cuales, 4 mil 178 pertenecen al rango de edad comprendido entre los 18 y 39 años, es decir, aproximadamente más del 66 por ciento de la población penitenciaria.
Después de analizar las cifras, la organización México Social emitió un pronunciamiento en el que consideró que todavía están lejos de reflejarse los efectos del Sistema Nacional Anticorrupción y la puesta en operaciones del nuevo sistema de justicia penal.
De los reclusorios, opinó que se han convertido ya no sólo en «escuelas del crimen», sino en verdaderos centros protegidos para la operación delincuencial del crimen organizado. Con las políticas públicas implementadas, el plan es que «las prisiones funcionen verdaderamente como centros para la rehabilitación y la reinserción social de las personas imputadas».
En el caso exclusivo de Chiapas, en marzo de 2016, la CNDH instó al gobierno estatal a elevar el número de custodios (había 120 elementos para 2 mil 520 reclusos), así como a clasificar a los presos de acuerdo con el artículo 18 constitucional, a fin de erradicar las condiciones de «autogobierno» que imperaban.
