La implementación de la norma ISO 37001 en la Secretaría de Salud busca transparentar licitaciones, fortalecer el control del gasto público y mejorar la eficiencia institucional en beneficio de los servicios médicos
AquíNoticias Staff
El gobierno de Chiapas dio un paso institucional en su política de combate a la corrupción con la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001 en la Secretaría de Salud del estado. La medida, impulsada a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, busca establecer controles y estándares internacionales para prevenir prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos.
Durante la presentación del sistema, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar señaló que esta política administrativa forma parte de una estrategia para consolidar una administración pública más eficiente, ordenada y transparente, particularmente en sectores donde el manejo de recursos públicos impacta directamente en la vida de la población.
“Someternos a la normatividad internacional ISO 37001 es muy importante para nuestro gobierno. Iniciamos con la Secretaría de Salud, pero avanzaremos a otras dependencias como la Secretaría de Infraestructura, porque es una instancia donde se manejan recursos y se llevan a cabo adquisiciones y licitaciones”, expresó.
La norma ISO 37001 es un estándar internacional que establece mecanismos para prevenir, detectar y atender actos de soborno dentro de las organizaciones, mediante procedimientos verificables, auditorías, protocolos de control y esquemas de cumplimiento institucional.
En el caso del sector salud, la implementación de este sistema busca transparentar procesos de compras, licitaciones y contrataciones, áreas que históricamente han representado focos de riesgo en las administraciones públicas.
El mandatario estatal afirmó que avanzar hacia estos estándares internacionales también contribuye a impulsar una nueva cultura de integridad, ética y responsabilidad en el servicio público, en un contexto donde la corrupción ha sido durante décadas uno de los principales obstáculos para el desarrollo institucional del país.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, consideró que la adopción de esta norma refleja el compromiso de las autoridades por fortalecer la legalidad y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
Subrayó que el impacto de estas políticas no se limita al ámbito administrativo, sino que puede traducirse en beneficios concretos para la población, particularmente en la garantía de acceso a servicios de salud.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, explicó que la norma permitirá establecer procesos claros, estandarizados y auditables dentro de la Secretaría de Salud.
“Cuando los procesos se estandarizan y se someten a mecanismos internacionales de control, la corrupción deja de tener espacios para existir”, puntualizó.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que esta dependencia será la primera del gobierno estatal en implementar este sistema, lo que permitirá fortalecer los controles administrativos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos destinados a la atención médica.
La estrategia contempla, además, que el modelo pueda extenderse progresivamente a otras dependencias con alto manejo presupuestal, como el sector de infraestructura.
Para especialistas en administración pública, la adopción de estándares internacionales como la ISO 37001 puede tener impactos relevantes en varios niveles: mayor transparencia en las compras gubernamentales, reducción de riesgos de corrupción, fortalecimiento de la confianza ciudadana y mejores condiciones para la gestión eficiente de recursos públicos.
También puede generar un efecto institucional positivo al mejorar la credibilidad del gobierno frente a organismos nacionales e internacionales, particularmente en áreas estratégicas como la salud, donde la correcta administración de recursos influye directamente en la calidad de los servicios médicos.
En ese sentido, Ramírez Aguilar señaló que los avances en materia de seguridad en el estado han permitido enfocar esfuerzos hacia políticas de desarrollo social, especialmente en 12 municipios prioritarios, donde se busca mejorar condiciones en rubros como salud, educación, vivienda, caminos y agua potable.
“Al concluir el gobierno queremos decir: así vivían antes, en el olvido, y hoy viven con prosperidad”, expresó.
La implementación del sistema antisoborno representa así un intento por institucionalizar mecanismos de control administrativo bajo estándares internacionales, con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la gestión pública en Chiapas.
