Las y los comuneros, enfermeros y médicos continúan el embate de los males con los escasos recursos con los que cuentan
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]as comunidades más recónditas de Chiapas no sólo afrontan escasez de medicinas y de personal médico; enfrentan el olvido institucional ya que pasan meses para que las brigadas médicas lleguen a estos sitios debido a que se trata de poblados de difícil acceso, eso ha impedido el desarrollo de infraestructura adecuada. No obstante los casos trágicos, consecuencia de estas condiciones, los mismos comuneros, enfermeros y médicos le han declarado la guerra a la mortandad y continúan el embate de los males con los escasos recursos con los que cuentan.
La entidad fue de nuevo la nota nacional luego que trascendiera el caso de una doctora destituida de un centro de salud comunitario, por propia presión de los pobladores que exigieron se revirtieran las condiciones en que ese organismo funcionaba. El ejercicio de un derecho, los llevó a cumplimiento de otro.
Comuneros empoderados
En la comunidad Lázaro Cárdenas, en el municipio de Palenque (Chiapas), contaban con centro de salud pero no con el servicio porque la doctora a cargo llegaba sólo dos veces a la semana, así que los pobladores pusieron manos a la obra, querían saber y con el conocimiento llegó la liberación.
El portal noticioso Animal Político dio cuenta de cómo a raíz de unos talleres sobre el derecho a la información que fueron impartidos por la organización Article 19 – México, los habitantes hicieron una solicitud para conocer el presupuesto para el centro desglosado en distribución para medicinas, médico y enfermera.
Tras enterarse que se disponían 15 mil 778 pesos para medicamentos y que la doctora devengaba un salario de 28 mil 105 pesos, confrontaron al presidente municipal, la Secretaría de salud estatal y la Comisión de Derechos Humanos local para exigir el servicio.
«La doctora fue destituida y a partir del 1 de octubre de 2015, el centro de salud comenzó a operar con otro doctor y con las medicinas indispensables», informó el medio periodístico. «Esta es una historia de empoderamiento a la comunidad ejerciendo su derecho a la información», declaró en esa ocasión, Dominique Amezcua, integrante de Article 19 – México.
Éste es sólo uno de los casos en los que los habitantes tuvieron qué movilizarse para ejercer su derecho al acceso a la salud, ante la indiferencia institucional. Resulta preocupante cuando la mayoría de la población acude para tratarse en primera instancia a los organismos dependientes de la Secretaría de Salud estatal (SSa).
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la mayor parte de los usuarios de servicios ambulatorios de Chiapas (40.8 por ciento) fue atendida por centros de salud u hospitales de la SSa; en segundo lugar, las personas (37.6 por ciento) optan por servicios médicos privados, en específico, por los consultorios dependientes de farmacias. El Instituto Mexicano del Seguro Social sólo atendió a 9.7 de quienes necesitaban el servicio; y el resto de la población (11.8 por ciento) se distribuyó en otras instituciones públicas de salud como las de Pemex, la Sedena, la Semar, el IMSS-Oportunidades y el ISSSTE estatal.
Asimismo, el estudio explicó que diferentes factores determinan o condicionan la utilización de los servicios de salud: las características sociodemográficas de la persona, el sexo, el apoyo comunitario, la cultura, el nivel socioeconómico, la percepción de la enfermedad, así como la disponibilidad de servicios y percepción de su calidad. Las comunidades están en evidentes desventajas y luchan con sus propias herramientas.
Un enfermero para 400 habitantes
Era julio de 2016. La epidemia del virus denominado Zika ya se había esparcido por territorio chiapaneco —tercera entidad con más casos en el país, según la Secretaría de salud federal—, así que alcanzó a unos de estos escondidos y lejanos poblados, más cerca de Dios que de la civilización.
El ejido Boca de Chajul, en Marqués de Comillas, municipio asentado en lo profundo de la selva Lacandona, ya había sido afectado también por el virus de Chikungunya, así que cuando uno a uno de los 400 habitantes comenzaron a llegar al modesto consultorio con síntomas similares, el enfermero Armando Torres ya sabía lo que pasaba. No se hablaba de otra cosa en la prensa nacional y estatal.
Vice News documentó las peripecias de este hombre entrado en los 50 y único con conocimientos de salud en la zona, por lo que no sólo atendía a Boca de Chajul, sino a comunidades aledañas. Sabía que se requería de un diagnóstico certero pero ya no tenía insumos de laboratorio; el último tubo de ensayo que tenía lo había usado para guardar una muestra de sangre —cuando el Chikungunya—que viajó a la capital para ser examinada pero «la sangre se contaminó. Las autoridades no tuvieron el cuidado necesario durante el traslado y la muestra se echó a perder».
«Ahora la clínica ya no tiene los tubos para depositar la sangre. Da lo mismo, si se tuvieran, la gente ya no dejaría que le tomara muestras porque creen que las autoridades van a estropearlas nuevamente. Consideran que es una pérdida de tiempo», declaró Torres en esa oportunidad.
