La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias contra nueve estados por daño patrimonial de 7 mil 886 mdp, que fueron utilizados para pago de deuda y aviadores
Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l gobierno del estado de Chiapas desvió 973 millones 308 mil 500 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), por lo que actualmente enfrenta una demanda penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por violación a la normatividad en el uso de dichos recursos.
La entidad chiapaneca, después de Oaxaca y Michoacán, es el estado con la mayor cantidad de recursos desviados de dicho fondo, mismo que hace dos años cerró sus operaciones y se transformó en el Fondo de Operaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, que actualmente administra la Secretaría de Educación Pública.
Fue mediante la auditoría 571 aplicada al gobierno de Chiapas en 2013, durante la actual administración encabezada por Manuel Velasco Coello, que la ASF detectó las irregularidades en el manejo de dichos recursos.
En este sentido, son nueve las denuncias penales que involucran un daño patrimonial por 7 mil 886 millones 643 mil 500 pesos y por las que, además de Chiapas, también deben responder los estados de Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Colima por haber utilizado esos fondos para pago de aviadores, deudas de otras partidas y para cubrir sus acuerdos sindicales.
Cabe señalar que el FAEB fue uno de los fondos federalizados que todos los gobiernos estatales usaron como caja chica para cubrir otros gastos.
Otros estados
Es importante precisar que el 60.7 por ciento de ese dinero involucra sólo Oaxaca y Michoacán, entidades que juntas suman daños patrimoniales por 4 mil 792 millones 753 mil 700 pesos.
Con base en la información de la ASF, que puede ser consultada en su sitio web, como resultado de la revisión de las cuentas públicas del 2012, interpuso tres demandas penales contra los gobiernos de Tabasco, Sinaloa y Oaxaca.
La auditoría número 533 mostró que Tabasco mezcló 790 millones 273 mil 700 pesos del FAEB con otros fondos presupuestales, lo cual no está autorizado, pues el FAEB estaba etiquetado de origen sólo para educación; otros 10 millones 314 mil 800 pesos los destinó a rubros que no estaban autorizados y 27 millones 997 mil 100 pesos a comisiones sindicales indebidas; el daño patrimonial total fue de 828 millones 585 mil 600 pesos.
Otra auditoría, la 531, aplicada a las finanzas de Sinaloa, permitió a la ASF detectar que 509 millones 913 mil pesos del FAEB los trasladó a otras cuentas; pagó 151 millones 987 mil 300 pesos a empleados que no acudieron a su centro de trabajo; 160 millones 319 mil 700 pesos a empleados que fueron contratados, a pesar de no cumplir con los requisitos, y 49 millones 344 mil 800 pesos se destinaron a operaciones no autorizadas, para hacer un total de 871 millones 564.8 mil pesos en daño patrimonial.
Al gobierno de Oaxaca, ya encabezado por Gabino Cué, le detectaron en la auditoría 524 que canalizó 14 millones 147 mil 700 pesos a centros de trabajo que no estaban autorizados para recibir dinero del FAEB; 21 millones 445 mil 700 pesos al pago de aviadores; 485 millones 959 mil 700 pesos al pago de Adefas; 262 millones 30 mil 100 pesos a satisfacer los acuerdos con la CNTE; 49 millones 439 mil 700 pesos para el pago indebido a comisiones sindicales y 112 millones 277 mil 300 pesos para cubrir adeudos por el impuesto de 2% sobre nómina; en esa demanda penal, el total de dinero involucrado es de 945 millones 309 mil 200 pesos.
En la auditoría del año 2013, la ASF detectó irregularidades en cuatro entidades. La auditoría 599 detectó un daño patrimonial en Oaxaca por 313 millones 145 mil 400 pesos por violación a la normatividad en el uso de recursos del FAEB; la auditoría 591 detectó la misma irregularidad en Michoacán, pero con el involucramiento de dos mil 467 millones 638 mil pesos; la auditoría 578 mostró que el gobierno de Colima incurrió en la misma irregularidad, pero por un monto de 420 millones 430 mil 600 pesos.
