La ley que prepara el Gobierno también pretende prolongar el periodo de prescripción de los delitos sexuales contra menores y definir una edad mínima de consentimiento
Agencias
[dropcap]¿[/dropcap]En qué momento una acción como silbar a una mujer, lanzarle un piropo o seguirla por la calle deja de ser algo solo potencialmente incómodo o maleducado para convertirse en un acoso sexual punible? Eso es lo que el Gobierno de Emmanuel Macron quiere consultar a los ciudadanos, para legislar sobre ello y penalizar el acoso en la calle. La secretaria de Estado para la Igualdad entre los hombres y las mujeres, Marléne Schiappa, ha anunciado este lunes los planes del Ejecutivo francés para presentar en 2018 un proyecto de ley «contra la violencia sexista y sexual» que castigue esos actos. La normativa también prevé prolongar el periodo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra menores de 20 a 30 años y definir una edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales.
El primer paso comienza este mismo lunes. Según ha anunciado Schiappa en el diario La Croix, el Gobierno ha lanzado una «gran consulta ciudadana» sobre la materia. La idea, explica en el rotativo, es que «la sociedad en su conjunto redefina qué es aceptable y qué no» en materia de acoso sexual en la calle, una cuestión que se encuentra en una «zona gris entre la seducción consentida y la agresión sexual o la injuria pública», como señala en la web de su Secretaría.
Para ello, los ciudadanos podrán ayudar a redactar el texto legal a través de los 300 talleres organizados por todo el país hasta el 8 de marzo —día internacional de la mujer— del año que viene en el marco de una iniciativa denominada Tour de Francia de la igualdad, lanzado a comienzos de mes. En paralelo Schiappa, que elaborará el proyecto de ley junto con la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha abierto un diálogo con actores relevantes de la sociedad, desde magistrados a policías. Y también ha creado un grupo de trabajo parlamentario sobre «la verbalización del acoso de la calle» formado por cinco diputadas de diversos partidos que deberán elaborar un informe antes de fin de año en el que propongan una definición de acoso sexual en la calle y maneras de penalizar este comportamiento.
