Según la ENAID 2016, en la región Sureste sólo el 4.5 por ciento de la población de 18 años y más realizó una solicitud formal de información; 95.2 por ciento de la población de 18 años y más no ha realizado una petición formal y de esa cifra, el 81.7 por ciento no tiene interés alguno en hacerlo
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas se halla en el grupo de las entidades del país que menos ejercen su derecho al acceso a la información; se trata del mismo rubro, cuyo índice de respuesta por parte de las autoridades está por debajo de la media nacional. El conjunto de entidades lo integran también los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Para la última Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 (ENAID) —elaborada por los institutos nacionales de Estadística y Geografía (Inegi); y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)—, se hizo una segmentación de México en región Norte, Centro Occidente, Centro y Sureste. Chiapas forma parte de ésta última.
Según los resultados de este informe, publicado en noviembre del año pasado, se estima que a nivel región Sureste sólo el 4.5 por ciento de la población de 18 años y más realizó una solicitud formal de información. Aunado a ello, de quienes hicieron peticiones formalmente a una institución de gobierno, el 68.1 por ciento obtuvo la información requerida; el índice de este parámetro se eleva cinco puntos a nivel nacional pues es de 73.1 por ciento.
La ENAID estima que en esta misma región, 95.2 por ciento de la población de 18 años y más no ha realizado una solicitud formal de información; y de esa cifra, el 81.7 por ciento no tiene interés alguno en hacerlo. Estos resultados revelan el pobre interés de los que habitan el Sur de México por ejercer su derecho de acceso a la información pública.
Esfuerzo ciudadano
En 1977 se enunció por primera vez que el Estado garantizaría el derecho a la información en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, resultaba ambigua y rebuscada, relata Rosendoevgueni Monterrey Chepov, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para El Financiero, refirió que tuvieron que pasar poco más de 25 años para tener una primera ley en el orden federal en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y de protección de datos personales. Hasta 2002, se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que propició la creación del entonces IFAI. Admitió que la reforma constitucional de julio de 2007, aunque de «muy buenas intenciones», tuvo pocos efectos prácticos pero permitió la creación de los órganos garantes en cada estado.
Añadió: «El parteaguas constitucional en materia de acceso a la información es la amplia reforma a diversos preceptos de la Ley Suprema que se dio en 2014 y propició una nueva regulación homogénea a través de una Ley General de Transparencia en 2015 y una nueva Ley Federal de Transparencia en 2016».
Llegar a este punto se le debe al esfuerzo ciudadano. El libro «Qué onda con México» de Maira Colín y Xiuh Tenorio da cuenta de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental —considerada de los mayores logros en México— fue concebida no por legisladores, sino por el Grupo Oaxaca, conformado por representantes de periódicos y organismos no gubernamentales e instituciones académicas tanto públicas como privadas.
La intención del grupo era solamente poner en la agenda la necesidad de contar con una ley de transparencia, así que publicaron desplegados en los periódicos Reforma y El Universal. Sin embargo, el borrador del Ejecutivo no contenía los puntos que ellos consideraban mínimos, por lo que redactaron su propio proyecto de ley. Algunos diputados retomaron este escrito que convirtieron en la iniciativa formal que fue promulgada en 2002.
Importancia de ejercer el derecho
La importancia de ejercer el derecho de acceso a la información radica en que se trata de un derecho humano; emana de la necesidad fundamental de entendimiento, que se satisface mediante la educación, la investigación, la estimulación temprana y el pensamiento crítico.
La Unesco lo reconoce como esencial para la inclusión y el diálogo, «la piedra angular del Estado de derecho y el buen gobierno». En la proclamación del 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, se lee que «el derecho universal de acceso a la información resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona»; además, integra de manera complementaria el derecho a la libertad de expresión. Sin acceso a la información, no hay democracia.
Colín y Tenorio explican en su publicación que un requisito de las democracias modernas es que los ciudadanos puedan pedir información a sus gobernantes para evaluar su trabajo. En el caso de México, cualquier persona tiene el derecho a pedirle documentos al gobierno federal, independientemente de su edad o nacionalidad, incluso sin tener qué identificarse o explicar para qué la quiere.
En la Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo, elaborada en agosto de 2014, se establece que el acceso a la información apoya el desarrollo de las personas pues mediante éste pueden ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; ser económicamente activos, productivos e innovadores; aprender y aplicar nuevas habilidades; enriquecer su identidad y expresiones culturales.
Asimismo, las personas pueden formar parte de la toma de decisiones y participar en una sociedad activa y comprometida; encontrar soluciones basadas en la comunidad para los desafíos del desarrollo; garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la buena gobernanza, la participación y el fortalecimiento de la estructura democrática; y medir el progreso de los compromisos públicos y privados del desarrollo sostenible.
Instituciones y legislación
El derecho a la información en México está protegido por el artículo 6º de la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), 31 leyes estatales y la del Distrito Federal. La entidad cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; de ésta emana el Reglamento de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. En cuestión de instituciones, a nivel federal el órgano garante de este derecho es el INAI; y a nivel estatal, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del Estado de Chiapas.
No obstante, contar con un aparato legislativo es insuficiente, pues no solamente la población no está interesada en ejercer su derecho al acceso a la información, sino que los propios sujetos obligados incumplen con la rendición de cuentas.
Un mes antes de que los resultados de la ENAID 2016 fueran revelados, «Article 19» y Casa de la Mujer Ixim Antsetic trabajaban en un proyecto conjunto para promover el ejercicio del derecho a la información en el estado; se enfocaron en Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá. Mediante un artículo publicado en Animal Político aseveraron haberse topado con «un muro» que les bloqueaba el acceso a un ejercicio plural y democrático de la información.
Esos ayuntamientos presentaron sus informes de gobierno en eventos «con convocatorias cerradas y espacios de información vertical donde ninguna persona podía interactuar, preguntar o discernir en torno a la información pública que la autoridad municipal presentara».
Además, Salto de Agua y Playas de Catazajá no tienen habilitada la sección de transparencia en sus páginas de internet conforme a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al igual que otros municipios del estado (tal como refirió Portavoz en su edición del 24 de enero pasado).
Chiapas requiere de una amplia sensibilización en el tema pues en la medida que sus ciudadanos ejerzan su derecho al acceso a la información, las autoridades serán obligadas a rendir cuentas y a acatar los procesos de transparencia, lo que a su vez incidiría de manera directa en los índices de corrupción que hay en el estado. Si la ciudadanía no exige, las autoridades se hacen de «la vista gorda».
