La sentencia de la Corte, consideraron, es histórico para las mujeres pues es producto de su lucha y marca un precedente para futuras discusiones en materia de aborto en el país
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Organizaciones que protegen los derechos de las mujeres celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional que el estado de Coahuila sancione en su Código Penal con penas de uno a tres años de prisión a las mujeres que voluntariamente tengan un aborto, lo que demuestra que criminalizar a quienes desean interrumpir sus embarazos es contrario a sus Derechos Humanos.
Ipas México y Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) explicaron a través de comunicados que la SCJN analizó este 6 y 7 de septiembre la acción de inconstitucionalidad presentada, hace casi cuatro años, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la legislación penal sobre aborto en el estado de Coahuila. Esta institución consideró que el tipo penal transgredía la libertad sexual y reproductiva de las mujeres.
Detallaron, el proyecto presentado por el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales reiteró que los argumentos de la PGR eran válidos, por lo que la SCJN determinó de manera unánime que el artículo 196 del Código Penal era inconstitucional porque sancionaba con la privación de la libertad a mujeres que deciden abortar voluntariamente y a las personas que con consentimiento de ellas llevaron a cabo el procedimiento.
Este proyecto, dijeron, destacó que las mujeres gozan del derecho de autodeterminación reproductiva que está vinculado a la dignidad humana, reconoció a la maternidad como aspecto voluntario, es decir que las mexicanas tienen derecho a decidir si quieren o no convertirse en madres y enfatizó que ellas son seres autónomos que pueden disfrutar de su sexualidad bajo sus propias creencias.
Señalaron que el proyecto contempla que el Estado no debe involucrar corrientes morales o religiosas, por lo que se deben eliminar las barreras que inhiben o anulan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, como la penalización del aborto, que se traduce en la vulneración de otros derechos como la dignidad, el libre desarrollo y refuerza los estereotipos de género.
El fallo de la SCJN, consideraron, es histórico para las mujeres pues es producto de su lucha y marca un precedente para futuras discusiones en materia de aborto en el país, pues reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y que ningún juez o jueza podrá castigar a una ciudadana por elegir interrumpir su embarazo.
«Es un gran avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, así como de la libertad de decidir su maternidad. Las declaraciones de los y las ministros de la SCJN muestran que el camino que debe seguir el país en materia legislativa es la despenalización del aborto voluntario. Ninguna mujer debe ser criminalizada por ejercer su poder de decisión», declaró la directora de Ipas CAM (Centroamérica y México), María Antonieta Alcalde Castro.
Las organizaciones explicaron que la acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita de forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución mexicana y alguna norma o disposición como leyes, reglamentos o decretos, para dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Esta acción legal, dijeron, puede ser promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR o por una cantidad (33 por ciento) de legisladores y legisladoras.
Reiteraron que la criminalización del aborto no reduce la incidencia de este procedimiento, sino que orilla a las mujeres a que acudan a métodos inseguros que ponen en mayor riesgo su vida y salud, por ello es necesario que el aborto se aborde como un tema de salud pública y los estados incorporen políticas púbicas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo.
Solicitaron que todas las entidades donde se penaliza el aborto reformen sus Códigos Penales en el mismo sentido que expresó la SCJN, dejen de criminalizar las decisiones reproductivas de las mujeres y reconozcan que el aborto es legal en el país.
Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamó a las y los jueces federales y locales a aplicar la obligatoriedad para el análisis y resolución de los casos que se presenten en los juzgados de México relacionados con el aborto. Esta histórica decisión, agregó, contribuye a que las brechas de género y la discriminación por razones de género sean cerradas.
«Desde el Inmujeres celebramos este gran avance como un logro de la lucha histórica de los movimientos feministas y de mujeres comprometidas con los derechos y la justicia», finalizó.
Feministas, jóvenes, madres de familia de diversas partes del país festejaron la decisión de la SCJN en redes sociales y salieron a la calles a gritar sus consignas: «hay que abortar, hay que abortar, este sistema patriarcal» y «abortar en Coahuila ya no es un delito» en medio de bombas de color, pancartas, y pañuelos verdes.
En Coahuila, las manifestantes tomaron la plaza pública Nueva Tlaxcala para manifestar su respaldo a la decisión de la SCJN, colocaron pañuelos verdes en la estatua de la Nueva Tlaxcala y manifestaron que este avance corrobora que la «maternidad será deseada o no será».
