Cefereso 15, propenso al maltrato y la tortura

Persisten violaciones a los derechos de recibir un trato humano y digno; y a la protección de la salud. En el primer caso, porque la cantidad de los alimentos ofrecida a los reclusos es insuficiente; y en el segundo, debido a que la certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad de nuevo ingreso se practica sin condiciones de privacidad, en presencia de elementos de seguridad

Julieth Rodríguez/Portavoz

[dropcap]U[/dropcap]no de los seis Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) del país, en los que persisten 15 situaciones que constituyen factores de riesgo para que se presenten casos de tortura o maltratos contra los internos, se ubica en Chiapas.
Se trata del Centro Federal de Readaptación Social número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, que junto con el 11, de Hermosillo, Sonora; el 12, de Ocampo, Guanajuato; el 13, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; el 14, de Gómez Palacio, Durango; y el 16 (para mujeres) de Cuatlán del Río, Morelos, son aquellos donde se mencionan violaciones a garantías fundamentales.
Estos fueron los resultados que arrojó el informe de seguimiento sobre las condiciones de los Cefereso, dado a conocer el miércoles por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con los datos retomados por La Jornada, «prevalece insuficiencia de personal técnico, de seguridad y custodia; no hay actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas ni deportivas, es irregular la realización de llamadas telefónicas, y la comida es insuficiente».
A este informe la precede uno emitido en octubre de 2016, en el que se registró la detección de al menos 45 situaciones de riesgo de tortura y malos tratos. Cinco meses después se efectuó una visita verificativa de los avances, la cual dio como resultado las conclusiones presentadas el pasado miércoles.
De forma coincidente, estos seis ceferesos fueron construidos con participación de la iniciativa privada, lo que en un principio se interpretó como riesgo de privatización del sistema penitenciario en México.
En septiembre de 2016, la coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de la organización México Evalúa, Layda Negrete, expresó al respecto: «¿Realmente están midiendo y están haciendo la política pública correcta, o están utilizando esto como un mecanismo más de generar concesiones a los amigos y pasar dinero de la obra pública a los amigos? Eso es lo que nos preocupa».
Un mes después, el primer informe del mecanismo fue contundente en sus conclusiones replicadas por los medios nacionales: los nuevos centros de reclusión federales, construidos por la IP, tienen las mismas deficiencias de las prisiones del modelo convencional.
Como fallas destacaban la insuficiencia de personal de custodia, la falta de agua potable, las malas condiciones de los dormitorios, la carencia de personal médico, insuficiencia de medicamentos y falta de capacitación en prevención de la tortura, alimento insuficiente y de mala calidad. Algunas de estas situaciones persisten, si se comparan estos resultados con el del informe recién presentado.
Para su elaboración, personal de CNDH efectuó entrevistas con los servidores públicos responsables de los centros de reclusión, el personal adscrito a los mismos y los internos; asimismo, revisó expedientes y documentación de registro, además que se implementaron recorridos en las instalaciones.

El informe de seguimiento

De acuerdo con el informe hallado en la página oficial del MNPT, en el caso del Cefereso de Villa Comaltitlán, sólo se atendieron tres de las ocho observaciones que se hicieron en octubre de 2016; hay avance en tres más y persisten dos situaciones de riesgo.
El informe de octubre arrojó en cuanto al derecho a recibir un trato humano y digno, que en el Cefereso número 15 «se observó hacinamiento en los dormitorios «B» y «F», los cuales tienen capacidad para 504 personas cada uno, y había una población de 688 y 566 respectivamente. Cabe mencionar que se tuvo conocimiento que el dormitorio «A» se encuentra en remodelación, pero los dormitorios «C», «D» y «E», cuentan con espacios disponibles, particularmente el primero de ellos tiene capacidad para 504 internos y alojaba a 28″.
Para la visita de seguimiento en marzo, que dio lugar a este nuevo informe presentado el miércoles, se constató que la observación fue atendida. «Durante el recorrido se observó que ya ningún dormitorio contaba con hacinamiento. Cabe mencionar que el dormitorio «E» sigue en remodelación de la instalación del aire acondicionado», se indica.
En el caso del derecho a la integridad personal, los oficiales de la CNDH anotaron: «Personal de la seguridad y custodia no han recibido capacitación en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. La autoridad responsable informó que realiza recorridos en el interior del centro dos o tres veces a la semana, pero no cuenta con registro de ello ni reportes de las incidencias observadas».
Para los nuevos resultados, las deficiencias fueron atendidas. «La subdirectora mostró y entregó documentación sobre los cursos de capacitación que está tomando el personal de ese Centro Federal. La autoridad al momento de la visita y en nuestra presencia aperturó la bitácora con 192 fojas útiles, llevándose a cabo el registro de la supervisión al interior del centro», se lee en el informe actual.
Respecto al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en octubre se asentó que no se mostró registro de actividades deportivas (futbol, voleibol y basquetbol); además, los internos entrevistados manifestaron que permanecen más de 22 horas en el interior de sus celdas; e incluso carecen de actividades laborales remuneradas.
Para esta fecha, hubo avance pues personal del Cefereso mostró a los visitantes el registro de actividades deportivas en los que los reclusos participan, aunque éstos reconocieron que salen de manera ocasional a dichas actividades; sin embargo, el centro todavía carece de actividades laborales remuneradas.
En cuando al derecho a la protección de la salud, en octubre la CNDH concluyó que la responsable del área médica informó que sólo cuentan con dos médicos generales, por lo que no se brinda el servicio en el turno nocturno; carece de psiquiatra y requiere de los servicios de un odontólogo más, así como de ocho médicos generales y tres especialistas. El abasto de medicamento es insuficiente, particularmente del cuadro básico. Además, el personal médico no verificaba la preparación de alimentos. El avance actual sólo ha cubierto ésta última de todas estas problemáticas; los medicamentos, el personal y la atención siguen siendo insuficientes.
Acerca del derecho a la integridad personal, también se asentó hace nueve meses que el personal de seguridad era insuficiente para cubrir las necesidades del centro. Como avance, se reportó en marzo que se efectuaron campañas permanentes de reclutamiento a partir de 2017 mediante las que se reclutaron a 14 personas que ya trabajan en el centro.
No obstante, persisten violaciones a los derechos de recibir un trato humano y digno; y a la protección de la salud. En el primer caso, porque la cantidad de los alimentos ofrecida a los reclusos es insuficiente; y en el segundo, debido a que la certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad de nuevo ingreso se practica sin condiciones de privacidad, en presencia de elementos de seguridad.