La entidad es una de las dos del país que a la fecha cumple con los requisitos mínimos para implementar su Sistema Local Anticorrupción; no obstante, es uno de los estados con las tasas más altas en percepción de corrupción y en la mira debido a numerosos procesos ante la Auditoría Superior de la Federación
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]T[/dropcap]ras las acciones en materia legislativa que hiciera el Congreso local para armonizar el contexto estatal con el federal, Chiapas, una de las entidades con altas tasas de percepción de corrupción y que ha estado en la mira debido a que es el segundo estado a nivel nacional con más procesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se declara listo para implementar su Sistema Local Anticorrupción (SLA).
El pasado 13 de febrero, el diputado pevemista y coordinador de la junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, Carlos Penagos Vargas, anunció como lo innovador de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, que ya no sólo el servidor público estaría bajo «la lupa», sino también proveedores y profesionales; de hallárseles responsables de algún delito, ahora no sólo purgarán condenas con años de cárcel, sino que se les obligará a resarcir los daños.
Según los resultados del Semáforo Anticorrupción —que presentaron Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex)—, la legislación concebida en la materia para Chiapas tiene un nivel satisfactorio.
Este semáforo mide el nivel de avance en cada estado con respecto a la homologación de leyes en concordancia con el decreto enviado por el Senado, el año pasado, a fin de supervisar si tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa, y si la estructura constitucional es adecuada. El decreto nacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; Chiapas fue la primera entidad en aprobarlo, en diciembre, durante sesión ordinaria.
En esa ocasión, diputados coincidieron en señalar que estas medidas servirían para un mejor esquema de fiscalización en los recursos federales en las entidades del país. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planeación, Mirna Camacho Pedrero, declaró: «Es un sistema confeccionado, construido y discutido ampliamente para que finalmente sea aprobado por el Constituyente Permanente. Esta propuesta previene, detecta, sanciona y otorga más y mejores facultades a la Auditoría Superior de la Federación en materia de corrupción.
Impunidad
De acuerdo con datos revelados por la misma ASF, en su Informe General de la Cuenta Pública 2015, los gobiernos de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Michoacán fueron las entidades con más observaciones.
Según el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en Chiapas se ejecutarán 67 auditorías; la mayoría corresponden a los Ayuntamientos (20), seguidos del gobierno del estado (17) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (6).
De las administraciones que tienen observaciones en el manejo de sus recursos, el listado lo encabeza Tuxtla Gutiérrez, con tres auditorías; le siguen con dos procesos, los municipios de Chilón, Chamula y Ocosingo. Venustiano Carranza, Villaflores, Comitán, Las Margaritas, Ocozocoautla, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tila afrontan una auditoría, cada uno.
Medios nacionales reportaron que durante la presentación del informe 2015 de la ASF, el titular de esa dependencia, Juan Manuel Portal Martínez, hizo referencia a los casos de corrupción de los exgobernadores Guillermo Padrés, de Sonora, y Javier Duarte, de Veracruz.
Las redes de éste último se extendieron hasta esta entidad, ya que cuatro empresas «fantasma» veracruzanas ligadas a Duarte recibieron al menos 118 millones de pesos por medio del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (Situtsa) que opera el Conejobús; asistieron mediante servicios de outsorcing durante el mandato de Juan Sabines Guerrero, actual cónsul de México en Orlando (Florida), reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que fue retomada por Animal Político.
Así, Ravsan cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Pagoli, 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, 22 millones 736 mil pesos. La investigación no menciona la cantidad otorgada a LG Asesores Corporativos SC pero resalta que uno de sus socios, Mauricio Bayron González, es el apoderado legal de Trasportes Urbanos de Tuxtla pues «fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús».
El 28 de febrero pasado, para Aristegui Noticias, el abogado Horacio Culebro dijo que había presentado acusaciones contra el exgobernador Sabines; así como documentos a la DEA y CIA sobre los desvíos que éste había efectuado, aseveró, para la compra de 15 departamentos en Miami, Florida.
Opacidad
Penagos Vargas, en el anuncio de la homologación de la ley estatal a la federal para la implementación del Sistema Anticorrupción, reconoció que con ello se atendía una demanda del pueblo: «Sabemos que algo que está pidiendo la ciudadanía, ahorita es transparencia y que se acabe la corrupción; gran parte del problema que ahora vivimos es la corrupción, por eso estamos tratando de estar a la altura de las peticiones (…) desde aquí, desde el Congreso del estado decimos basta; necesitamos, sobre todo en estos tiempos, que las cosas caminen a mejor y que caminen como deben de ser y que los dineros lleguen a donde deben de llegar».
