Desde la Declaratoria de la AVG en el estado, la autoridad no ha mostrado ni compromiso ni voluntad real para hacer frente a las denuncias y poner un alto a la violencia contra la mujer, por el contrario, ha fortalecido la impunidad que recae principalmente en las indígenas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a violencia contra la mujer se vive todos los días, en todos los rincones y en distintas esferas. En la entidad, la desigualdad, el machismo y la misoginia prevalecen y siguen siendo obstáculos para que las chiapanecas gocen de una vida libre de violencia, hagan valer sus derechos y puedan desenvolverse en cualquier puesto, incluso político.
El 25 de noviembre de 2013 en Chiapas se presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) en respuesta a la denuncia que activistas y defensoras de los derechos humanos hicieron para desnaturalizar la violencia en contra de la mujer y aunque fue el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. el que tomó la representación legal, el logro fue resultado del trabajo colectivo de más de 20 organizaciones chiapanecas.
Tres años después, el 18 de noviembre de 2016, la AVG se declaró en el estado, sin embargo únicamente fue para siete municipios. Por ello, activistas que la impulsaron dieron a conocer que no sólo era insuficiente, sino que también era incompleta y discriminatoria.
De acuerdo con Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., la autoridad estatal no ha mostrado ni compromiso ni voluntad real para hacer frente a las denuncias y poner un alto a la violencia contra la mujer, por el contrario ha fortalecido la impunidad que recae, principalmente, en mujeres indígenas.
Durante su participación en el Foro «Nadando a contracorriente. Contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado», que se llevó a cabo este lunes 1 de agosto en la Ciudad de México, dio a conocer cuáles son las faltas más grandes que se han detectado en el estado de Chiapas así como el siguiente paso que las organizaciones de la sociedad civil tomarán para garantizar que la AVG se aplique a cabalidad.
Es importante mencionar que este foro es un espacio que busca visibilizar los desafíos para la correcta implementación de las AVG a través de la mirada académica e intenta ubicar el contexto y los retos a los que este mecanismo debe hacer frente para garantizar la integridad de las mujeres en nuestro país.
Respetar la integrad de la mujer, un riesgo para la paz social
Desde que la AVG se declaró para San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula, únicamente se han realizado tres mesas de trabajo. Esto, según declaraciones de la activista Gloria Flores, demuestra precisamente que no hay capacidad ni voluntad para tocar el tema de las prácticas culturales que violentan a las mujeres.
Prueba de ello, dijo, fue la escasa asistencia de presidentes municipales que se tuvo en la última mesa, pues de 16 que fueron invitados únicamente cinco se presentaron, el resto consideró que tocar el tema de la violencia de género podría constituir un riesgo para la paz social, por lo que decidieron no formar parte.
«Como sociedad nos queda hacer las denuncias y hacer uso del instrumento, exigir a las autoridades que hagan algo y recordarles que los feminicidios no son exclusivos de Ciudad Juárez.»
Para Gloria, el reto más grande es generar la articulación entre sociedad civil y gobierno para encontrar una solución y, sobre todo, para fortalecer la denuncia y terminar con el contexto histórico de desigualdad marcado por el machismo que aún persiste en el estado.
Las políticas públicas y asistencialistas que existen, redundan en una violencia aún más marcada contra la mujer, advirtió en su intervención y propuso que en lugar de eso se le den a la mujer los elementos necesarios para informarla y hacerles ver que el problema no es particular sino social, es decir, requiere la participación de todos.
«La violencia tiene causas estructurales y se manifiesta de diferentes maneras, hoy vemos que la ley de acceso sólo sirvió para hacer una movilización política e informar sobre la naturaleza del origen de la violencia contra las mujeres pero necesitamos más que eso, necesitamos vernos como personas sujetas a derechos para poder así exigirlos y hacer que la violencia no quede impune.»
Participación social, primer paso para erradicar la violencia
Durante las reuniones que activistas han tenido con los alcaldes, éstos han asegurado que no hay un presupuesto específico para atender la violencia de género y por esa razón, no ha habido avances al respecto.
Sin embargo, para Gloria lo que existe es una falta de transparencia en la distribución y una evidente desidia por establecer mejores estrategias y programas que generen un cambio social, ya que las autoridades tampoco se han acercado a las organizaciones para buscar el apoyo de académicos que puedan contribuir ampliamente.
Por lo tanto, en el estado no es una excusa decir que la sociedad civil no ha hecho propuestas y que por ello no se ha avanzado en el tema: «En Chiapas apenas estamos aprendiendo como sociedad civil pero hay voluntad que es lo importante, sobre todo para dar seguimiento a las mesas de manera participativa».
El siguiente paso para hacer cumplir la AVG es implementar mecanismos con el objetivo de impedir que se reproduzcan actitudes que transgredan los derechos humanos de las mujeres, lo que constituye solucionar el problema de raíz.
Otro de los retos es atender medidas enfocadas a las mujeres con discapacidad y diversidad sexual para atacar también el contexto de odio y misoginia.
«Esta debe ser una política permanente porque las cusas que la originan son estructurales y a largo plazo; con la participación de toda la ciudadanía podemos lograrlo», finalizó.
