A pesar de que el Ayuntamiento tuxtleco señaló en su primer informe que invirtió al menos 178 millones 778 mil 162 pesos en infraestructura vial, empresarios denuncian que hasta la fecha no se les ha pagado ningún adeudo
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]U[/dropcap]n monto de al menos 178 millones 778 mil 162 pesos ha invertido el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en infraestructura vial en lo que va de la actual administración; no obstante, empresarios constructores han denunciado que hasta la fecha, no se les ha pagado ningún adeudo, como presumió Fernando Castellanos Cal y Mayor en su Primer Informe de Gobierno.
De acuerdo con el evento donde se presumió lo correspondiente al primer año de gestión, para el mantenimiento de las vialidades se otorgaron 33 millones 585 mil 336 pesos; y se invirtieron otros 12 millones 103 mil 570 pesos para la construcción del puente vehicular sobre la Calzada de las Etnias. A estas cifras se le suman los 26 millones de pesos etiquetados para 11 obras de pavimentación de calles con concreto hidráulico, que se gestionaron con el programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece-ramo 23) 2016, a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
Además, que este año se gestionaron 38 millones 849 mil 256 pesos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la construcción integral de vialidad en la colonia Granjas Oriente (Kilómetro 4); y con el programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016, se tramitaron 68 millones 240 mil pesos para la realización de diversas obras.
Según el apartado de Transparencia Fiscal de la página web del gobierno municipal, en 2015, de los 43 contratos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM-ramo 33), había uno asignado a obra pública; los demás eran para rehabilitación de drenaje sanitario y agua potable.
Mediante sesión extraordinaria de cabildo el 2 de octubre de 2015, el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez autorizó 2 millones 141 mil 514 pesos del FISM; más 188 mil 789 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y 108 mil 110 pesos del FISM 2013 para la pavimentación de calles con concreto hidráulico, que también contemplaba rehabilitación de drenaje sanitario y agua potable en la colonia Industrial.
En el Primer Informe municipal se habla de al menos ocho proyectos similares (de 78 efectuados) en varias colonias, pero en mayo de este año se publicaron sólo tres actas de fallo de licitación por concepto de bacheo de calles, solicitud de material de construcción y reparación, así como mantenimiento de alcantarillas respectivamente; dos solicitadas por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, y otra por la Secretaría de Administración.
Las obras fueron asignadas a «Comercializadora, Suministros Materiales OP del Sur, S.A. de C.V.», por un importe de 828 mil 665 mil pesos; «Construobras, Arrendadora y Perforadora, S.A. de C.V.», por 451 mil 85 pesos; «Integradora de Servicios Tuxtla», por 288 mil 927 pesos; «Comercializadora y Arrendadora del Sur», por un primer monto de 499 mil 349 pesos y un segundo de 552 mil 795 pesos; y a «Comercializadora de Materiales Las Granjas» por 781 mil 233 pesos.
No obstante estos datos contenidos en las actas que obran en poder de Portavoz, de las empresas antes mencionadas, sólo «Comercializadora y Arrendadora del Sur» es mencionada tres veces en el formato concentrado de Licitaciones de Adquisiciones publicado por el Gobierno de la Ciudad 2012-2015.
Pese a estos montos invertidos en obra pública en lo que va de esta administración que preside Fernando Castellanos Cal y Mayor, constructores locales —que se hallan en número rojos y pidieron omitir su nombre con la esperanza del pago— denunciaron que las obras presentadas en el primer informe no les han sido saldadas; afirmaron que ellos financiaron los trabajos ante promesa de pago pero jamás les reingresaron el dinero.
Explicaron que desde el interior del Ayuntamiento se ha constituido una alianza entre el director de Infraestructura del Ayuntamiento, Erwin Rabaza Suárez, y quien fuera coordinador de Enlace Interinstitucional en la administración de Toledo Córdova, Mauro Alvarado Albores, para designar los recursos etiquetados para los trabajos de construcción a empresas emergentes que retoman las obras.
Relataron que ellos comenzaron los trabajos pero del Ayuntamiento les dejaron de pagar así que las compañías quedaron al borde de la quiebra, sin poder continuar las obras que ya presentaban un avance significativo en muchos casos; cuando las empresas dejaban los trabajos por falta de recursos, aparecían en el mapa estas otras compañías que retomaban las actividades hasta concluirlas y aunque sólo se encargaran del 10 o 20 por ciento pendiente, se les saldaba la obra como si la hubieran hecho completa. Esta estrategia para «secar» a los constructores locales funciona desde la administración de Toledo, aseveraron, y continúa con Castellanos, a quien le tienen secuestrado el pago de las obras que presume.
Mauro Alvarado Albores ya ha estado implicado en acusaciones de desfalcos. En redes sociales, circuló un memorándum número SFP/SSJP/DPyRP/DVS/02839/2012, en el que el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social informaba del curso de las investigaciones implementadas, luego que se diera a conocer que Alvarado Albores —entonces jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de esa misma dependencia— dispusiera mediante cheque de un millón 44 mil 904 pesos que no habían sido comprobados.
De esos recursos, 106 mil 141 pesos correspondían al proyecto «Apoyo al Ingreso Temporal y Generación de Fuentes Productivas para la Población en Situación de Riesgo por Contingencia», del campamento San Isidro Las Banderas, en el municipio de Pantepec; el dinero nunca se depositó.
Asimismo, mientras fungió como coordinador de Enlace Interinstitucional en la administración pasada, se le acusó de estar detrás —junto con Toledo Córdova— del otorgamiento de un contrato millonario al Centro Médico «Malibú» para la prestación de servicios médicos al personal del Ayuntamiento, a pesar que este lugar no contaba con los requerimientos para tal fin, documentó la prensa local en mayo del año pasado.
Respecto a la situación de los constructores, en septiembre de este año, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, José Luis Acosta González, confirmó que existen adeudos a constructores en la entidad aunque desconocía la cifra exacta de los afectados. Hizo estas declaraciones luego que representantes de la Industria de la Construcción desmintieran la información acerca del supuesto pago por 25 millones 714 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Industria Estatal y Municipal. Los constructores denunciantes aún guardan la esperanza de que la actual administración salde los adeudos que mantienen incluso desde el ejercicio pasado.
