Hacer visible lo invisible
Torojo y sus 6 millones de habitantes están en desgracia. Desde su fundación como una República Federal en 1995, tras el colapso del comunismo, las tensiones entre los tres grupos étnicos predominantes –Totos, Romeos y Juliolinos- escalaron hasta llegar a una Guerra Civil. En el año 2003 en Torojo había 13 mil muertos y más de 800 mil personas desplazadas internamente.
La situación de Torojo es apremiante, sin embargo, se tiene la certeza de que ninguna agencia internacional va a intervenir.
Y es que Torojo no existe porque es un ejemplo hipotético diseñado por el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, la ACNUR, para sensibilizar a gobernantes y legisladores de distintas partes del mundo sobre la realidad mundial del desplazamiento interno.
La semana pasada recibimos en el Senado de la República al señor Chaloka Beyani, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas. Le dimos la bienvenida porque su presencia ha sido largamente esperada en nuestro país.
Su labor internacional humanitaria, de más de dos décadas, lo acreditan como una de las voces más autorizadas y sensibles sobre lo que en muchas partes del mundo y aún en México es un fenómeno creciente, pero para muchas instituciones públicas aún invisible: El desplazamiento interno forzado.
Fue hace ya 16 años, en que Francis Deng, entonces Representante del Secretario General de Naciones Unidad para los desplazados internos realizó una visita oficial a México para tratar este tema, misma que permitió generar un Reporte Especial para México con recomendaciones para mejorar la respuesta nacional e internacional a la difícil situación de los desplazados internos en nuestro país.
Tengo confianza en que la presencia de Beyani ayudará de manera muy importante a los esfuerzos nacionales, particularmente desde la sociedad civil, las instancias de defensa de los derechos humanos y una parte del Poder Legislativo mexicano a destacar la importancia de reconocer y legislar el grave problema del desplazamiento interno forzado en nuestro país.
En junio de 2011 tuve la oportunidad de conocerlo en San Remo Italia, en el Curso Internacional sobre Mecanismos de Protección Y Atención a las Personas Internamente Desplazadas (PID) que imparten anualmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Instituto de Derecho Humanitario y el Instituto Brooking.
Curso que me ilustró y sensibilizó sobre el fenómeno de las PID y me dio las bases para sumarme como legislador local primero y Senador de la República después, a visibilizar en Chiapas y en México este grave y creciente problema.
El curso de San Remo, en la Villa de Ormond de 2011, rindió frutos en México. En septiembre, también de 2011, se realizó en Palenque, la mítica ciudad maya, el «Primer Curso-Taller Internacional sobre Desplazamiento Interno, Protección y Soluciones Duraderas», que permitió a Chiapas crear las condiciones para analizar y proponer una ley local sobre desplazamiento interno. En el taller de Palenque, en su mensaje que nos hizo llegar a través de una misiva, de manera sencilla nos planteaba: «la vía legislativa es la mejor para atender este fenómeno»
Rindió frutos, porque le 14 de febrero de 2012 se aprobó en Chiapas, la primer Ley de un estado subnacional en el mundo, sobre prevención y atención de PID.
Rindió frutos porque en diciembre de 2012 se presentó en el Senado de la República una iniciativa de Ley General (que implica a todo el país y a nuestros distintos órdenes de gobierno) sobre personas internamente desplazadas que aún aguarda su dictaminación.
Los frutos han sido varios, de distinto tamaño y sabor. Vivimos en la paradoja agridulce de que México, en Chiapas, cuente con la primer legislación subnacional en el mundo sobre desplazamiento interno, pero que por razones burocráticas y de voluntad política simplemente no se aplica.
Sabemos que esta lucha no es ni fácil, ni rápida, pero sabemos también que no puede esperar más.
En distintas oportunidades, en el senado se han expresado voces insistentes para que el gobierno federal mexicano deje de lado la política del avestruz y dé un paso definitivo en el reconocimiento jurídico de las personas internamente desplazadas. Propuestas legislativas hay, pero sin duda hay ausencia de sensibilidad y voluntad política.
Por ello resulta de gran importancia que en mayo pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya presentado un informe y hecho también un llamado al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno y a que se garantice la debida protección a las víctimas.
En nuestro país, como en prácticamente todas las regiones del mundo, existen condiciones objetivas innegables, que demuestran la presencia, recurrencia e inevitabilidad del fenómeno del desplazamiento interno y por lo mismo se requieren protocolos de actuación y leyes nacionales para prevenirlo, atenderlo y encontrarle soluciones duraderas.
Es un tema urgente por más que en el Ejecutivo Federal haya quienes piensen lo contrario. Los más de 280 mil desplazados contabilizados por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados en México son de carne y hueso, es una población creciente y desamparada. Son mexicanos que lo han perdido prácticamente todo.
Esperamos que la presencia del señor Beyani permita los acuerdos diplomáticos y de cooperación con las instituciones mexicanas para contar con la asesoría permanente de la oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas y que en una fecha cercana podamos contar con un informe especial para México.
Su presencia alienta y permite darle voz amplificada a los más desprotegidos, a los que han sido obligados a abandonar tierra, familia y hasta derechos, su estancia en México nos ayuda sin duda a hacer, de una vez por todas visibles a los invisibles.
El autor es Senador de la República por Chiapas.
