«Bullying», una ineludible realidad en las escuelas

Los datos que se recabaron también demuestran que en el país, cinco de cada 10 menores de edad afirman que en su escuela se discrimina a diario. Asimismo, reveló que los métodos correctivos fueron aplicados en el caso del 63 por ciento de los encuestados

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]N[/dropcap]iñas y niños de Chiapas forman parte del 63 por ciento de la población infantil en México que admitió haber sufrido algún tipo de violencia, según los resultados de una encuesta efectuada por medio de la plataforma digital «Participa», elaborada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los datos que se recabaron también demuestran que en el país, cinco de cada 10 menores de edad afirman que en su escuela se discrimina a diario. Asimismo, reveló que el golpe o jalón de pelo se utilizó como método correctivo en el caso del 63 por ciento de los encuestados.
Respecto al ejercicio, se explicó que el cuestionario estaba integrado por 15 preguntas: cuatro de datos sociodemográficos y 11 de temas como discriminación, discapacidad, participación, salud y migración.
El propósito fue conocer las opiniones de la población de 6 a 17 años de edad; por ello, recibieron 27 mil 640 opiniones provenientes principalmente de los estados de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chiapas.
De esos miles, el 57 por ciento se trataba de estudiantes del cuarto al sexto año de primaria. Además, el 40 por ciento opina que la principal causa de la discriminación en sus entornos es por el tono de piel; 24, por vivir con alguna discapacidad; y el 16, por pertenecer a un grupo indígena.
De acuerdo la información replicada por la organización Servicio Especial de la Mujer, el 50 por ciento de los encuestados dijo haber sido molestado con palabras ofensivas, amenazantes o con violencia física, principalmente por otras y otros compañeros del entorno escolar.
En el tema migratorio, el 72 por ciento indicó que la mayor necesidad en infantes mexicanos que vienen de Estados Unidos es ser tratados con amabilidad. Sobre la discapacidad, 45 por ciento considera que los problemas que enfrentan quienes viven en esta condición es porque a las personas no se les ha enseñado a convivir con ellas y ellos.

Especialistas opinan

En el año 2011, el docente investigador de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), campus Chiapas, Ezequiel Becerra Celis comentó ante medios que con base en datos de la misma Secretaría de Educación, en el 95 por ciento de las escuelas de la entidad y en el 95 por ciento de los estudiantes se presentaba el fenómeno del acoso escolar.
No obstante, en esa ocasión admitió que la cifra podría ser mayor debido a los casos desconocidos y no denunciados; así como que la presencia de esta problemática se había detectado de forma «marcada» en las escuelas secundarias y preparatorias del estado.
Comentó que del total de niñas y niños que sufren bullying, el 70 por ciento desarrolla problemas serios como cambios drásticos en sus emociones y autoestima; en el peor de los casos, recurren al suicidio.
«Esto tiene consecuencias hasta de muerte, podemos ver que un niño que está afectado con este tipo de problemas puede llegar hasta el suicidio, existen datos documentados (…) El año pasado en una secundaria, un niño fue víctima del bullying; al no encontrar una salida, se colgó», relató.
Respecto a las características del acoso escolar, explicó que se da en cualquier contexto del inmueble educativo y sobre todo cuando la víctima está sola (no hay figuras de autoridad); de ahí que incluso los docentes ignoren la existencia del problema.
En agosto de 2015, mediante comunicado emitido por la Comisión Estatal Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el ombudsman Juan Óscar Trinidad Palacios dio a conocer un incremento en las denuncias sobre esta problemática suscitada en instituciones educativas.
Enfatizó: «Cualquier tipo de violencia que se presente en las aulas escolares, sin duda alguna lacera a la sociedad; preocupa y ocupa a cada una de las instancias involucradas, porque el bullying pone en riesgo los derechos humanos de niñas y niños».
Destacó también la importancia de la unión de esfuerzos entre padres, maestros, instituciones y los propios alumnos para combatir la situación mediante la aplicación de valores como la tolerancia, la paz, la igualdad de género y la convivencia.
En marzo de este año, la fundadora y representante legal de la Organización por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, aseveró en entrevista para la prensa local que el acoso de tipo escolar y sexual van en aumento en las instituciones de diferentes niveles educativos, al menos en la región Soconusco.
Acusó de insuficiencia y disfuncionalidad en los programas implementados por la Secretaría de Educación para contrarrestar la problemática. Como organismo, refirió que habían atendido a la fecha 20 casos de estos tipos de acoso —que se manifestaban en expresiones como golpes, tocamientos e insultos— y que incluso se han presentado en el nivel preescolar.
«Son muchos datos de niños que han sido violentados, nosotros hemos acompañado a unos 20 casos, aunque pueden ser más porque hay otras organizaciones de apoyo», declaró.

