Tras la captura de los exgobernadores Javier Duarte en Guatemala y Tomás Yarrington en Italia, la Iglesia católica pidió adelgazar el sistema político de favores extralegales que permiten la impunidad de la clase política en México
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a captura y extradición de los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa y Tomás Yarrington Rubalcava demuestra la corrupción de la clase política en México, donde la impunidad es el principal ingrediente, aseguró la Arquidiócesis de México.
En su editorial dominical Desde la Fe, la Iglesia católica expresó que los agravios por parte de los exmandatarios son evidentes cuando la opinión pública conoce del patrimonio exorbitante y de los caudales de recursos que lograron para solapar negocios y proteger amigos.
«Los allegados [de los exgobernadores] se beneficiaron de cargos inexistentes, cuentas fantasma, licitaciones o compensaciones a nombre del Estado, sin mayor explicación o transparencia», detalló la Arquidiócesis de México.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Fue localizado y detenido el pasado sábado «con fines de extradición en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá en Guatemala, mientras que Tomás Yarrington, exmandatario de Tamaulipas fue capturado en Florencia, Italia, el 9 de abril.
La Iglesia católica mencionó que en México existe un binomio de corrupción y democracia, los cuales permiten el empoderamiento de los gobernadores corruptos.
Algunas cifras publicadas durante el pasado proceso electoral federal 2012 mencionaban que, para el caso de una campaña para Gobernador, la autoridad electoral habría puesto topes de campaña de entre 40 y 50 millones de pesos; sin embargo, se necesita más recursos para amarrar el cargo. Una campaña ganadora requiere de entre 400 y 700 millones de pesos.
De acuerdo con la Arquidiócesis de México, esto indicaría el «engaño y fraude a la ley para fondearse de recursos ilegales, de fuentes no permitidas, incluso del poder corruptor del crimen organizado, a través de contabilidades dobles, una para la autoridad y otra sólo para los ojos del candidato».
En su editorial, el Episcopado mexicano también arremetió en contra de los partidos políticos, a quienes acusó de complicidad de los gobernadores, pues son ellos quienes los presentan como «hombres y mujeres intachables en los cargos, pero la realidad es diferente».
La Arquidiócesis denunció que en los estados desfalcados y en quiebra económica operaron gobernadores sin contrapeso alguno, y quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos.
La Iglesia llamó a que la corrupción entre los gobernadores no se quede en el «asombro público», sino en reformas electorales.
«Es necesario un cambio de mentalidad para ejercer el servicio público bajo la responsabilidad ética, así como adelgazar el sistema de privilegios, fueros y protecciones extralegales», exigió.
La demanda de la ciudadanía, dijo la Iglesia, «es que los responsables, de ser culpables, reparen el daño y restituyan la riqueza del pueblo por el fraude cometido».
