De las 34 mil 234 personas desplazadas que acudieron a pedir apoyo a algún albergue o comedor en el país, un total de 5 mil 239 (el 16.30 por ciento) sufrieron algún tipo de delito u agresión
Portavoz / Agencias
[dropcap]D[/dropcap]urante 2016, de las 34 mil 234 personas desplazadas que acudieron a pedir apoyo a algún albergue o comedor en el país, un total de cinco mil 239 (el 16.30 por ciento) sufrieron algún tipo de delito u agresión, de acuerdo con el informe Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia, siendo Chiapas y Guanajuato los estados donde más ilícitos se registran.
Elaborado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), el informe reveló que cuatro mil 341 delitos, un 81.94 por ciento del total son robos.
El segundo delito más cometido fue el de lesiones con un total de 215 registros, que representan el 4.06 por ciento del total. El tercero reportado fue la extorsión 166 registros, un 2.66 por ciento del total de registros.
Los estados donde más individuos dijeron ser víctimas o testigos de un delito fueron: Chiapas con un total de mil 479 eventos delictivos, seguido de Oaxaca con mil 153 eventos, en tercer lugar Veracruz con 880 y Tabasco ocupó el cuarto lugar con 397 registros.
La Redodem advirtió que Chiapas se ha mantenido con el mayor número de delitos contra los migrantes, en los últimos tres años (2014 al 2016).
«Muestran que gran parte de la frontera sur del país, en particular Chiapas, sigue siendo una zona de alto riesgo para las personas migrantes, así como un lugar en donde la violencia continúa incrementándose», dice el documento.
Un dato que llamó la atención para la Red, es que después de Chiapas la entidad federativa que más delito acumuló fue Guanajuato, territorio que se ubica en la zona centro del país y que si bien en 2011 se ubicó en el lugar 16 del índice delictivo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 pasó a ser la tercera entidad federativa con mayor número de incidencia delictiva.
Los responsables
Los migrantes víctimas y testigos de algún ilícito señalaron que de los cinco mil 298 delitos, 921 de ellos fueron cometidos por algún Agente del Estado.
La Policía Federal aparece como la principal agresora con 201 registros; seguido de la Policía Municipal con 196 casos; un grupo policiaco indeterminado en tercer lugar con 176 registros y el cuarto lugar lo ocupa el Instituto Nacional de Migración con 112 casos.
Los datos muestran que en 103 casos se determinó que fue «otro» el agresor estatal, de estos casos la Policía Estatal fue identificada en 94 de los registros, seguido de la PGR con 20 casos, el Ejército con 12 y la Marina con siete.
Criminalizan a migrantes
Para la Redodem, la política migratoria en México opera bajo una perspectiva y línea de acción en torno a la supuesta seguridad nacional, dejando a un lado el ser de las personas desplazadas.
«El Programa Integral Frontera Sur lejos de brindar protección a las personas migrantes y a sus derechos humanos, (la política migratoria) ha generado una militarización en la frontera sur del país, ha criminalizado y creado una imagen negativa de las personas migrantes y en definitiva, no ha respondido de manera integral a las propias necesidades de la población migrante».
Una de las recomendaciones de la Red para revertir esta tendencia negativa, es que el Estado genere mecanismos efectivos para el respeto a los derechos humanos, así como la generación de condiciones óptimas y seguras para la realización del trabajo de personas defensoras de derechos humanos.
«Que se reconozca la situación de las personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano y que al mismo tiempo se generen protocolos de atención y mecanismos efectivos de búsqueda».
Además, solicitan que se brinde atención especial y con perspectiva de género a mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas que se identifican como transgénero y transexuales.
También recomiendan fortalecer diálogos que vayan más allá de los acuerdos de militarización de las fronteras, que pone a los mencionados a merced de las redes de trata y tráfico, así como mayor vulnerabilidad a la violación de sus derechos humanos.
Por último, piden que se impulse un diálogo con autoridades gubernamentales a nivel regional; en particular con los países de Centroamérica, con el objetivo de asumir responsabilidades entre diferentes actores, generar planes de trabajo y ejecutarlos.
