Está ampliamente demostrado que los países con niveles bajos de democracia y de respeto a la ley tienen mayores índices de corrupción e impunidad. Los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son tres pilares que sostienen la democracia y el Estado de derecho. Partiendo de esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través de labor de fiscalización, contribuye a que en México los recursos públicos sean utilizados conforme al marco legal y en beneficio de todas y todos.
Al igual que otras instituciones, la ASF tuvo que adecuarse a las limitaciones derivadas del brote de COVID-19. Tras evaluar lo fundamental de su mandato, la institución en colaboración con legisladoras y legisladores desarrolló diversas estrategias, entre ellas el Buzón Digital. Esta herramienta hace posible la ejecución de auditorías por medios electrónicos, para que el proceso de fiscalización no se detenga, a pesar de la pandemia.
La semana pasada, la ASF entregó los resultados de 487 auditorías, de 1,364 programadas para revisar la Cuenta Pública de 2019. La institución continúa revisando la Cuenta y, respetando su compromiso con la calidad del trabajo, será en febrero próximo que se darán a conocer los 877 informes individuales restantes. Sin embargo, se puede destacar que hasta el momento la ASF recuperó 738 millones de pesos. Estos recursos ahora se podrán gastar en beneficio de la sociedad.
En términos de combate a la corrupción, la ASF ha iniciado más de 4,900 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Solo en este año se han ganado juicios por un monto de casi 5,000 millones de pesos, que, si bien todavía pudieran admitir alguna impugnación, se está avanzando para ratificar su definitividad. Además, del 15 de marzo de 2018 a la fecha, la ASF ha presentado 117 denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas 2014 a 2018 ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la FGR.
Ahora la fiscalización de la ASF está llegando a instituciones a las que nunca se les había podido auditar. Tal es el caso del INFONAVIT, que como ya he mencionado en este espacio, a partir del fallo de la SCJN el 9 de septiembre pasado dará certidumbre a las aportaciones de los trabajadores.
Insisto en la relevancia para la sociedad mexicana del acto de entrega de estos informes de auditoría, y del trabajo técnico especializado de la ASF. La fiscalización es un ejercicio de evaluación del desempeño de programas y políticas públicas, del buen uso de los recursos, que permite que la población, por un lado, conozca la efectividad e impacto de las instituciones en la realidad social y, por otro, la rendición de cuentas de las autoridades que las dirigen.
