17 feminicidios en seis meses y una institucionalidad que solo responde con leyes sin recursos. La crisis sigue viva y las víctimas, sin justicia.
AQUÍNOTICIAS STAFF
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. — La violencia feminicida en Chiapas no da tregua. De enero a junio de 2025 se han registrado 17 feminicidios, según el colectivo 50+1, incluidos 4 casos en junio, el más reciente localizado junto a un basurero clandestino en Tapachula .
Esta cifra representa un aumento significativo frente a los 15 casos que la Fiscalía reportó a inicios de junio, y demuestra que el estado sigue acelerando en la curva de la violencia letal contra las mujeres.
El caso que más ha conmocionado fue el de Yuri Cristell, hallada en mayo en Tuxtla Gutiérrez: su pareja la golpeó salvajemente, roció gasolina y la quemó viva. Una muestra extrema de lo que las activistas llaman “terror feminicida”: crímenes de odio que buscan generar miedo colectivo.
En 2024, la cifra oficial cerró en 40 feminicidios, una estadística histórica que implicó la declaración de Alerta de Género en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. Sin embargo, los resultados siguen siendo efímeros: pocos casos llegan a juicio y persiste la impunidad institucional que perpetúa la crisis.
Activistas y familias exigen respuestas claras: protocolos con perspectiva de género, agresores en prisión efectiva y recursos reales para prevención.
En Tapachula, la colectiva 50+1 consideró “insuficientes” las medidas gubernamentales ante el hallazgo del cadáver número 17, y urgió a las autoridades a revisar y replantear la estrategia .
Ante esta catástrofe social, se han impulsado cambios legislativos. En abril se aprobaron reformas al Código Penal estatal: penas hasta de 100 años, imprescriptibilidad y prohibición de indulto en casos agravados. A pesar de eso, activistas advierten que sin recursos, formación y voluntad política, las leyes quedan en letra muerta .
El feminicidio en Chiapas tiene raíces profundas: desigualdad histórica, machismo, impunidad e influencia del crimen organizado que opera en zonas rurales. La frontera sur, con sus rutas migrantes y áreas remotas, crea escenarios propicios para este tipo de violencia sin testigos.
Lo urgente es una reacción integral:
Prevención: campañas culturales, educación y acompañamiento a víctimas de violencia.
Justicia efectiva: investigación expedita, acusaciones sólidas, acceso a la defensa para familias.
Atención institucional: refugios, líneas de denuncia, formación policial con perspectiva de género.
Esta no es una emergencia, es una crisis de Estado. Cada feminicidio es un espejo de la falla institucional. Y cada acción fallida se convierte en un argumento más contra la narrativa oficial.
Chiapas no puede seguir sumando cifras y declamaciones al vacío. La vida de las mujeres exige justicia real, no discursos.
Y la sociedad lo exige ahora.
