Los municipios de la entidad no registraron ninguna queja por escrito, pero sí el levantamiento de 10 actas circunstanciadas en las que la inconformidad de los afectados recae en la desorganización y el caos en los primeros días de rescate
Portavoz Staff
[dropcap]D[/dropcap]e las 127 quejas recibidas hasta el 6 de octubre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de los sismos del mes pasado, los municipios de la entidad no registraron ninguna queja por escrito, pero sí el levantamiento de 10 actas circunstanciadas en las que se desprenden reclamos de oficio, según un informe de dicho organismo.
Los lugares que visitó el personal de la CNDH fueron Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tonalá.
Con base en el contenido de las actas, se desprende que en Pijijiapan resultaron afectadas cerca de 2 mil 100 casas de las cuales 600 son pérdida total; la población está a la espera de que los gobiernos del estado y federal canalicen los recursos para comenzar con la reconstrucción de los inmuebles afectados, pero que no tienen una fecha de ello.
Además, en ese mismo municipio sólo 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban remoción de escombros y apoyan el reparto de despensas a personas damnificadas; por lo tanto, tienen que suspender una labor para apoyar en otra debido al poco personal con el que se dispone.
En la comunidad Nueva Urbina de Pijijiapan, el presidente de la colonia, José Abel Delporte Cruz, informó que ya concluyó el levantamiento del censo en esa localidad, y se registraron 13 viviendas con daño total y 500 personas damnificadas, pero que no saben cuándo les llegará el recurso para poder iniciar la reconstrucción de sus viviendas, situación por la que están inconformes.
Respecto a Tonalá, resultaron 40 mil damnificados con un total de 4 mil 700 viviendas dañadas; el apoyo económico del gobierno federal dista de ser oficial.
La situación en la comunidad Paredón, de Tonalá, también es desalentadora, se afirma que el 70 por ciento del lugar se encuentra afectado y todos los inmuebles tienen un número pintado, el cual según los pobladores, es el número de folio que les corresponde. Algunos habitantes coincidieron en señalar que les urge la reconstrucción de sus viviendas afectadas, dado que se encuentran en albergues y casas de vecinos y familiares.
En Arriaga resultaron afectadas 4 mil 800 viviendas, de ese total un 30 por ciento es considerado pérdida total. Asimismo, hay 15 mil personas damnificadas; de nueva cuenta, la inconformidad de los afectados es porque desconocen cuándo recibirán el recurso por parte de las autoridades federales y estatales para que inicien con la reconstrucción de sus inmuebles afectados.
Por último, en la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 personas damnificadas.
El desempeño de la CNDH
Debido a todas las quejas ciudadanas a nivel nacional recogidas por la CNDH, el organismo mediante un comunicado de prensa divulgado este domingo instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a que en las labores tendentes al restablecimiento de la normalidad como consecuencia de los recientes desastres no soslayen la atención de las quejas durante la etapa de rescate de personas sobrevivientes y fallecidas.
En el documento, la CNDH anunció que inició las investigaciones por las presuntas violaciones a derechos humanos por las 127 quejas, para lo cual ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales. De esas quejas 119 ya están debidamente calificadas y 8 aún pendientes.
Dentro de las ya calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34 con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21 de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13 sobre la prestación de servicios públicos.
También, cinco contra la Presidenta del instituto de Desarrollo Integral de la Familia en Morelos, vinculadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque dicha ayuda se coloca en bolsas de la mencionada institución; 3 que fueron remitidas a Comisiones de Derechos Humanos locales; 1, relacionada con seguros y esquemas de reparación (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y 3 por temas diversos.
La CNDH añadió que todas las quejas han recibido la debida atención y se han dirigido a las áreas correspondientes para su investigación y desahogo.
De igual manera, se informa que en las acciones realizadas han participado más de 300 servidores públicos entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo administrativo. Además de Chiapas, estas labores también se llevaron a cabo en la Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