No obstante, en tema de transparencia, Chiapas tampoco está bien posicionado; inclusive el gobernador Manuel Velasco Coello es uno de los 10 mandatarios que se han resistido a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal a través de la plataforma «3 de 3», que impulsan el Imco y Transparencia Mexicana.
Hasta enero pasado, Roberto Armando Albores Gleason (PRI) era el único de los tres senadores chiapanecos que no ha hecho pública su «3 de 3». De los diputados federales de Chiapas, sólo la diputada Sasil Dora Luz De León Villard presentó su información; el resto la reserva, al igual que los legisladores locales.
Desigualdad y corrupción
Este clima de incertidumbre ha influido en la percepción ciudadana. En la segunda edición del informe «México: Anatomía de la Corrupción» (octubre, 2016), publicado por María Amparo Casar, la entidad se posicionó como la tercera donde su población cree que hay prácticas corruptas. El índice de percepción de corrupción en el estado fue de 94 por ciento.
De 2013 a 2016, de acuerdo con la encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de corrupción en la entidad tuvo una variación de 10 unidades pues ese año el 84.3 por ciento de la población —mayor de 18 años— desconfiaba de las instituciones estatales.
Más allá de la mera percepción ciudadana, hay cifras. Según el informe «Desigualdad y Exclusión Social en Chiapas, una mirada a largo plazo», financiado por el organismo internacional Oxfam México, Chiapas ha recibido más dinero para el combate a la pobreza en todo el país, en los últimos 20 años; sin embargo, las mediciones han demostrado que la problemática no reduce, sino que se ha incrementado de manera lenta pero sostenida.
El estudio fue elaborado por Jorge López Arévalo y Gerardo Núñez Medina, investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas. Durante la presentación de los resultados (marzo de 2016), Elvia Quintanar, coordinadora del proyecto de investigación, atribuyó este comportamiento de las cifras a la corrupción en el aparato burocrático gubernamental de los tres órdenes, la nula transparencia y rendición de cuentas.
Para Ana Laura Martínez, consultora del Imco, combatir la corrupción requiere de romper el círculo vicioso de desigualdad, pues ésta promueve tanto el clientelismo como la captura política, que sucede en Chiapas.
En su artículo «Desigualdad y corrupción: El caso Chiapas», que publicó en Expansión, mencionó que You Jong-sun, un profesor estudioso de estos fenómenos desde hace más de 10 años, tras analizar la relación entre desigualdad y corrupción, ha demostrado que entre más inequidad hay en un país, mayor es la probabilidad de que exista un alto nivel de corrupción.
«En comunidades muy desiguales existe un número muy grande de pobres que poseen un porcentaje pequeño de la riqueza y un pequeño grupo elite que acapara un porcentaje sustancioso de la misma», lo que justamente coincide con el contexto actual de la entidad.
«El caso de Chiapas es un buen ejemplo para probar la hipótesis del profesor Jong-sung. En un esquema de pluralidad que ha permeado en casi todo el país, sorprende el alto nivel de votación que un solo partido obtuvo en dicho estado (elecciones 2015), cuyo gobernador es, además, de la misma formación política.»
«Dado el alto porcentaje de votos recibidos por el PVEM y el alto número de casillas «zapato» (mesas de recepción de votos donde todos los participantes sufragaron por un mismo candidato), podría presumirse un nivel importante de compra de votos en la entidad. Por otra parte, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, Chiapas es el estado más desigual de la República.»
A la publicación de este artículo, le antecedió la difusión de una gráfica que mostraba el porcentaje de votos al PVEM en las distintas entidades federativas. La publicó el economista Gerardo Esquivel en su cuenta de Twitter. En ella se evidenciaba que mientras el Verde obtuvo 45 por ciento de la votación en Chiapas, su promedio nacional de votos no superó el 6 por ciento.
«Combatir a la corrupción requiere romper el círculo vicioso de desigualdad y corrupción en el que el país está inmerso. Una forma de lograrlo es evitar que el sistema político siga acrecentando los poderes naturalmente fuertes y debilitando a los sectores más vulnerables. El gobierno está llamado a lograr lo opuesto.
«No es necesario declararle la guerra a la naturaleza humana, sino declarársela a las prácticas clientelistas en especial a la compraventa del voto. Para ello es necesario sancionar a los partidos políticos que incumplan las reglas, fiscalizar sus recursos de forma eficiente y realizar una cruzada informativa destinada a los sectores más pobres de las sociedades más desiguales», concluyó la especialista.
