Este 27 de marzo se cumple un año desde que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó por primera vez el estado de excepción que se ha renovado en diez ocasiones desde entonces. La medida suspende el derecho de una persona a ser informada de los motivos de su detención, el derecho a contar con un abogado y autoriza a la fuerza pública a realizar cateos y arrestos. Amparados en ese recurso las autoridades festinan una caída histórica en la cifra de homicidios que en todo 2022 fue de 495.
Durante décadas, El Salvador fue avasallado por el crimen y la violencia atroz encarnados por grupos de pandilleros rivales como la MS-13 o Barrio 18, que exportaron su dominio y su terror a países vecinos, al sur de México y California, al mismo tiempo que se aceitaba la maquinaria de corrupción gubernamental. Desde el 2000, todos los mandatarios han sido procesados o acusados de malversación de fondos públicos entre ellos reconocidas figuras del FMLN.
Ese terreno fue prolijo para la llegada de un personaje controversial. Nayib Bukele se propuso desde que fue alcalde de la capital salvadoreña (a la que llegó con el respaldo del FMLN) combatir todo aquello que a su juicio laceraba a la agobiada población de ese país de 6.3 millones; y sus compromisos los anunciaba exultante en las redes sociales convertidas en la base de su amplio apoyo social y plataforma ideal de su proyección.
La guerra declarada por el presidente Bukele contra las maras no es una guerra, porque no registra enfrentamientos prolongados o resistencia de aquellas, pero abatió significativamente la violencia al capturar a 64 mil personas acusadas de ser integrantes o colaboradores de las pandillas de las cuales 57 mil tienen detención provisional dictada por un juez. Organismos defensores de derechos humanos han denunciado los métodos adoptados, al documentar detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, violaciones al debido proceso y tortura de presuntos culpables, la mayoría en condición de pobreza.
Un 90% de la población salvadoreña aprueba el proceder y los métodos del mandatario de 41 años que ha anunciado su reelección el próximo año cuando concluye el quinquenio para el que fue electo, algo explícitamente prohibido por la Constitución. Previamente, en mayo de 2021 destituyó al fiscal general y a los jueces de la Suprema Corte. Su reciente éxito ha sido la apertura de un fastuoso centro de reclusión con capacidad para 40 mil internos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
La estrategia de seguridad ha traído resultados evidentes, pero a cuenta de la democracia y los derechos humanos. Se requiere un modelo alternativo que no los socave.
