En un Estado de Derecho, la autoridad debe castigar a quienes violan la ley, en lugar de permitir que los ciudadanos hagan justicia por propia mano o que la violencia se desborde en la búsqueda del restablecimiento de la paz y la aplicación de la justicia
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]os problemas en el estado van en aumento. La ciudadanía percibe inseguridad, exige bienestar y justicia pero la falta de sensibilidad para atender sus demandas ha propiciado el caos, ha permitido que grupos sociales recurran a la violencia en el intento de restablecer sus derechos violados y ha evidenciado que en la entidad, impera la falta de cultura de la legalidad.
Aún cuando el Estado de Derecho en Chiapas se sostiene con números reprobatorios, eliminar la impunidad y la corrupción no es imposible, sostuvo el profesor investigador del Instituto de Administraciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Omar Jiménez Ojeda.
En entrevista con Portavoz, habló sobre la impartición de justicia en la entidad y la falta de aplicación de este modelo, sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado de Derecho se define como una condición donde los gobernantes, instituciones y ciudadanos deben seguir la ley; y de acuerdo con Jiménez Ojeda en un país en donde predomina este sistema, las autoridades deben hacer lo que expresamente les está mandatado, ni más ni menos, contrario a los ciudadanos, quienes pueden hacer todo menos lo que les está prohibido.
«En el país hay un paralelismo: el Estado sólo puede hacer lo que está estipulado mientras que el ciudadano puede hacer lo que no le está prohibido, es decir, la constitución en México protege los derechos de los ciudadanos pero por el otro, los limita».
Para calificarlo es fundamental vivirlo. Según explica Jiménez Ojeda, basta con observar detenidamente la manera como las instituciones actúan y el sentido con el que la ciudadanía responde; desde respetar un semáforo en rojo, cruzar correctamente el paso peatonal hasta ser bien atendido al momento de levantar una denuncia ante la autoridad competente puede acercarnos a la realidad en la que vivimos.
En dicho estado, la autoridad debe castigar a quienes violan la ley, en lugar de permitir que los ciudadanos hagan justicia por propia mano o que domine la violencia en la búsqueda del restablecimiento de la paz y la aplicación de la justicia.
«Es necesario comprender que el Estado de Derecho no necesariamente debe basarse en tener la colección legislativa más grande del mundo, existen países cuya Constitución está basada en menos de 130 artículos y funcionan mejor que México, el problema es que tanto a nivel nacional como estatal tenemos un Estado de Derecho ineficiente porque las autoridades son omisas y los ciudadanos no sabemos exigir nuestros derechos.»
Para que en Chiapas pueda existir su correcta aplicación, dijo, la responsabilidad es compartida, mientras que la sociedad debe comprender que el gobierno no regala viviendas, trabajos o la misma educación sino que tiene la obligación de respetar que el ciudadano trabaje, viva y se eduque, la autoridad por su parte, debe garantizar que quienes pasen por alto el derecho ajeno serán castigados.
«Si hoy tuviera que calificar el Estado de Derecho en el que vivimos, le pondría un siete, nos hace falta ser más críticos y evidenciar lo que no funciona, además de generar propuestas para corregir los daños».
¿Qué podemos hacer?
Los ciudadanos desinformados son un peligro, advierte Omar Jiménez. Una sociedad sin propuestas, diálogo o participación es una sociedad vulnerable que necesita de herramientas para resolver sus problemas sin caer en el caos o la violencia.
El juicio de amparo dijo, no es una opción, toda vez que ha sido creada para aquellos que cuentan con los recursos suficientes para pagar buenos abogados, dejando una brecha entre la mayor parte de los ciudadanos que al sentirse acorralados, toman la justicia por propia mano.
«Lo que podemos hacer inmediatamente es conocer nuestro derecho, una sociedad informada será una ciudadanía participativa y no indecisa, creará ciudadanos con mayor incidencia en esferas de poder cuyas voces serán escuchadas.»
Dijo que el problema en Chiapas no radica en el número de leyes que existen sino en cuántas se violan a diario, y especificó que la participación sólo es una de las posibles soluciones a la falta de aplicación del mismo en la entidad.
Lo anterior necesita de esfuerzos, pues también existe apatía ciudadana por participar, generada por el hartazgo y la desconfianza en instituciones, lo que a su vez evita que la ley se aplique correctamente.
Para ello señaló como indispensable la cultura de la legalidad, la cual sirve para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes tanto por parte de los aplicadores como de los destinatarios.
Ojeda Jiménez considera que si en Chiapas la sociedad y gobierno se comprometen a trabajar juntos, lograrán que prevalezca este sistema, aspirarán a mejores oportunidades de bienestar porque las leyes serán respetadas.
«La vía para el desarrollo es el camino de la justicia, no debemos olvidar que la ignorancia beneficia a la impunidad y a la corrupción, por ello, las instituciones de educación, los medios de comunicación y los expertos en Derecho deben compartir sus conocimientos para que todos sean parte activa de la sociedad».
