De acuerdo con la próxima consejera jurídica de la Presidencia, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial podría causar una crisis. Tendrían que declarar «inconstitucional» a la propia Constitución si quieren revertir la reforma, aseguró
Aquínoticias Staff
La reciente reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión ha encendido el debate en México, desatando tensiones entre los tres poderes del Estado. La senadora Ernestina Godoy, quien se convertirá en consejera jurídica de la Presidencia el próximo 1 de octubre, advierte sobre el riesgo de una «confrontación» entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide dar curso a las impugnaciones contra la reforma.
En una entrevista con Proceso, Godoy afirmó que las vías legales para revertir la reforma judicial están cerradas y llamó a la calma: “Yo lo que pediría es que todo mundo se serene”. Sin embargo, el escenario está lejos de ser pacífico, y tanto el Poder Judicial como la oposición se preparan para llevar la disputa a la SCJN.
Una reforma controvertida
La reforma judicial, impulsada por la mayoría legislativa de Morena, ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Mientras el gobierno la presenta como un paso necesario para fortalecer la justicia en el país, la oposición y diversos actores del Poder Judicial consideran que vulnera la independencia del sistema judicial, abriendo la puerta a una mayor influencia política en las decisiones de los jueces.
Uno de los principales puntos de tensión radica en la posibilidad de que la SCJN revise la constitucionalidad de la reforma. Para que esto ocurra, la Corte tendría que declarar inconstitucional el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prohíbe la interposición de juicios de amparo contra reformas constitucionales. Según Godoy, esto sería una movida arriesgada por parte de los ministros de la SCJN: “Vamos a ver si se atreven a declarar inconstitucional algo así”.
El pasado miércoles, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, inició un proceso de consulta con el pleno del tribunal para determinar si es posible admitir las controversias constitucionales presentadas por jueces y magistrados federales. El caso fue asignado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá presentar un proyecto de resolución en las próximas semanas.
El debate jurídico
Para Godoy, la reforma judicial es «irreversible», pero reconoce que la SCJN podría optar por revisar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por aquellos que se sienten vulnerados. “Ahora quieren invalidar todo, pero hay que ir viendo caso por caso”, comentó la senadora, quien también es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
En contraparte, figuras políticas de la oposición como el senador independiente Manlio Fabio Beltrones, ven con optimismo las posibilidades de impugnar la reforma. Beltrones, un veterano legislador que fue marginado de la bancada del PRI, asegura que los caminos jurídicos siguen abiertos: “Los partidos tienen derecho de hacer uso de su facultad e ir a una acción de inconstitucionalidad”, y subrayó que habrá una “lluvia de amparos” individuales por parte de jueces y magistrados.
La polémica también resuena en otros países. En Colombia, por ejemplo, el Poder Judicial ha revertido reformas estructurales por considerarlas inconstitucionales. Aunque Godoy desestimó la posibilidad de que la SCJN tome una acción similar en México, este antecedente internacional refuerza la preocupación de que la reforma judicial podría ser declarada inconstitucional.
¿Crisis Constitucional en Puerta?
La posibilidad de una crisis constitucional es latente. Godoy ha advertido que un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo, con el Ejecutivo como protagonista, no beneficia a nadie: “A nadie le conviene una crisis constitucional en el país”. Sin embargo, la ministra Norma Piña y otros magistrados han dejado abierta la puerta para que la Corte analice las controversias y determine su viabilidad.
La senadora Godoy considera que este proceso judicial tiene el potencial de escalar en un conflicto entre poderes, algo que podría debilitar las instituciones democráticas del país. No obstante, desde la SCJN, parece haber voluntad de dar curso a las demandas. En última instancia, será el tribunal quien decida si la reforma judicial puede o no ser impugnada.
Por su parte, Godoy señaló que las preocupaciones de los jueces sobre los cambios en la estructura del Poder Judicial son, en su opinión, infundadas. La reforma, según ella, está diseñada para hacer más eficiente el sistema judicial y no para debilitar la independencia de los jueces. No obstante, la decisión de la SCJN será clave para determinar el futuro de esta controvertida reforma.
Un país polarizado
El debate sobre la reforma judicial ha evidenciado la polarización política en México. Mientras Morena y sus aliados defienden la necesidad de los cambios para mejorar la justicia, la oposición y diversos sectores judiciales argumentan que se trata de un intento por debilitar la autonomía de los jueces y concentrar más poder en el Ejecutivo.
En este clima de tensión, las palabras de Godoy resonaron como un llamado a la prudencia, aunque también advirtieron sobre la gravedad de lo que está en juego. Si la SCJN decide admitir las controversias constitucionales y amparos individuales, México podría estar encaminándose a un choque sin precedentes entre sus poderes del Estado.
El desenlace dependerá en gran medida de las decisiones que tome la SCJN en las próximas semanas. Mientras tanto, el país observa con atención y preocupación cómo se desarrolla esta batalla política y legal, que podría redefinir el equilibrio de poderes en México.