Él llegó a esa comunidad hace 20 años, procedente de Veracruz. Hace dos años la doctora se fue, al igual que todos los «aspirantes a médicos» que han desfilado por el centro de salud, así que este enfermero está habituado a trabajar solo.
Torres relató que el gobierno nunca hizo ninguna prueba, no levantó algún censo sanitario y tampoco realizó un registro de los posibles contagios por la epidemia de Zika. Eso evidencia de nueva cuenta el olvido en el que las autoridades de salud mantienen a las comunidades.
Hay muertes prevenibles
La experiencia de otro practicante en una localidad de Chiapas revela que los problemas estructurales, los malos tratos al paciente y la pobreza derivan en muertes que podrían ser prevenibles.
El poblano Gerardo Murillo tenía 24 años cuando hizo su servicio social en Reforma, Chiapas, a donde llegó en 2015 a través de una asociación denominada Compañeros en Salud, que apoya a la Secretaría de Salud. A diferencia del ejido Boca de Chajul, Reforma es un entorno más urbanizado y está a 45 minutos de Jaltenango.
Según la página web de la misma asociación, sólo un teléfono sirve a toda la comunidad y los anuncios públicos se transmiten por medio de perifoneo en el centro de la ciudad. La clínica y la vivienda del médico tienen agua corriente, electricidad e incluso Wifi.
No obstante estas condiciones, el mismo organismo dio a conocer que Murillo es uno de los residentes más ocupados de 10 clínicas que apoya la asociación en la zona rural de Chiapas. «Ve hasta 350 pacientes por mes, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y depresión», explicó.
Para su labor, cuenta con la ayuda del enfermero Andrés Ríos, la asistente de enfermería Adriana Martínez y nueve trabajadoras comunitarias en salud. Incluso la población está muy bien informada acerca de aspectos básicos de la salud como dieta equilibrada e importancia de las vacunas.
«Conocen todos los indicadores de salud perfectamente bien, probablemente mejor que yo, y saben cómo seguir una dieta equilibrada incluso mejor de lo que yo indicaría. Sin embargo, el problema es que no hay medios para lograrlo. No es que no sepan cómo, pero las barreras para lograrlo son demasiado grandes. Así que no se trata sólo de llegar y presentar una idea, sino de ver cómo esa idea podría funcionar», reportó el médico a Compañeros en Salud.
En particular, recuerda el caso de un bebé que no debió haber muerto. Relató que los padres se enfrentaron a diversos problemas desde el alumbramiento que iban desde la violencia estructural, la discriminación, y sus escasos recursos para acceder al sistema de salud.
«Sus padres habían tenido una mala experiencia en el hospital cuando nació. Cuando el niño se enfermó más tarde y requirió cirugía para tragar y digerir la leche, no querían llevarlo al mismo hospital, a pesar de que les garantizamos el acceso al procedimiento. Era muy difícil convencerlos de que fueran, porque habían sido maltratados por otros médicos y no podían pagar el cuidado en el sector privado», explicó Murillo.
A pesar de contar con los medios y la capacidad para acceder a un mejor cuidado de salud, la causa de muerte del infante fue la desnutrición, lamentó el joven en entrevista para la asociación: «Cada vez que logramos una pequeña victoria, seguía habiendo todas las otras condiciones que le hacían retroceder (…). Era un niño que no debía haber muerto por una situación completamente prevenible. Murió por su situación económica, posición social y marginación».
Sin médicos, revela estudio
Lo que pasaron Torres y Murillo no es nuevo. La investigación «El derecho a la salud en comunidades indígenas del estado de Chiapas», que Iliana Amoroz Solaegui escribió para la Revista «Pueblos y Fronteras Digital», refiere que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, son los estados que concentran las mayores desigualdades en relación con el cumplimiento del derecho a la salud y cuentan con menos servicios de atención.
En las comunidades «se padecen enfermedades prevenibles, tratables y curables como la tuberculosis, la desnutrición en niños menores de 5 años y la muerte materna, situaciones estrechamente relacionadas con sus contextos de pobreza, inequidad, desigualdad y de injusticia; por tanto, donde se dan de manera sistemática violaciones de los derechos humanos de la población», se lee en el escrito publicado en 2011.
Asimismo, asienta que la entidad presenta el mayor rezago en cobertura de los sistemas de salud, principalmente en zonas con mayor población indígena. En el 80 por ciento de las comunidades chiapanecas existe sólo un médico por 2 mil 370 habitantes, por lo que constituye el estado con menor porcentaje de población cubierta por algún esquema de seguridad social.
La autora advierte que el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud a los pueblos indígenas tendrá que pasar por un cuestionamiento crítico al Estado y sus políticas sociales homogéneas y excluyentes. Para revertir las condiciones se trata, además, que las propias comunidades abracen sus derechos y exijan su cumplimiento a fin de presionar a las autoridades a actuar. «Para esto quizá antes se tendría que resolver la garantía de condiciones equitativas y justas para los pueblos», concluyó Amoroz Solaegui.
