Estas prácticas que son causadas históricamente por grupos paramilitares por disputadas agrarias o conflictos post electorales, afectan los derechos humanos de las familias desplazadas
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
El desplazamiento forzado interno en Chiapas, es un problema que ha existido desde años atrás, pero que sexenio tras sexenio no se logra erradicar. Actualmente, los problemas entre pobladores del municipio Aldama y Chenalhó no cesan, de acuerdo al reporte del Centro de Derechos Humanos (Frayba), 28 personas han resultado heridas y seis han perdido la vida por armas de fuego durante ataques a comunidades de Aldama en dos años y medio
Ante ello, el diputado federal independiente Carlos Alberto Carlos Morales, aseguró que se discute una iniciativa que busca castigar a quienes causen desplazamiento interno forzado con una pena de 8 a 15 años de prisión.
Dijo que la finalidad es inhibir estas prácticas que son causadas históricamente por grupos paramilitares por disputadas agrarias o conflictos post electorales, que afectan los derechos humanos de las familias desplazadas que siempre se quedan sin derecho a la salud, educación o un lugar donde vivir.
«Este asunto, no tiene un castigo, realmente lo que se pretende aquí es que se penalice a la gente que actúe en favor de estos desplazamientos o provoque estos desplazamientos, eso es lo que estamos viendo, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores», expresó el diputado independiente.
Actualmente no se tiene un censo de cuántas familias desplazadas existen en Chiapas; los principales municipios donde se ha presentado este fenómeno social son Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, Ocosingo y Zinacantán, en donde cientos de personas no han podido retornar a sus viviendas, perdiendo no sólo su patrimonio, sino sus costumbres y sin tener un acceso real a la salud o educación.