Chiapas, sin subsidio ni comisin de búsqueda de desaparecidos

La intención federal de atender la situación que aqueja a todo el país, se ve detenida ante la falta de preparación de algunos estados. La entidad no califica para recibir parte de los 10 mil millones de pesos destinados a este rubro, por no contar con una comisión especializada

Marco Aquino / Aquínoticias

El gobierno federal destinará 10 mil millones de pesos para búsqueda de desaparecidos, sin embargo, Chiapas podría no recibir el subsidio por falta de una comisión especializada.

De las 32 entidades federativas, 27 cuentan con comisiones que atienden el tema de desaparecidos.

Los pendientes son Chiapas, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo y Guanajuato.

Lo anterior fue señalado por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al participar en la conferencia mañanera.

Se detalló que en esta administración se han ubicado 594 fosas clandestinas, en donde se han recuperado 706 cuerpos; 206 se identificaron y 122 ya se entregaron a sus familiares.

Según las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
De 1990 al 30 de abril de 2018, 37 mil 435 personas se encuentran desaparecidas, de las cuales 118 son de Chiapas.

Ley en materia de Desaparición de Personas, uso óptimo

La RNPED enumera las condiciones adecuadas para la eficaz implementación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas:

Garantizar la asignación suficiente de recursos para una operación adecuada y eficiente del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de las comisiones estatales, de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías estatales, así como de los servicios periciales y forenses del país.

Asignar los recursos humanos y materiales necesarios para el diseño y la ejecución del Programa Nacional de Búsqueda.

Establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación efectiva de las familias en el proceso de la implementación de la Ley General.

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