Algunos casos

En octubre del año pasado, la propia CEDH inició la queja CEDH/0672/2016 por las probables violaciones a los derechos humanos de la niñez, luego que el caso de bullying de un niño en una escuela de Comitán resonara a nivel nacional. Los padres del menor afectado presentaron una denuncia ante la fiscalía correspondiente, para comenzar las investigaciones.
Según documentaron los medios, niños de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria «Dr. Belisario Domínguez» utilizaron una tijera para provocarle una cortada en la lengua a un estudiante de tercero, tras acorralarlo en los sanitarios de la institución.
El organismo protector de los derechos humanos intervino y emitió la medida precautoria CEDH/VACOM/MP/017/2016, con el objetivo de solicitar a la Secretaría de Educación del estado que protegiera la integridad física y psicológica del menor agraviado, a fin de evitar hechos de difícil o imposible reparación.
Hace dos meses, el director y dos profesoras de la Escuela Primaria «Emiliano Zapata Salazar» —ubicada en Chicoasén— debieron ofrecer disculpas públicas a tres niños, cuyos derechos fueron violentados. La madre de uno de ellos no aceptó pues consideró que se trató de un acto oficioso y porque no hubo real arrepentimiento por parte de los docentes que incurrieron en daños psicológicos.
La recomendación CEDH/11/2016-R asienta que los profesores mencionados promovieron agresiones físicas y una campaña pública contra los estudiantes, entonces de entre 9 y 11 años de edad.
El organismo recomendaba como parte de la reparación del daño, que los docentes ofrecieran la disculpa pública, por lo que el evento se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Educación.
Respecto a los hechos suscitados en diciembre de 2016, niños de cuarto grado le rompieron la mochila a otro en presencia de la profesora identificada como Teresa de Jesús Ordoñez Morales; a esta agresión le antecedieron actos discriminatorios consecutivos y agresiones verbales. La causa: la víctima tiene problemas de pronunciación.
«La maestra se burló durante mucho tiempo de mi hijo, poniéndolo en ridículo con sus demás compañeros, de igual manera el propio director de la Escuela Primaria, Alejandro Salazar Trinidad, quien ante mi reclamo amenazó con suspenderlo», explicó la mamá ante los medios.
Antes de este caso, en 2014 el director promovió actos violatorios contra unos hermanos que entonces cursaban el quinto año de primaria. En la queja asentada ante la CEDH se lee: «La maestra Esther Raymundo Córdova acusó a Arturo de agresivo. Lo mismo hizo con mi hija, sólo por el hecho de ser hijos de militares», explicó que en su queja ante la CEDH, la madre de los niños.
Además, según relata, el director y una docente promovieron agresiones físicas contra su hijo entre los demás estudiantes, quienes lo golpearon reiteradas veces.
Para el organismo protector de derechos humanos, el personal de la institución —además del ejercicio indebido de la función pública— violó el derecho de los tres menores a tener un trato digno, a la no discriminación, a la educación y a la protección de su integridad física y psicológica.

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