La Alerta de Violencia de Género —que es emitida cuando se cometen delitos que atentan contra la vida, la libertad y la integridad de las mujeres— se declaró hace casi un año en Chiapas. No obstante, organizaciones insisten en que aún no hay avances en la materia; por el contrario, reportes, encuestas e indagaciones que activistas realizan muestran que la violencia de género se agudiza, sin que las autoridades encargadas hagan algo al respecto
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]P[/dropcap]ese a que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de sus habitantes, sin importar si son hombres o mujeres, la impunidad ante el delito de feminicidio demuestra la ineficacia de las autoridades para protegerlas a ellas. En el caso de Chiapas se ha demostrado que no hay acciones y mucho menos intención para frenar la violencia de género.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) —que es emitida cuando se cometen delitos que atentan contra la vida, la libertad y la integridad de las mujeres—, se declaró hace casi un año en Chiapas; no obstante, aún no hay avances en la materia e integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas han denunciado que hay simulación en la declaratoria y tintes políticos en su aplicación.
Aunque la implementación de la AVG incluye que los gobiernos establezcan acciones preventivas, de seguridad y justicia; así como presentar reportes sobre la incidencia y destinar recursos para erradicar las agresiones, en Chiapas esto no ha ocurrido a pesar de ser una de las entidades con el mayor número de casos de violencia en contra de la mujer.
Lo anterior, de acuerdo con reportes, encuestas e indagaciones de medios que activistas hacen de manera continua en el estado y que muestran que la violencia de género se agudiza, sin que las autoridades encargadas hagan algo al respecto.
Según información del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de 2013 a 2015, Chiapas fue el tercer estado con el mayor número de averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidio con 128 expedientes, le siguen Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Veracruz.
Integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunciaron que las principales irregularidades que han impedido el avance son: el doble papel desempeñado por la Fiscalía General del Estado; incumplimiento al mandato judicial federal por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM); e inoperatividad de las mesas de trabajo.
El gran problema prevalece en los estados —según especialistas en el tema y organizaciones civiles— debido a la incongruente investigación de las autoridades en este tipo de casos, lo que a su vez ha impedido que el fenómeno no sólo no sea dimensionado de manera local sino que tampoco se cuente con registros exactos de los crímenes cometidos contra las mujeres.
De acuerdo con Inmujeres, las entidades en donde persiste esta situación son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, en donde las organizaciones de la sociedad civil y la prensa local han reportado y documentado los feminicidios; sin embargo, las fiscalías y procuradurías no tienen registro alguno.
