El gobierno federal tira el dinero público a la basura con campañas fallidas sin que nadie se responsabilice, advierten expertas
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Aquínoticias
Ciudad de México. Las mujeres merecemos ser representadas en las campañas oficiales de comunicación sin estereotipos y con información sobre nuestros derechos, por lo que es preocupante que se gaste dinero público en campañas fallidas y revictimizantes sin que nadie se responsabilice por ello, coincidieron expertas en derechos de las mujeres y estudios culturales.
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAVLV) establece la obligación del Estado mexicano de diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el número de víctimas y agresores; difundir campañas que informen sobre las áreas a las que deberán recurrir las víctimas para presentar una denuncia; e impulsar campañas permanentes de comunicación social que sensibilicen y prevengan la violencia de género, roles, estereotipos y cualquier otra conducta que genere discriminación en contra de las mujeres.
Cimacnoticias entrevistó a las expertas en género y estudios culturales y de comunicación, Lucía Melgar Palacios y Adriana Sáenz Valadez, al respecto de este tema y de cómo son representadas las mujeres en las recientes campañas oficiales del gobierno mexicano para prevenir la violencia familiar.
Una campaña de comunicación debe ser coherente y ésta no lo es, explicó la doctora en Letras por la Universidad de Chicago y especialista en los derechos de las mujeres, Lucía Melgar Palacios. El problema va más allá del contenido de los spots, ya que por un lado las autoridades les dicen a las mujeres que les creen; por el otro, el presidente de México dice que la violencia familiar no ha aumentado y las llamadas al 911 son falsas; y, por otro lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabiliza a las mujeres de su protección en sus declaraciones a la prensa.
«Si bien los cambios que se hicieron la semana reciente a la campaña «Cuenta hasta 10″ son mejores, la realidad es que la estrategía sigue siendo equivocada porque el llamado de las comunicaciones oficiales es a llamar al 911 cuando no se sabe qué seguimiento se da a las llamadas y que hay muchas mujeres que, por sus circunstancias y el confinamiento, no pueden llamar. Esto es algo muy común en las agresiones: los agresores controlan las telecomunicaciones de sus víctimas, no las dejan hacer llamadas y les quitan el teléfono», criticó Melgar.
Te invitamos a leer: Víctimas de violencia rechazan campaña «Cuenta hasta 10»
El otro punto de preocupación para la investigadora es que con estas campañas fallidas, el gobierno federal tira el dinero público a la basura sin que nadie se responsabilice, cuando lo que se ha documentado durante esta pandemia es que no hay suficientes recursos para la prevención de la violencia, los refugios y las Casas para las Mujeres Indígenas.
Con las campañas de comunicación, dijo la experta, «las autoridades no nos están haciendo un favor. Nosotras tenemos derecho a que no nos estén cargando estereotipos, pero los spots (de las campañas federales) que se hagan con publicistas permeadas por igualdad de género, con buenos actores y actrices, que hablen bien y que nos dejen de poner a mujeres golpeadas. La mujer tiene derecho a que la representen de manera autónoma, sin ser agresiva, y hablarnos como iguales, ciudadanas y no como personas tuteladas. También tienen que hablar de la obligación de los gobiernos y los hombres de respetar los derechos de las mujeres».
Melgar recordó que estos criterios están establecidos en la Convención Belem Do Para y la CEDAW, instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio para México y agregó: «El otro error es que, como campaña de prevención, ésta debió salir antes de que iniciara el confinamiento en México. No son las mujeres las que han normalizado la violencia (como hace ver la campaña), son las autoridades y los gobiernos que no se han atrevido a cambiar la educación ni a ponerle límites a las grandes televisoras que normalizan la violencia todos los días».
No obstante, para la académica la responsabilidad del Estado para prevenir la violencia va más allá de las campañas de comunicación y tiene que ver con importantes rezagos de administraciones anteriores en generar una política integral que incluya educación, servicios, dinero para refugios un sistema de justicia funcional y búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
«No basta con llamar a denunciar, se tiene que garantizar que el personal les va a atender, que sirvan las Fiscalías. Hay un montón del trabajo que no se hizo en el pasado, ahorita es muy poco que pueden hacer, pero lo que podrían hacer es no revictimizar con campañas estigmatizantes», expresó.
Por su parte, la académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la UAM, Adriana Sáenz Valadez, coincidió en que la inconsistencia entre el mensaje de la campaña y las declaraciones del Presidente y la Secretaria de Gobernación desestimula la posibilidad de las llamadas, lo que contradice el objetivo.
El otro error, de acuerdo con la también doctora en Humanidades y experta en análisis de género, es que la expresión «Contar hasta 10» es un recurso muy viejo, y las imágenes en color sepia hacen ver que la violencia es cosa del pasado, pero la violencia contra las mujeres es actual y el gobierno tiene responsabilidad.
Sáenz también criticó que la campaña se centra en atender la consecuencia, no la causas, como la difusión de las acciones preventivas para evitar que una persona se convierta en agresora; a esto se suma que la campaña carece de variables interseccionales, como la representación de personas indígenas, con discapacidad y de diferentes edades y condiciones sociales, lo que haría a la población sentirse identificadas.
Para la académica, los anuncios de comunicación –obligatorios para México– pueden ser un gran mecanismo para capacitar a las personas para proveerse de recursos que les brinden autonomía.
«Muchas personas viven violencia y aceptan vivirla porque tienen mucho miedo de poderse hacer cargo de su sustento, los mensajes tienen que ser más propositivos, abiertos y considerar la diversidad de las personas de nuestro país», expresó.
