En la última década, la protección de los derechos ambientales y de la tierra se ha convertido en activismo de riesgo, pues han incrementado los índices de violencia, según explican ONG»s
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]P[/dropcap]or mantenerse de pie en la lucha de la defensa de la tierra y los recursos naturales, por oponerse a la tala desmedida, proyectos mineros y agroindustriales, activistas ambientales son víctimas de hostigamiento, persecución e incluso, son asesinados. Su labor, ya se considera una de las más peligrosas del país, un activismo de alto riesgo que ha incrementado los índices de violencia en la última década, según explican Organizaciones No Gubernamentales (ONG»s), debido al aumento de la explotación de materias primas en la región.
De acuerdo con la Organización Global Witness, a nivel nacional 185 ambientalistas fueron asesinados en 2015, cifra que alertó a la ONG considerando que los asesinatos se cometían cada dos días, y la cifra era un 59 por ciento más alta a la del 2014.
Si bien, el país es considerado uno de los más peligrosos para este activismo, la entidad chiapaneca lo es a nivel nacional.
Según destaca Comité Cerezo, organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, en 2016, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz destacaron por ser donde ocurren la mayor parte de los asesinatos cometidos en contra de los defensores de los derechos humanos.
ONG»s afirman que en México, ser defensor de derechos humanos es sinónimo de peligro, pero ser defensor de derechos ambientalistas, es «un peligro añadido»; existen pruebas contundentes de las agresiones contra estos defensores, mismas que según informes presentados por Global Witness se realizan en complicidad con las autoridades del Estado.
Ambientalistas zoques, en riesgo
Oponerse a los proyectos multinacionales que explotan los recursos naturales para obtener su materia prima, como es el caso de las petroleras o mineras, puede significar poner en riesgo la propia vida.
Ambientalistas estatales aseguran que en la entidad chiapaneca, la represión contra la labor que realizan, principalmente indígenas zoques, es clara, y es que, tan solo en lo que va del año, los pronunciamientos en contra de la imposición de la Secretaría de Energía por la extracción y explotación de hidrocarburos en 11 municipios ya han provocado órdenes de aprehensión, detenciones y hostigamientos.
Activistas han advertido que a partir del próximo abril iniciará el proceso de licitación de nuevas concesiones en Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, Ixtacomitán y Pichucalco; tras conocer que el Gobierno Federal pretende concesionar pozos para la extracción de hidrocarburos en la región, activistas se organizaron para hacer frente a la situación, teniendo como resultado cerca de 30 órdenes de aprehensión y la detención de la activista Silvia Juárez, acusada por los delitos de motín, daños y secuestro.
De acuerdo con una denuncia publicada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) el pasado 6 de septiembre, el alcalde de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo una reunión a puerta cerrada en la que aprobó la extracción de hidrocarburos en la región zoque, acto que desató la molestia de la población, quienes de inmediato iniciaron movilizaciones.
Precisamente el caso de Silvia Juárez es uno de los que mayor indignación han ocasionado en la entidad chiapaneca. En septiembre de 2016 se involucró en la defensa del territorio indígena zoque frente a la extracción minera y la explotación de pozos petroleros en el territorio, por casi siete meses se encargó de generar conciencia sobre el impacto que generará en el territorio zoque la extracción de hidrocarburos, labor que realiza en coordinación con otras defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos de Tecpatán, Francisco León y otros municipios de la región zoque de Chiapas.
Otro de los casos que ha mantiene a la expectativa a las y los defensores de la tierra, es el del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) quienes están siendo víctimas de una campaña de difamación por parte de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V según refieren activistas, esto por mantener dos campamentos contra la minería en Acacoyagua, en la zona Costa de Chiapas.
Tania Raneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, dijo para El Economista que: «los defensores de derechos humanos son una parte indispensable del juego democrático». Aseguró que son perseguidos por ser contrapeso en los planes del Estado: «siempre revoltosos, que son antigobierno».
