El 70% de las denuncias por violencia contra mujeres en Tapachula son abandonadas por las víctimas debido a la lentitud y falta de recursos en la Fiscalía y el Centro de Justicia para la Mujer. A pesar de la alerta de género activa desde 2017, los feminicidios y la violencia no han disminuido
Aquínoticias Staff
En Tapachula, Chiapas, las víctimas de violencia enfrentan una lucha no solo contra sus agresores, sino también contra un sistema judicial lento e ineficaz. Según datos de la organización Por la Superación de la Mujer, apenas el 30% de las mil denuncias anuales de violencia contra mujeres logran integrarse en una carpeta de investigación. La razón principal: la burocracia persistente en la Fiscalía General del Estado y en el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM).
Elsa Simón Ortega, fundadora de esta organización con más de 28 años de experiencia, destacó que las mujeres en Tapachula han comenzado a denunciar con mayor frecuencia, pero las autoridades no están a la altura de esta demanda. «El proceso puede tardar más de tres meses debido a la falta de personal, lo que desmotiva a las víctimas a seguir adelante con sus denuncias», explicó.
El CEJUM, creado hace dos años, busca ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de violencia, pero su ubicación y funcionamiento presentan serios obstáculos. Las víctimas deben recorrer más de 20 kilómetros en condiciones inseguras para ratificar denuncias o dar seguimiento a sus casos, y la atención que reciben suele ser insuficiente.
«Es urgente que las autoridades generen mejores condiciones de acceso a la justicia», señaló Simón Ortega. Según la activista, la ineficiencia del CEJUM y la Fiscalía deja a las víctimas en un limbo, incrementando el riesgo de revictimización.
Chiapas cuenta con una alerta de género activa desde 2017, que abarca a Tapachula y otros seis municipios. Sin embargo, lejos de disminuir la violencia, los índices de feminicidios y agresiones se mantienen constantes.
Simón Ortega calificó la alerta de género como inoperante: «No existe un programa claro de acciones, no hay recursos para patrullas especializadas, ni campañas de prevención. Todo se ha quedado en buenas intenciones.» Según datos de la organización, Tapachula registra al menos un feminicidio al mes, un reflejo de la insuficiencia de las políticas públicas.
Además de la ineficacia en la atención, la prevención es otro aspecto desatendido. «Se necesita trabajar con las familias y comunidades para frenar este flagelo desde la raíz, pero para eso hacen falta recursos y compromiso político», afirmó Simón Ortega.
Para las mujeres que logran acceder al sistema de justicia, el proceso es tedioso y desgastante, lo que genera una alta tasa de abandono de las denuncias. Este panorama no solo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje peligroso a los agresores: la violencia no será castigada.
Con información de Diario del Sur
