Generalmente ponemos la atención en los países del Triángulo del Norte cuando nos ocupamos de su población migrante. El Salvador, Guatemala y Honduras están viviendo cambios sociales y políticos que pueden denominarse rupturistas. El método de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, es visto con simpatía por algunos partidos de derecha en el Cono Sur y sus propios vecinos.
La drástica caída de los índices de homicidios, la detención de más de 60 mil presuntos integrantes de maras y la construcción de una macro bodega denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo” para albergar a 40 mil de ellos, ha generado adhesión en un país harto de la delincuencia y el clima de inseguridad. Por el contrario, organismos y observatorios defensores de derechos humanos han condenado la estrategia y la violación de los procesos judiciales.
El control político de la Corte Constitucional y la abrumadora mayoría de la que goza su partido Nuevas Ideas en el Congreso, han franqueado el camino a Bukele para buscar la reelección, aun cuando la Constitución lo prohíbe expresamente. Este domingo se registró junto a su vicepresidente como precandidato a los comicios que tendrán lugar el próximo año. La Sala Constitucional le despejó el camino mediante una resolución a modo del impedimento legal.
En la vecina Honduras, 46 mujeres fueron asesinadas en un motín al interior de una prisión cercana a la capital. Los testimonios refieren que muchas fueron acribilladas y otras más recibieron el tiro de gracia por parte de integrantes de pandillas rivales también recluidas. Días después se registró una masacre al interior de un billar que se saldó con 13 fallecidos. Ante la violencia criminal, la presidenta Xiomara Castro que asumió la presidencia de Honduras en enero de 2022, decidió establecer un toque de queda e intervenir las cárceles para disuadir el autogobierno de las bandas.
Las imágenes de los operativos son idénticas al despliegue que hemos visto en El Salvador: hombres en el piso, uno detrás de otro en ropa interior sometidos por elementos de seguridad en flagrante violación a sus derechos humanos. Sin aceptarlo abiertamente, el gobierno hondureño ha adoptado el método Bukele para dar la apariencia de fuerza ante las pandillas que pululan en ese país, cuyo último presidente, Juan Orlando Hernández, fue arrestado en abril de 2022 acusado de tráfico de cocaína a petición del gobierno norteamericano.
La agenda de seguridad y la sombra de Bukele rondaron las ofertas electorales en la campaña presidencial en Guatemala cuya primera vuelta se celebró este domingo.
Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional por la Esperanza que busca por tercera vez el cargo, se ubicó en primer lugar seguida por Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, un partido reformador que ha ofrecido cambiar la política económica y social en esa nación carcomida por la pobreza que vive un profundo deterioro democrático como lo evidenció en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Torres y Arévalo disputarán la segunda vuelta el 20 de agosto.
Ese trío de naciones oscila entre la mano dura, las medidas populistas y la incertidumbre de su futuro, con indicadores de prosperidad y desarrollo estancados. La agenda de seguridad o el respeto a los derechos humanos es un falso dilema que deja a su suerte a una ciudadanía ya de por sí vulnerable.
