En su «Declaración 3 de 3 contra la violencia de género» los candidato mintieron
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de tres candidaturas a diputaciones federales que presentaron información falsa en su «Declaración 3 de 3 contra la violencia de género», en particular por cometer actos de violencia política contra las mujeres.
En la sesión de este 26 de mayo, la consejera Consejera Carla Humphrey Jordan, dijo que se canceló la candidatura de Manuel Guillermo Chapman Moreno, Raúl Tadeo Nava y Ana Elizabeth Ayala Leyva por incumplir con el requisito de modo honesto de vida, «calidad indispensable para ocupar una candidatura».
La decisión se tomó después de que el Grupo Interdisciplinario, encabezado por la Secretaría Ejecutiva del instituto e integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, hizo una revisión muestral de las declaraciones presentadas por las y los candidatos.
La declaración, conocida como «#3De3VsViolencia», es un documento que fue entregado a la autoridad electoral en el que, quienes buscan una candidatura, aseguraron bajo protesta de decir verdad no tener condena o sanción por violencia familiar y/o doméstica; delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o no ser deudores alimentarios.
Tres personas presentaron información falsa
El Consejo General del INE resolvió cancelar las candidaturas de tres aspirantes a diputados federales por tener una sentencia por violencia política contra las mujeres, de acuerdo con información de tribunales electorales.
Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien se presentó como candidato a diputado federal por Morena, fue presidente municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa, cargo desde el que ejerció violencia política y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.
Lo anterior, de acuerdo con la sentencia TESIN-JDP-21-2019, en la que no se impusieron sanciones, pero sí medidas de protección y restitución, las cuales no fueron cumplidas. La infracción fue confirmada en la sentencia SG-JE-37/2019 de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los actos tuvieron lugar durante el periodo inmediato anterior al que se postuló para otro cargo de elección popular y se perpetuaron desde 2018 hasta por lo menos el inicio del actual proceso electoral.
En el caso de Ana Elizabeth Ayala Leyva, también abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia, la autoridad encontró que cuando se desempeñaba como tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome, en el estado de Sinaloa, también ejerció violencia política en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.
La tercera candidatura cancelada fue la de Raúl Tadeo Nava, postulado por el Partido del Trabajo, quien fue presidente municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, desde donde ejerció violencia política contra de la síndica, María Paola Cruz Torres, quien de acuerdo con una denuncia en el Tribunal Electoral, impidió a la funcionaria realizar tareas propias de la sindicatura municipal, como representar legalmente al Ayuntamiento en todos los asuntos.
Tadeo Nava excluyó a la funcionaria de la toma de decisiones, toda vez que no se le convocó a sesión de cabildo; ejerció bloqueo económica en su contra; le impidió tener personal a su cargo; e hizo expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer.
En la Sentencia TEEM/JDC/443/2018-2 fue amonestado públicamente pese a haber sido emplazado a juicio, en ese entonces no acudió a combatir los hechos por los cuales se le denunció. Los actos tuvieron lugar desde 2015 y se perpetuaron al menos hasta 2018; es decir, hace no más de tres años.
No hubo revisión total de las declaraciones
La consejera Carla Humphrey Jordan, lamentó que se haya realizado sólo una revisión muestral pese a que su propuesta fue hacer una revisión total de las declaraciones de todas las candidaturas. «Queda la duda si alguna de las personas registradas no debieran serlo» o es posible que una persona violentadora tome posesión de un cargo desde el cual seguirá violentando mujeres.
El Grupo Interdisciplinario requirió información a 156 autoridades de las 32 entidades federativas, de una muestra de mil 177 personas -822 hombres y 355 mujeres- de las 6 mil 962 registradas a una candidatura a diputación federal por ambos principios de elección, propietarias y suplentes, inscritas en el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas.
En su intervención, la consejera Dania Ravel Cuevas detalló que, en el ámbito federal se consultó a cuatro instituciones: la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
En el ámbito local se requirió información a las autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia; a las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales locales; al Registro Estatal de Deudores Alimentarios, al Tribunal Superior de Justicia de todas las entidades federativas, sobre resoluciones firmes, relacionados con delitos descritos en la #3De3VsViolencia.
Cabe decir que la crítica de organizaciones y colectivos feministas es que uno de los parámetros de la «»3 de 3″» fue pedir sentencia firme para negar una candidatura, a pesar de que no todos las denuncias de violencia de género llegan a tener resolución firme contra los agresores.
